El contraste de magnitudes es la primera de esas diferencias: en 2021 cruzaron la frontera cerca de 10.000 personas, mientras que en julio pasado la cifra de entradas superó las 80.000, según el CNI. La Guardia Civil cifró además en más de 88.000 los retornos de migrantes de Ceuta a Marruecos en las semanas posteriores. El Centro sostiene que, pese a esa diferencia de escala, no ha hallado evidencias de una acción coordinada por el Estado marroquí en el episodio más reciente.
«La investigación en profundidad no ha permitido obtener evidencias que vinculen la entrada masiva de Ceuta con una acción del Estado marroquí», según el informe del CNI trasladado a la Audiencia Nacional.
El Centro enumera, además del volumen de personas, otras diferencias: el perfil de quienes cruzaron la frontera, el contexto político bilateral entre Rabat y Madrid, la actividad detectada en redes sociales, la forma de organización sobre el terreno y la instrumentalización de la crisis una vez producida. El informe apunta que en 2021 esos elementos indicaban una gestión deliberada por las autoridades marroquíes, patrones que no se replican en el salto de julio.
El precedente de 2021 marca la comparación. Aquel asalto, en el que entraron unas 10.000 personas en apenas dos jornadas de mayo, coincidió con la crisis diplomática por la hospitalización en España del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, y fue interpretado por el Gobierno como un episodio de presión migratoria dirigida desde Rabat. El informe del CNI delimita ahora qué separa aquel caso del de julio.
Pérez Triano, único investigado
La causa mantiene como único investigado al exdelegado del Gobierno en Ceuta Miguel Ángel Pérez Triano, que había solicitado que su defensa corriera a cargo de la Abogacía del Estado, el servicio jurídico que representa habitualmente al Ejecutivo en los tribunales. La jueza Tardón y la Fiscalía dudaban de que esos servicios jurídicos pudieran asumir a la vez la defensa de un investigado y la acusación en representación del propio Ejecutivo dentro del mismo procedimiento.
Finalmente, la Abogacía del Estado ha denegado asumir la defensa de Pérez Triano, que ahora se plantea pedir el aplazamiento de su declaración ante la instructora. El informe del CNI no se pronuncia sobre su eventual responsabilidad penal como delegado del Gobierno, extremo que corresponde determinar a la instrucción judicial.
El episodio se enmarca en varios procedimientos abiertos en la Audiencia Nacional sobre la gestión fronteriza en Ceuta. La Guardia Civil ya trasladó ante ese mismo tribunal que la alerta del CNI sobre Ceuta fue «insuficiente», en referencia a los avisos previos sobre los movimientos migratorios en la frontera sur. La causa sigue en fase de instrucción, sin que conste fecha definitiva para la declaración de Pérez Triano ante la jueza Tardón.
