El origen de la investigación se remonta a una petición formal de González Amador al responsable del Comité Delegado de Protección de Datos de la Consejería de Sanidad madrileña. Su abogado solicitó el historial completo de accesos a su expediente sanitario desde el 26 de mayo de 2021, fecha en que trascendió públicamente su relación con Ayuso, además de la identificación de las personas que habían intentado consultar esos datos.
La Consejería remitió un listado de los sanitarios que habían tratado de entrar en la historia clínica. Ese documento señala al celador Carlos Gómez Olmos como autor de dos intentos de acceso el 23 de marzo de 2024: el primero a las 18:05:34 horas y el segundo apenas unos segundos después. El trabajador seleccionó al paciente en el sistema e intentó cargar datos de la tabla de actos clínicos, una operación que quedó registrada automáticamente y que permitió reconstruir después la secuencia de accesos.
Los intentos se produjeron solo unos días después de que se filtrara que González Amador estaba sometido a un procedimiento judicial, el que acabaría derivando en el caso por presunto fraude fiscal que ha marcado buena parte de la legislatura autonómica madrileña.
Al conocer el resultado de la petición de acceso, el abogado de González Amador presentó una querella por revelación de secretos que recayó en el Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid. La titular de ese juzgado la admitió a trámite y decidió imputar al celador, de acuerdo con la resolución fechada el 3 de octubre. El delito de revelación de secretos del artículo 197 del Código Penal castiga el acceso no autorizado a datos reservados de carácter personal, entre ellos los sanitarios, y prevé penas de prisión agravadas cuando el autor accede por razón de su cargo.
La instructora ya ha tomado declaración a las dos partes implicadas. Citó primero a González Amador, que compareció de forma presencial en los juzgados de Plaza de Castilla el miércoles 21 de octubre a las 10:00 horas acompañado de su abogado y ratificó allí mismo la querella.
La juez fijó después la declaración del celador para el pasado lunes a las 10:15 horas. Localizarlo no fue inmediato: la instructora pidió a los agentes de la Unidad Adscrita de Policía Nacional que le citaran, y solo tras varios intentos consiguieron dar con él.
Gómez Olmos acudió finalmente al juzgado acompañado de su abogada, que solicitó la suspensión de la comparecencia al no habérsele facilitado acceso a la declaración que González Amador había prestado en octubre. La letrada alegó además que la documentación del caso le había llegado esa misma mañana, sin margen para preparar la defensa de su cliente.
La figura de González Amador ha concentrado la atención política desde que se hizo pública su relación con la presidenta madrileña, con sucesivas peticiones de rendición de cuentas a cargos públicos en distintas comunidades, como la que Vox dirigió contra el delegado del Gobierno en Baleares.
El celador continúa sin haber explicado ante el juzgado los motivos que le llevaron a intentar acceder al expediente médico. El procedimiento sigue abierto en los Juzgados de Plaza de Castilla, pendiente de que se fije una nueva fecha para su declaración.
