El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha exigido que Interior aporte pruebas de las gestiones realizadas ante las autoridades europeas para reforzar la vigilancia marítima frente a las costas africanas. La demanda llega después de que los partidos con representación en el Parlamento canario, con la excepción de Vox, alcanzaran un pacto para reclamar de forma conjunta más medios europeos destinados a la contención de los flujos migratorios.
La isla ha recibido 9.090 migrantes en la primera quincena de noviembre, una cifra que roza el total de sus 12.173 residentes, según se detalla en la crónica sobre el desbordamiento de El Hierro. El contraste entre aquel diagnóstico de 2018 y la petición actual a la agencia europea de fronteras alimenta el reproche del Gobierno canario hacia el Ministerio del Interior.
El cierre de la ruta en 2018
La ruta canaria fue considerada prácticamente neutralizada por el Ministerio del Interior en 2018, tras los acuerdos de cooperación con Marruecos y Mauritania que redujeron las salidas de embarcaciones hacia el archipiélago. El precedente de esa vía se remonta a la crisis de los cayucos de 2006, cuando más de 31.000 personas llegaron a las islas, según los registros históricos del propio Ministerio. La reactivación de la ruta en los últimos años, con picos de llegadas que han puesto a prueba la capacidad de acogida insular, contradice aquel diagnóstico de cierre.
Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, opera con despliegues en el Mediterráneo central y en algunos tramos del Atlántico, pero su presencia frente a las costas de Senegal, Mauritania y el Sáhara Occidental —puntos de salida habituales hacia Canarias— ha sido limitada en comparación con otras rutas migratorias europeas. La petición de Marlaska apunta a ampliar ese perímetro de actuación hacia aguas africanas, un terreno donde la cooperación depende de acuerdos bilaterales con terceros países ajenos a la Unión Europea.
El acuerdo suscrito por las formaciones del Parlamento de Canarias, al margen de Vox, busca presionar conjuntamente a Bruselas y Madrid para incrementar los recursos destinados a la gestión migratoria en el archipiélago. La iniciativa se enmarca en un clima de tensión política en la comunidad en torno a la gestión del fenómeno migratorio, en el que distintas fuerzas han cuestionado la actuación de representantes del Gobierno central, como reflejó la petición de reprobación al delegado del Gobierno en Baleares en otra comunidad insular.
Clavijo ha situado el foco en la necesidad de que Interior justifique documentalmente sus contactos con instancias europeas, en un momento en que la presión migratoria sobre El Hierro ha desbordado los dispositivos de acogida de emergencia habilitados en la isla. La exigencia de pruebas por parte del presidente canario marca el tono de una relación institucional tensionada por la gestión de una crisis que, según los datos disponibles, no ha dejado de agravarse en las últimas semanas.
