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Universidades repite el decreto que tumbó el Supremo y busca aprobarlo en funciones

Diana Morant mantiene el texto sin cambios tras la anulación por defecto de forma; ACADE lo califica de «auténtica aberración» y pide paralizarlo.

Por Redacción de El Hemiciclo·
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El Ministerio de Universidades ha reactivado el real decreto contra la expansión de los campus privados con el mismo texto que el Tribunal Supremo anuló hace unas semanas, sin modificar una coma. El nuevo trámite de audiencia pública, abierto la semana pasada, se extiende hasta el 2 de diciembre, lo que aboca al Gobierno a aprobarlo ya en funciones tras las elecciones generales del 29-N.

El Alto Tribunal no entró en el contenido de la norma, sino en un defecto de procedimiento: el Consejo de Ministros no justificó debidamente la vía de urgencia empleada y se saltó el trámite de consulta pública previa, una omisión que la sentencia calificó de «nulidad de pleno derecho». El ministerio que dirige Diana Morant ha optado por repetir exactamente el mismo borrador, que conserva incluso las erratas de redacción del texto anulado, al entender que el fallo no afecta al fondo de la regulación.

Desde el equipo ministerial se justifica que el texto se tramite «exactamente igual que el anterior, ya que la sentencia del TS no entra en el fondo del real decreto». La explicación no despeja la duda sobre si una norma que vuelve a nacer con el mismo vicio en la justificación de la urgencia puede sortear un nuevo recurso.

Seis recursos pendientes sobre el fondo

El fallo del Supremo que anuló el decreto respondió al recurso presentado por el Gobierno de Baleares, centrado en la forma. Pero varias comunidades autónomas y centros privados presentaron otros seis recursos que sí cuestionan el fondo de la norma, y que previsiblemente se reiterarían contra el nuevo texto. Fuentes jurídicas sostienen que al Gobierno le consta que esas impugnaciones «sobre el fondo» se van a repetir, por lo que las posibilidades de sacar adelante la norma son «escasísimas». Esas mismas voces califican la maniobra de intento de «forzar las costuras del Estado de Derecho» en el tramo final de la legislatura.

El texto original ya había recibido críticas del Consejo de Estado, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y del propio Ministerio de Economía antes de su primera aprobación, el 7 de octubre del año pasado. ACADE, la asociación que agrupa a los centros autónomos de enseñanza privada, ha calificado la tramitación del nuevo texto de «auténtica aberración» y ha reclamado su paralización, en la misma línea que hizo con el decreto ya anulado. Desde el sector se insiste en que aprobar la norma con el Gobierno en funciones sería «una absoluta torpeza», dado que un Ejecutivo en funciones solo puede dictar reales decretos si concurren razones de extraordinaria y urgente necesidad debidamente acreditadas.

Cuando el Supremo tumbó la norma, popularmente conocida como «antichiringuitos», Pedro Sánchez marcó la hoja de ruta de su equipo en redes sociales.

«Acatamos el fallo del Tribunal Supremo, pero no nos cruzamos de brazos. Ya estamos trabajando en una nueva norma para evitar que la universidad se convierta en un negocio», Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.

El episodio se inserta en una batería de iniciativas del Ejecutivo frente a la educación privada a lo largo de la legislatura, que incluyó la llamada ley de ratios —hoy en un limbo normativo tras advertirse de que habría forzado el cierre de guarderías— y, meses después del decreto universitario, una norma impulsada ya por el Ministerio de Educación, con Milagros Tolón al frente, para endurecer las condiciones de la Formación Profesional privada sin tocar la pública. En paralelo, el Gobierno atraviesa otros frentes europeos en los que Albares ve «demasiados actores» en la negociación de la UE sobre Ucrania sin España.

Sánchez ha defendido que el sistema universitario público se encuentra «bajo asedio» por la «proliferación descontrolada» de campus privados, una dinámica que a su juicio perjudica la calidad educativa y la igualdad de oportunidades. El ministerio ha reiterado que la necesidad del decreto «era y sigue siendo clara y urgente, y por eso ha vuelto a iniciar todos los trámites para aprobarlo en Consejo de Ministros cuando corresponda». El trámite de audiencia e información pública se mantiene abierto hasta el próximo 2 de diciembre.

Fuentes

  1. ABCabc.es

Material del que parte esta pieza. El texto es propio; los enlaces llevan al original.

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