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Trabajadores de Atocha denuncian que Adif les ocultó una amenaza de bomba el 6-N

«La prestación del servicio ferroviario no puede anteponerse a la seguridad de las personas que lo hacen posible», afirman los empleados del centro de control.

Por Redacción de El Hemiciclo·
4 min de lectura
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Trabajadores del Centro de Regulación de Circulación (CRC) de Atocha, en Madrid, han denunciado que Adif no informó al personal de circulación de una amenaza de bomba recibida el viernes 6 de noviembre y que solo evacuó una de las tres plantas del edificio mientras los operadores seguían gestionando trenes en servicio. El aviso llegó a las 14:30 horas y movilizó coches patrulla y guías caninos antes de descartarse como falsa alarma.

El episodio se registró apenas nueve días después del accidente de Urda, en Toledo, donde el 28 de octubre un tren de alta velocidad de Renfe colisionó con otro de Iryo y causó 69 muertos. La coincidencia temporal ha intensificado el malestar de una plantilla que, según los denunciantes, vio cómo se gestionó la amenaza anteponiendo la continuidad del servicio a su seguridad.

Según la denuncia, el protocolo aplicado el 6 de noviembre distinguió entre plantas del edificio de forma que solo una fue evacuada mientras las demás continuaron con su actividad. "El desalojo se limitó únicamente a la primera de las tres plantas que conforman el edificio, mientras que el personal de las otras dependencias continuó desarrollando su actividad con normalidad", sostienen los empleados.

Las mesas de control, sin evacuar

En las plantas que no se evacuaron se encontraban, siempre según esa versión, tanto el personal del Centro de Gestión de Red H24 como el personal de circulación del CRC de Atocha, es decir, quienes gestionan en tiempo real la circulación de los trenes desde las mesas de control. Son esos puestos, los que sostienen la operativa minuto a minuto de la red, los que quedaron al margen del operativo mientras perros adiestrados en detección de explosivos rastreaban el inmueble.

El reproche de los trabajadores no se dirige solo al alcance del desalojo, sino al silencio sobre lo que ocurría mientras ellos permanecían en sus puestos. Lamentan "la ausencia de información y comunicación dirigida a los trabajadores que continuaron prestando servicio, pese a tratarse de una situación que podía comprometer su seguridad e integridad física".

Los empleados sostienen que la plantilla no puede quedar expuesta a un riesgo de esa naturaleza sin instrucciones claras ni medidas de protección adecuadas, y consideran que la gestión del incidente "plantea serias dudas sobre los protocolos de actuación ante amenazas de esta naturaleza". De ahí que hayan reclamado una investigación formal.

"Lo ocurrido merece una explicación y una revisión de los protocolos de seguridad", reclaman los trabajadores del CRC de Atocha.

El reproche apunta a la dirección de Adif que entonces encabezaba el ministro Óscar Puente, a cuyo cargo está el ente gestor de la infraestructura ferroviaria. Los denunciantes centran su crítica en la falta de comunicación durante el incidente, más allá de que la amenaza acabara descartada tras la inspección policial.

Precedentes en Barcelona y Valencia

La denuncia sobre Atocha no sería un hecho aislado dentro de la red de centros de regulación. Un trabajador del CRC de Barcelona, que ha pedido mantener el anonimato, relató un episodio similar ocurrido hace años en la estación de Francia, cuando, según su testimonio, "el técnico de regulación impidió a los operadores de la mesa del CTC salir" durante una amenaza de bomba.

El mismo trabajador aportó un segundo caso, en Valencia, donde se realizó un simulacro antiincendios del que, asegura, se excluyó conscientemente a quienes trabajaban en las mesas del Centro de Control de Tráfico (CTC). Los empleados afirman no conocer ningún puesto de mando en el que se haya hecho un simulacro de emergencia con evacuación o instrucciones específicas para el personal de la sala de regulación.

El patrón que dibujan estos testimonios es consistente: los operadores que mantienen los trenes en circulación quedarían al margen de los ejercicios de evacuación aplicados al resto del edificio. En el caso de Atocha, el recuerdo de los atentados del 11 de marzo de 2004 en esa misma estación, que dejaron 193 muertos, añade una carga simbólica a la inquietud de la plantilla.

La seguridad y la salud en el trabajo están reguladas por la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, que obliga al empresario a informar a los trabajadores sobre los riesgos y a adoptar medidas de emergencia y evacuación. La propia denuncia de los empleados invoca de hecho esa obligación de información y protección como el núcleo de lo que consideran incumplido.

La amenaza del 6 de noviembre se produjo en un momento de presión extrema sobre el sistema ferroviario español, aún conmocionado por el accidente de Urda. Con 69 víctimas mortales, ese siniestro situó el funcionamiento de los centros de regulación en el centro del debate sobre seguridad operativa, en paralelo a otras cuestiones que atraviesan la economía cotidiana, como el cálculo de que mantener un coche cuesta 3.850 euros al año en España, según Roams.

Cualquier interrupción en el CRC de Atocha repercute de inmediato en la circulación de toda la red, y esa es, según los trabajadores, la disyuntiva que Adif resolvió priorizando la continuidad del servicio sobre la seguridad del personal. Los empleados insisten en que esa prioridad es precisamente lo que debe revisarse.

"La integridad física de los trabajadores debe estar por encima de cualquier consideración operativa", afirman los denunciantes en la reclamación con la que han pedido que se investigue lo ocurrido el 6 de noviembre en el centro de control de Atocha.

Fuentes

  1. OKDiariookdiario.com

Material del que parte esta pieza. El texto es propio; los enlaces llevan al original.

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