«Siguiendo la onda del fondo soberano noruego, estamos considerando, como una de las cuestiones a incorporar en el programa electoral, alguna figura de fondo soberano ligado al despliegue de renovables en nuestro país», indicó Narbona, que preside la Comisión de Transición Ecológica del Congreso y fue secretaria de Estado de Medio Ambiente y después ministra del ramo. Desde el PSOE se evita dar más detalles y se remite a que el programa electoral definitivo sigue en fase de configuración, dentro de la cual esta sería una de las medidas barajadas.
«Evidentemente, nosotros no tenemos petróleo, pero tenemos sol y viento y esas son nuestras riquezas. Es lógico que hagamos un planteamiento y lo estudiaremos pronto desde el punto de vista de su viabilidad económica y financiera, pero nos parece extraordinariamente importante», declaró Cristina Narbona, presidenta del PSOE.
Un fondo soberano es un vehículo controlado por el Estado que invierte, con fines estratégicos o financieros, los excedentes generados por la explotación de materias primas —caso de Noruega o Arabia Saudí con el petróleo— o por reservas de divisas y superávits fiscales, como el fondo de Singapur. El objetivo habitual es obtener rendimientos que amortigüen crisis futuras, garanticen ingresos para pensiones o financien proyectos de país. El Ejecutivo de Sánchez lo ha intentado dos veces sin éxito.
Tras Escrivá y el fondo España Crece
El primer intento lo impulsó el entonces ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, con la idea de convertir los planes de pensiones de empleo bajo control estatal en una hucha millonaria para financiar políticas de Estado. El segundo fue el fondo España Crece, cuyo despliegue sigue pendiente. La novedad ahora es la palanca: España no tiene petróleo que capitalizar ni superávits fiscales que inyectar, pero los socialistas aspiran a capitalizar el sol y el viento para generar excedentes.
La primera restricción es fiscal. Cualquier futuro Gobierno tendría que hacer un primer esfuerzo financiero, vía presupuestos o vía deuda, para construir o adquirir una cartera de activos renovables antes de poder esperar dividendos a futuro. La segunda restricción es de mercado. El sector renovable español vive una paradoja: hay inversión y cientos de proyectos en marcha, y casi nadie duda de que será la parte esencial del mix eléctrico, pero los productores no logran generar caja suficiente vendiendo electricidad. Esa escasa rentabilidad complica que el vehículo pueda calificarse propiamente de fondo soberano, pues estos instrumentos suelen fijarse metas de retorno económico.
A esa debilidad se suma la decisión del Gobierno de aceptar la petición de los propietarios de la central nuclear de Almaraz y prolongar su vida hasta 2030, lo que, según fuentes del sector energético, podría extender el cierre de otras plantas. Esa circunstancia reduce el hueco que las previsiones oficiales reservaban a las renovables a partir de 2027, cuando se esperaba el inicio del cierre progresivo del parque nuclear. La capacidad renovable cerrará este año por encima de los 100 gigavatios instalados, pero ni en el día de máximo uso de tecnología verde se requiere la mitad de esa potencia, y hay medio centenar de proyectos con acceso a la red ya concedido.
El trasfondo es un problema de demanda: España está lejos de los niveles de electrificación que el propio Gobierno había proyectado y el consumo no ha terminado de despegar. El horizonte de los centros de datos, una industria que promete consumos elevados y continuos, abre una vía para absorber ese excedente de capacidad. Mientras tanto, también las cuentas públicas de los dirigentes políticos ocupan el debate económico de la legislatura.
Coincidiendo con el planteamiento socialista, este martes se presentó una iniciativa ciudadana que propone un fondo soberano de perfil similar, orientado a invertir en infraestructuras renovables y destinar los rendimientos a políticas públicas como la vivienda o las pensiones. La propuesta parte de Impulso Regenerativo, plataforma del comunicador ambiental Javier Peña.