La amiga avisó a la madre de que alguien ajeno al círculo escolar escribía a la niña a través de una aplicación que esta utilizaba habitualmente para comunicarse con sus compañeros de colegio. Al revisar las conversaciones, la progenitora comprobó la naturaleza sexual de los mensajes y los trasladó a los investigadores, aportando los primeros indicios que apuntaban a una posible ubicación del sospechoso en la provincia de Almería.
A partir de esos datos, el Grupo de Investigación Tecnológica de la Comisaría de Algeciras desarrolló las pesquisas que permitieron identificar al presunto autor y localizar su domicilio en la capital almeriense, con la colaboración de la Comisaría de Policía Nacional de esa ciudad. El cruce de información entre ambas unidades fijó la identidad y el paradero del investigado desde la denuncia inicial hasta la entrada y registro.
Ante la gravedad de los hechos y el riesgo de que el investigado pudiera estar en contacto con otros menores, los agentes solicitaron al juzgado competente un mandamiento de entrada y registro en el domicilio localizado. Una vez autorizado, efectivos policiales desplazados desde Algeciras, con el refuerzo de la comisaría local, accedieron al inmueble y procedieron a la detención del sospechoso.
Durante el registro, los investigadores localizaron numerosos archivos de pornografía infantil almacenados en los teléfonos móviles del detenido, por lo que se le atribuye también un presunto delito de posesión de este tipo de material, además del contacto con menores con fines sexuales conocido como 'child grooming'. Los agentes intervinieron dos dispositivos electrónicos que serán sometidos a un análisis forense para determinar el alcance del contenido y comprobar si existen otras posibles víctimas.
El 'child grooming' está tipificado en el artículo 183 bis del Código Penal, que castiga a quien contacta con un menor de dieciséis años por internet o cualquier tecnología de la comunicación y propone concertar un encuentro con fines sexuales. La figura se incorporó al ordenamiento español en la reforma penal de 2010 y se endureció en 2015, al ampliar las conductas punibles a la obtención de material pornográfico del menor.
El caso se enmarca en la actividad de las unidades especializadas de la Policía Nacional en delitos vinculados a menores y nuevas tecnologías. Otros juzgados tramitan procedimientos sensibles relacionados con menores, como el que investiga en Madrid a un celador imputado por acceder al historial clínico de Amador, aunque se trata de causas sin relación entre sí.
Finalizadas las diligencias policiales, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que deberá decidir sobre su situación personal y el curso de la instrucción. El hombre permanece, por el momento, en condición de investigado, sin que conste acusación formal ni pronunciamiento judicial sobre los hechos.