El plazo lo había fijado Alexandre de Moraes, juez del Supremo Tribunal Federal (STF), apenas siete minutos después de que el Tribunal Superior Electoral (TSE) confirmara el triunfo de Lula, con el objetivo expreso de evitar una fuga. La Policía Federal confirmó que Bolsonaro no entregó la documentación antes de las 11.00 hora local, el límite marcado por ley, momento en que ya se le daba por camino de Estados Unidos.
Flávio Bolsonaro está investigado por el Supremo por presunto blanqueo de capitales, con un posible vínculo con dinero procedente del mercado de apuestas online, y por la financiación de la película Dark Horse, sobre su padre, con fondos provenientes del banquero encarcelado Daniel Vorcaro. Hasta su salida mantenía la condición de senador por el Partido Libertad (PL), la formación que lideró la candidatura ultraderrotada.
Según Folha de São Paulo, el núcleo más cercano al senador fue informado por la Policía Federal de que el candidato había huido primero a Argentina con intención de viajar después a territorio estadounidense. Fuentes próximas a Bolsonaro apuntaron a Estados Unidos como destino final, aunque el Departamento de Estado no ha precisado si ya se encontraba en el país o seguía en tránsito al confirmarse la expedición de los visados.
La CNN informó de que Trump aprobó personalmente la entrada de Bolsonaro. Los responsables de la Administración sabían el lunes que al senador le quedaban unas 24 horas para entregar su pasaporte y le trasladaron que se le permitiría el ingreso, aunque la cadena no tiene constancia de que ambos hayan hablado por teléfono desde la derrota electoral. Ese mismo lunes, Trump había sugerido, sin aportar pruebas, que las elecciones brasileñas estaban «amañadas».
El propio Flávio Bolsonaro había exhibido en el pasado su relación con el mandatario estadounidense y visitó la Casa Blanca en mayo. Los vínculos familiares son más profundos: su hermano Eduardo Bolsonaro reside en Texas desde febrero de 2025 y le había animado públicamente a abandonar Brasil en caso de derrota. Eduardo fue condenado en ausencia en junio a más de cuatro años de prisión por coacción en un proceso judicial y pesa sobre él una orden de detención reciente.
Desde Estados Unidos, según Francesca Emanuele, Senior International Policy Associate del think tank CEPR con sede en Washington, Eduardo «ha presionado activamente a la Administración Trump para que imponga aranceles a Brasil, con el objetivo de ejercer presión económica sobre el país y socavar el Gobierno de Lula». Emanuele ejerció como observadora en la segunda vuelta celebrada el domingo.
Martinelli, Sánchez de Lozada, Somoza
Emanuele enmarca la fuga en una larga tradición de figuras de la derecha latinoamericana que buscaron refugio en Estados Unidos al enfrentarse a la justicia de sus países por corrupción, procesos penales o acusaciones de violaciones de derechos humanos. «La lista es extensa y abarca desde expresidentes como Ricardo Martinelli, de Panamá, y Gonzalo Sánchez de Lozada, de Bolivia, hasta dictadores como Anastasio Somoza, de Nicaragua», afirma la investigadora del CEPR.
El propio círculo de Jair Bolsonaro ya había recurrido a esa vía antes que Flávio, lo que sitúa el episodio en una secuencia y no en un hecho aislado.
«Otras figuras del círculo político de Bolsonaro también han huido de la justicia brasileña y han buscado refugio en Estados Unidos, entre ellas Alexandre Ramagem, el antiguo jefe de inteligencia de Jair Bolsonaro, que fue condenado por su participación en el intento de golpe de Estado para anular los resultados de las elecciones presidenciales brasileñas de 2022», señala Francesca Emanuele, del CEPR.
El contraste con el propio Lula articula buena parte del análisis de Emanuele. Cuando el actual presidente enfrentó condenas penales en años previos, optó por una vía radicalmente distinta a la que ahora sigue Flávio Bolsonaro, permaneciendo dentro de las instituciones brasileñas en lugar de abandonar el país.
«Lula permaneció en Brasil, afrontó el proceso judicial y soportó 580 días en prisión antes de que sus condenas fueran finalmente anuladas. Su decisión reflejó un profundo compromiso con el pueblo brasileño y la determinación de defenderse dentro de las propias instituciones judiciales de su país, incluso cuando estas parecían estar claramente sesgadas en su contra», sostiene Francesca Emanuele, del think tank CEPR.
La investigadora remata que, «en lugar de abandonar Brasil, Lula se quedó, luchó por limpiar su nombre y continuó su lucha política junto al pueblo al que buscaba representar». La comparación resulta especialmente nítida en un entorno político donde los movimientos de los allegados al expresidente han atraído escrutinio: en la órbita latinoamericana se han documentado en los últimos años desplazamientos discretos de dirigentes bajo investigación, como ilustran los viajes de Jorge Rodríguez a Madrid antes del Delcygate.
Estados Unidos ha funcionado durante décadas como destino de dirigentes latinoamericanos que esquivaban procesos judiciales en sus países, una función que la decisión sobre Flávio Bolsonaro vuelve a activar con el respaldo directo del presidente que lo apoyó en campaña. El ingreso del senador, sumado a la presencia previa de Eduardo Bolsonaro y de Alexandre Ramagem en suelo estadounidense, concentra a varios investigados por la justicia brasileña fuera de su alcance.
El Departamento de Estado no ha precisado plazos ni condiciones adicionales para la expedición de los visados. De Moraes mantiene abierta la orden de entrega de pasaportes incumplida, y el Supremo conserva activas las investigaciones por blanqueo y por la financiación de Dark Horse que pesan sobre el senador.