La investigación arrancó en septiembre de 2025 a raíz de una llamada anónima que alertó de que en un piso de Alcoy se ejercía la prostitución bajo el control de una red organizada que, según la Policía Nacional, explotaba a mujeres extranjeras en situación de vulnerabilidad.
Los agentes comprobaron que quienes acudían a la vivienda denunciada visitaban también otros inmuebles utilizados con el mismo fin, coincidentes con anuncios publicados en internet. Esas viviendas estaban, según la investigación, ocupadas ilegalmente por pertenecer a entidades bancarias, o bien alquiladas a nombre de alguno de los presuntos integrantes de la organización.
La estructura, según fuentes policiales, contaba con un encargado de gestionar la disponibilidad de los pisos, captar a las mujeres a través de grupos de redes sociales y anuncios, y suministrar droga cuando los clientes la solicitaban. La madre del presunto cabecilla habría sido titular de varias líneas telefónicas empleadas para publicar los anuncios de los servicios y cobrar, mediante una aplicación móvil, los pagos de las víctimas.
La expareja del principal investigado habría recibido igualmente pagos a través de una línea telefónica de su titularidad, mientras que otra de las mujeres detenidas se encargaba de atender las llamadas y recibir a los clientes, siempre según la reconstrucción policial de los hechos.
Otros miembros de la organización se ocupaban del traslado de las víctimas desde los pisos hasta los domicilios de los clientes que lo solicitaban, en vehículos de alquiler utilizados presuntamente para no dejar rastro; los investigadores llegaron a contabilizar más de diez coches distintos. Uno de los detenidos, encargado también del transporte, tenía empadronadas en su domicilio a varias personas en situación irregular.
La Policía Nacional sostiene que las mujeres explotadas eran obligadas a satisfacer una deuda contraída con la organización, que abonaban en gran parte con el dinero obtenido de los servicios de prostitución que se veían forzadas a prestar. El beneficio total de la red habría superado los 100.000 euros, de acuerdo con los datos recabados durante la investigación.
La trata de seres humanos con fines de explotación sexual está tipificada en el artículo 177 bis del Código Penal, introducido en la reforma de 2010, que castiga la captación, traslado y acogida de víctimas mediante engaño, coacción o abuso de una situación de vulnerabilidad. Los delitos imputados a los detenidos abarcan además la prostitución y explotación sexual, los cometidos contra los derechos de los extranjeros, la pertenencia a organización criminal y la falsedad documental.
Las diligencias policiales han sido entregadas al juzgado de instrucción en funciones de guardia de Alcoy, que deberá decidir sobre la situación de los siete detenidos. La causa se enmarca en la actividad judicial reciente sobre delitos contra la libertad sexual, un ámbito en el que los tribunales españoles han abordado desde grandes investigaciones hasta otras causas de repercusión pública.
