La declaración supone uno de los reconocimientos más explícitos del fracaso de la salida de la Unión Europea, que el Reino Unido consumó en 2020 tras el referéndum de 2016, en el que el 51,9% de los votantes respaldó abandonar el bloque. Desde entonces, sucesivos estudios de institutos económicos británicos han documentado una pérdida de dinamismo comercial con el continente, sin que Londres haya ofrecido cifras oficiales actualizadas sobre el impacto agregado del divorcio.
El político reflejó esa posición en una frase que condensa el giro de tono respecto a la etapa de la negociación del divorcio:
«El Brexit no ha funcionado», declaró Andy Burnham.
La fórmula que estaría sobre la mesa contemplaría un mecanismo de penalización financiera si el Reino Unido optase en el futuro por abandonar de nuevo cualquier marco de cooperación reforzada con Bruselas. Apodada informalmente «Farage» por el papel del exlíder del Brexit Party en el proceso de 2016-2020, la cláusula buscaría blindar a la UE frente a la inestabilidad que atribuye a los sucesivos cambios de rumbo de la política británica en materia europea.
El planteamiento recuerda al debate que acompañó al propio Acuerdo de Retirada negociado entre 2019 y 2020, cuando Bruselas exigió salvaguardas sobre el Protocolo de Irlanda del Norte precisamente para evitar que Londres incumpliera compromisos ya firmados. Aquella negociación, marcada por amenazas británicas de activar unilateralmente cláusulas de suspensión, explica la cautela con la que la UE plantearía ahora cualquier nuevo marco de relación.
Cualquier acuerdo renovado entre Londres y Bruselas tendría que sortear el procedimiento previsto en los tratados europeos para acuerdos de asociación con terceros países, que exige unanimidad del Consejo y ratificación de los parlamentos nacionales. El Acuerdo de Comercio y Cooperación de 2020, que rige hoy la relación bilateral, se prolongó varios años desde el inicio de las negociaciones hasta su entrada en vigor completa.
El posible giro se produce en un momento en que varios Gobiernos europeos reclaman mayor autonomía estratégica del continente, en paralelo al debate de defensa que ha llevado al ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, a reclamar que la disuasión europea esté «más en nuestras manos». El marco presupuestario también ha avanzado: los Veintisiete y la Eurocámara han pactado un presupuesto de 199.707 millones de euros para 2027.
La posición contrasta con la defendida por los artífices del Brexit, que sostuvieron que la salida de la UE permitiría al Reino Unido recuperar soberanía regulatoria y firmar acuerdos comerciales propios. El balance de esos pactos bilaterales, cerrados con Australia, Nueva Zelanda o los países del CPTPP, ha sido objeto de debate recurrente en Westminster por su limitado impacto frente al volumen de comercio perdido con el mercado único europeo.
