La entrada irregular de más de 70.000 personas por la frontera de Ceuta, registrada en los últimos días de julio, se produjo, según coincidieron entonces varios cuerpos de seguridad españoles, ante la pasividad de la gendarmería marroquí en el lado del paso fronterizo. El episodio, uno de los mayores de presión migratoria simultánea en la historia reciente de la ciudad autónoma, desbordó momentáneamente los dispositivos policiales y obligó a un despliegue reforzado de Policía Nacional y Guardia Civil.
Desde entonces, el Ejecutivo ha evitado cualquier gesto que pueda interpretarse como un reproche a Rabat. El presidente del Gobierno y distintos ministros han insistido públicamente en calificar a Marruecos de socio «leal y constante» y «fiable» para España y para la Unión Europea en materia migratoria, una fórmula reiterada en las comparecencias posteriores a la crisis fronteriza.
Qué sostiene el informe del CNDH
El documento del CNDH, difundido en versión preliminar el 8 de agosto, sostiene que observadores del organismo recabaron testimonios de personas retornadas a Marruecos que denunciaban, de forma coincidente, malos tratos y agresiones por parte de agentes españoles, «especialmente en lugares fuera del alcance de las cámaras», según la formulación empleada en el propio reporte. Los observadores afirman haber constatado lesiones y contusiones compatibles con esos relatos, aunque el informe no aporta pruebas periciales ni identificación de agentes concretos.
El texto extiende las críticas a las autoridades locales, a las que acusa de no haber prestado «la asistencia necesaria» durante los días de mayor tensión, en referencia al cierre de restaurantes, cafeterías y supermercados que, según el CNDH, privó a los migrantes «de su derecho al agua y a la comida». El organismo marroquí emplea la expresión «Ceuta ocupada» para referirse a la ciudad autónoma, fórmula que reproduce el histórico reclamo de soberanía de Rabat sobre Ceuta y Melilla, nunca reconocido por España ni por la comunidad internacional.
No es la primera vez que el CNDH publica un informe crítico con la actuación de las fuerzas de seguridad españolas en la frontera sur. El organismo, que depende del Ejecutivo marroquí y no es por tanto una instancia independiente en sentido estricto, ya elaboró en 2022 un reporte que atribuía a la policía española parte de la responsabilidad en las muertes registradas durante la avalancha de la valla de Melilla del 24 de junio de aquel año, uno de los episodios más graves en la frontera sur en las últimas décadas.
El rechazo de los sindicatos policiales
El Sindicato Unificado de Policía (SUP), organización mayoritaria dentro de la Policía Nacional, ha rechazado que las conclusiones preliminares del CNDH puedan sostenerse sin pruebas objetivas. El sindicato reclama que cualquier denuncia sea investigada «con todas las garantías», pero advierte de que el informe marroquí «se apoya en testimonios y no acredita que las lesiones observadas fueran causadas por agentes españoles». El SUP sostiene que no existe, por el momento, «ningún elemento objetivo que permita determinar qué ocurrió, dónde, cuándo y quién fue el responsable», y rechaza que se extienda «una sospecha generalizada sobre los policías».
La ausencia de reacción oficial del Gobierno contrasta con la rapidez con la que Moncloa suele responder a informes sobre gestión migratoria en otros contextos. El Ministerio del Interior no ha facilitado en los últimos días una valoración sobre el contenido del informe del CNDH ni ha confirmado si existe alguna investigación interna abierta sobre la actuación policial en Ceuta durante los días 30 y 31 de julio.
El marco legal aplicable a este tipo de denuncias pasa, en primer término, por los protocolos internos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, que prevén la apertura de expedientes disciplinarios ante denuncias de uso excesivo de la fuerza, así como por la eventual intervención de la Fiscalía si se aportan indicios de delito. En paralelo, el Defensor del Pueblo tiene competencia para investigar de oficio actuaciones de las fuerzas de seguridad en la frontera, un mecanismo que ya se activó tras los sucesos de Melilla de 2022 y que derivó en un informe propio de esa institución, con metodología diferenciada del elaborado por el CNDH marroquí.
La relación bilateral entre España y Marruecos atraviesa una fase de normalización tras la crisis diplomática abierta en 2021 por la acogida en un hospital español del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, que precedió a la llegada masiva de migrantes a Ceuta aquel mismo año. El giro del Gobierno español hacia el respaldo al plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental, formalizado en la declaración conjunta de 2022, marcó el punto de partida de una cooperación reforzada en materia migratoria que Moncloa considera clave para contener las llegadas irregulares por la frontera sur.
El Congreso de los Diputados no ha fijado por el momento ninguna comparecencia específica sobre el informe del CNDH ni sobre la gestión de la crisis migratoria de julio en Ceuta. La eventual respuesta del Gobierno a las preguntas escritas que los grupos parlamentarios dirigen al Ministerio del Interior —cuyo plazo reglamentario de contestación se sitúa habitualmente en veinte días hábiles— podría ofrecer las primeras precisiones oficiales sobre lo ocurrido durante aquellos dos días de máxima presión fronteriza.
Está por ver si el informe definitivo del CNDH aporta elementos adicionales que permitan sustanciar las acusaciones preliminares. De su contenido, y de la eventual respuesta que dé el Ministerio del Interior español, dependerá que el episodio quede como un capítulo más de la gestión fronteriza en Ceuta o escale hacia una crisis diplomática abierta entre Madrid y Rabat.
