El auto resuelve la reclamación de Vox e Iustitia Europa contra el voto de los descendientes de quienes obtuvieron la nacionalidad por la Ley de Nietos de 2022, pero su alcance se extiende también a los hijos de los nacionalizados por la norma de 2007, una vía que no exigía probar el exilio, sino acreditar la salida de España entre 1936 y 1955, según una instrucción posterior que desarrolló aquella ley.
La propia Ley de Nietos presumía la «condición de exiliado» a quienes hubieran emigrado en ese periodo, presunción que llevó al Supremo a ordenar al Gobierno la revisión de los expedientes y la suspensión del voto de quienes no la acreditasen documentalmente. De los 163.355 nacionalizados por esa vía, el Ejecutivo solo logró justificar el exilio de 901 personas, que sí podrán depositar su papeleta el 29-N.
Los magistrados justifican la negativa a suspender también el voto de los hijos en la falta de margen temporal para una nueva revisión, priorizando lo que el auto denomina «los principios de seguridad jurídica y de estabilidad electoral». El tribunal considera que extender ahora la suspensión provocaría un trastorno mayor que mantenerla solo sobre los progenitores no acreditados.
«La valoración de los diferentes intereses en conflicto debe decantarse por la denegación de la pretensión cautelar, por entender que de su concesión pudiera seguirse perturbación grave de los intereses generales», expone el auto del Tribunal Supremo.
La resolución reprocha además a los recurrentes el momento procesal elegido. Según el tribunal, la petición de Vox e Iustitia Europa llegó cuando ya se había superado la mitad del periodo electoral, a una semana del inicio de la campaña y a dos semanas de que arrancara el depósito del voto en las urnas de los consulados para los electores del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).
Con esta decisión podrán votar los 189.678 hijos de los nacionalizados por la Ley de Nietos, a los que se suman los descendientes de los 373.616 nacionalizados con la norma de 2007, procedentes mayoritariamente de La Habana, con 186.830 concesiones, Buenos Aires, con 56.489, México, con 35.570, y Miami, con 20.459.
La Sala mantiene la suspensión de los padres
Pese a abrir la mano con los hijos, el Supremo insiste en mantener la suspensión del voto de los nacionalizados que no han acreditado el exilio de sus antepasados, al apreciar indicios de irregularidad en el acceso al censo de residentes ausentes.
«Persisten las razones que llevaron a esta Sala a apreciar la existencia de este último requisito; había un riesgo cierto de alteración del censo electoral por la vía de un incremento excepcional de la cifra de nuevos inscritos en el CERA, lo que afecta a su regularidad jurídica y, por ende, a la pureza del proceso electoral», señala el auto.
El Gobierno celebró este lunes la decisión y la interpretó como «un freno a la estrategia de las organizaciones ultraderechistas». La misma Sala Tercera había limitado días atrás derechos vinculados a estas vías de nacionalización, en una serie de autos de la que este lunes forma parte, como ya hizo al limitar a la falta de carné el derecho de repetición de las aseguradoras en otra resolución reciente del alto tribunal.

