El anuncio, procedente por el momento del socio minoritario de la coalición, cifra el alcance de la medida en casi cuatro millones de personas y 1,5 millones de hogares, según Sumar. El PSOE no ha corroborado públicamente ni el acuerdo ni esas cifras, y fuentes del ala socialista del Gobierno han optado por la discreción mientras se cierra la negociación del decreto con los grupos de la Cámara baja, un paso imprescindible para que la norma supere el trámite de convalidación.
La fórmula planteada por Sumar es la de una "prórroga reforzada": los inquilinos cuyo contrato de arrendamiento venza en ese periodo podrían solicitar una extensión de la relación contractual en las mismas condiciones económicas pactadas originalmente, evitando así una renovación al alza. La ventana temporal —contratos vencidos desde el 21 de marzo de 2026 y hasta el 30 de junio de 2028— cubriría un periodo de más de dos años.
La medida se enmarca en un nuevo decreto de vivienda que el Ejecutivo prepara desde finales de junio, dentro de una batería de iniciativas legislativas que, según trascendió entonces, incluye los Presupuestos Generales del Estado y otras normas con las que Moncloa busca dar contenido a la legislatura.
Un decreto que necesita el respaldo del Congreso
El recurso al decreto-ley, y no a un proyecto de ley ordinario, obliga al Gobierno a someter el texto a convalidación en el Congreso en el plazo de treinta días desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado, conforme al artículo 86 de la Constitución. Ese trámite exige mayoría simple en el Pleno, lo que convierte la negociación con los grupos parlamentarios en la fase decisiva: sin apoyos suficientes, el decreto decaería.
La política de contención de los alquileres no es nueva en el actual ciclo legislativo. El Gobierno de coalición aprobó en 2023 la Ley por el Derecho a la Vivienda, que introdujo limitaciones a las subidas de renta en zonas declaradas de mercado tensionado. El precedente más directo de una prórroga forzosa es, sin embargo, el Real Decreto-ley 11/2020, que al inicio de la pandemia de covid-19 permitió extender los contratos de arrendamiento de vivienda habitual que vencieran en los meses posteriores al estado de alarma, ante la dificultad de muchos inquilinos para afrontar un traslado o una renegociación. Aquella norma excepcional se aprobó también por decreto y fue convalidada en el Congreso.
El contexto de mercado en el que se inscribe la nueva prórroga es el de un alquiler tensionado en gran parte del territorio. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana elabora un índice de referencia de precios para las zonas tensionadas previsto en la ley de 2023, y el encarecimiento del arrendamiento ha sido especialmente acusado en Madrid, Barcelona y las principales capitales de provincia, lo que ha presionado a los inquilinos con contratos próximos a vencer.
Las asociaciones de propietarios han cuestionado en ocasiones anteriores medidas similares de intervención en el mercado, al sostener que las prórrogas forzosas pueden reducir la oferta de vivienda en alquiler de larga duración y desplazar a algunos arrendadores hacia el alquiler turístico o la venta. Es previsible que esos argumentos vuelvan a plantearse durante la tramitación parlamentaria. El Gobierno, por su parte, defiende que la protección del inquilino frente a subidas abruptas es compatible con el mantenimiento de la oferta si se acompaña de incentivos fiscales y ayudas a la rehabilitación.
La negociación en el Congreso se produce en un escenario de aritmética parlamentaria complejo para el Ejecutivo, que a lo largo de la legislatura ha dependido del apoyo de formaciones como ERC, Junts, EH Bildu o el PNV para sacar adelante sus iniciativas. La postura de estos grupos ante el nuevo decreto de vivienda no ha sido detallada, y su respaldo o rechazo será determinante para que la prórroga entre en vigor.
El Partido Popular, principal fuerza de la oposición, ha criticado en el pasado el uso reiterado del decreto-ley en materia de vivienda y ha reclamado medidas de fomento de la construcción y de puesta de suelo en el mercado como alternativa a la intervención de precios. Su posición sobre esta prórroga concreta no ha sido formalizada a la espera de conocer el texto definitivo.
El calendario que se abre ahora pasa por la publicación formal del decreto en el BOE, previsiblemente en las próximas semanas, y por su posterior debate y votación de convalidación en el Pleno del Congreso dentro del plazo constitucional de treinta días. Hasta entonces, la confirmación oficial y conjunta de PSOE y Sumar sobre los términos exactos del acuerdo —incluida la cifra de hogares beneficiados difundida por el socio minoritario— quedará pendiente de un anuncio formal del Consejo de Ministros.
