El nuevo salario mínimo supone un incremento del 5,3% respecto a los 1.221 euros que rigen actualmente. La subida, detallada por fuentes gubernamentales, llega acompañada de un paquete normativo más amplio que el departamento dirigido por Yolanda Díaz ha diseñado para encajar con las exigencias de Bruselas en materia de igualdad retributiva.
El decreto responde en parte a la necesidad de trasponer una directiva europea sobre transparencia salarial cuyo plazo de incorporación al ordenamiento español venció el pasado 7 de junio. La norma comunitaria obliga a los Estados miembros a dotar a los trabajadores de herramientas para conocer y comparar sueldos dentro de sus organizaciones, con el objetivo declarado de reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres.
Entre las novedades, el texto reconoce el derecho de cada trabajador a conocer los salarios medios correspondientes a puestos equivalentes dentro de su empresa. La norma obliga además a las compañías a explicar los criterios con que fijan las retribuciones de su plantilla, un extremo que hasta ahora queda en gran medida a discreción de cada organización.
El decreto amplía también la información que deben contener los registros salariales que las empresas están obligadas a mantener desde 2019, cuando se estableció por primera vez esa obligación documental como herramienta para detectar discriminaciones retributivas por razón de sexo.
Refrendo en la Diputación Permanente
El trámite previsto pasa por su aprobación en el Consejo de Ministros de este martes y su posterior refrendo en la Diputación Permanente del Congreso, el órgano que sustituye a la Cámara durante los periodos en que esta no está en sesión ordinaria. Es la tramitación habitual para los decretos-ley, que entran en vigor de forma inmediata tras su publicación en el BOE pero deben ser convalidados por el Congreso en el plazo de treinta días para mantener su vigencia.
El refuerzo de las sanciones afecta específicamente a las empresas que no aporten la información contractual y salarial que los trabajadores les reclamen, una obligación que ya existe en la legislación laboral vigente pero que, según el planteamiento del Ministerio de Trabajo, necesita un régimen sancionador más disuasorio para garantizar su cumplimiento efectivo.
La medida se enmarca en la línea que el departamento de Díaz ha mantenido en los últimos años en materia de igualdad salarial, tras aprobar otras normas como el registro retributivo obligatorio o la auditoría salarial en empresas con planes de igualdad. El paquete coincide, además, con las fricciones del Gobierno con la patronal sobre la subida del SMI, que los empresarios cuestionan por su impacto en los costes laborales.
El decreto llega en una semana en la que el Ejecutivo defiende su agenda internacional y social, después de que España no firmara la declaración de 41 líderes sobre fronteras. La convalidación del texto en la Diputación Permanente marcará el siguiente paso de una norma que, según el planteamiento de Trabajo, pretende cerrar el retraso en la trasposición de la directiva europea vencida el 7 de junio.
