El documento, fechado el 11 de noviembre, admite que hubo alertas previas del CNI, organismo bajo la responsabilidad de la ministra de Defensa, Margarita Robles, pero sostiene que la información facilitada era «parcial» e «insuficiente» para «dimensionar la amenaza». Según el cuerpo que dirige Mercedes González, en ningún caso puede considerarse que aquellas comunicaciones constituyeran un «aviso o alerta temprana» de una entrada de ese volumen, cuyo principal flujo se produjo el 30 de julio.
La Guardia Civil precisa que su Jefatura de Información no recibió «ninguna comunicación» que pudiera calificarse de alerta en los días previos, y añade que no tiene constancia de que otras unidades del cuerpo la recibieran. Sí reconoce, en cambio, los contactos mantenidos entre un miembro del CNI y un agente de la Unidad Central Especial número 3 (UCE3) entre el 29 de julio y el 7 de agosto, a través de llamadas y mensajes de WhatsApp.
El informe califica ese intercambio como «habitual entre analistas de información» y no como una señal de alarma formal. El razonamiento que ofrece el Instituto Armado es que, si el CNI hubiera anticipado «un evento de la entidad en términos de posible amenaza a la seguridad nacional, como el que después se produjo», el nivel de interlocución habría sido «muy superior, incluso del máximo nivel político».
«El salto cualitativo entre una convocatoria ordinaria y la materialización de una crisis de carácter excepcional» no quedó anticipado en las comunicaciones con los servicios de inteligencia, concluye el informe de la Guardia Civil remitido a la Audiencia Nacional.
El choque enfrenta a dos departamentos socialistas sobre quién debía haber dado la voz de alarma: Interior, con Fernando Grande-Marlaska al frente, y Defensa, con Margarita Robles. El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó el pasado 10 de noviembre una nueva desclasificación de informes del CNI sobre los sucesos de Ceuta de los días 30 y 31 de julio, a petición de la jueza Tardón, que reclamaba documentación adicional para esclarecer qué autoridades conocían las advertencias, cuándo las recibieron y qué decisiones adoptaron. En septiembre, el Ejecutivo ya había hecho públicos 40 documentos y comunicaciones de los servicios de inteligencia y las Fuerzas de Seguridad, entre ellos avisos anteriores a la entrada masiva.
Junto al informe de la Guardia Civil, la causa incorpora otro documento del propio CNI que descarta, por el momento, la implicación de Marruecos en el origen de la crisis. El servicio de inteligencia sostiene que «hasta donde se sabe en estos momentos, la movilización fue el producto de un llamamiento en redes sociales en el que no puede reconocerse la existencia de un único dinamizador, ni la vinculación de los que fueron detectados con el aparato del Estado marroquí».
«Tras las investigaciones en profundidad realizadas por el CNI, no se han encontrado evidencias que permitan afirmar que organismos estatales marroquíes estén implicados en el diseño, puesta en marcha o coordinación de una acción con intenciones deliberadamente agresivas de este tipo contra España», destaca el informe del servicio de inteligencia.
La Audiencia Nacional, competente para delitos contra la seguridad del Estado y asuntos con proyección exterior, trata de determinar la cadena de responsabilidades en la gestión de la crisis. En paralelo, el Tribunal Supremo ha ido resolviendo otros flecos derivados de aquel episodio, como la decisión por la que permite votar el 29-N a los hijos de los nacionalizados por la Ley de Memoria. El informe de la Guardia Civil está fechado el 11 de noviembre y la última desclasificación fue aprobada el 10 de noviembre, a la espera de que Tardón resuelva sobre nuevas diligencias.

