El conflicto llegó a los tribunales después de que los inquilinos exigieran la devolución íntegra de la fianza, además de 2.558,70 euros por el repintado del inmueble y 228,69 euros por una limpieza integral que habían costeado. Los propietarios, por su parte, reclamaban más de 8.000 euros alegando daños y muebles desaparecidos. Al no llegar a un acuerdo, el caso pasó primero por un juzgado de primera instancia y después por la Audiencia Provincial, que modificó de forma notable el fallo inicial.
Uno de los asuntos centrales fue la limpieza. Los propietarios aportaron un informe pericial que detallaba trabajos en baños, cocina, salón, ventanas y cristales, pero el tribunal constató que no existían fotografías ni pruebas que acreditaran un estado de suciedad excepcional al entregar la vivienda. Ante la falta de ese respaldo documental, la Audiencia concluyó que se trataba de una limpieza ordinaria, de las que corresponden al propietario antes de volver a poner el piso en alquiler.
La resolución fija así un criterio que entronca con la Ley de Arrendamientos Urbanos: el inquilino responde de los desperfectos que causa, pero no del deterioro derivado del uso normal ni del simple paso del tiempo. Contratar una empresa de limpieza al final de un contrato no habilita automáticamente a descontar ese gasto de la fianza; el arrendador que quiera repercutirlo debe demostrar que el estado del inmueble excedía el desgaste propio del uso habitual, y no limitarse a presentar una factura.
El tribunal sí reconoció parte de las reclamaciones de los propietarios. Entre los elementos dañados o desaparecidos que dieron lugar a indemnización figuraban un plafón con el vidrio roto, una cama plegable, un escritorio y una lámpara que los propios inquilinos habían desechado, además de la reparación de una mosquitera y el valor de varios muebles del salón que ya no estaban en la vivienda.
No todas las reclamaciones prosperaron por igual. Los inquilinos habían sustituido dos armarios por otros de dimensiones y calidad similares, por lo que la Audiencia no apreció perjuicio indemnizable. Tampoco prosperó la reclamación por unas sillas y butacas que, según constató el tribunal, seguían apareciendo en fotografías publicadas posteriormente por los propios dueños en un portal inmobiliario al volver a anunciar el piso.
La Audiencia Provincial fijó finalmente que los propietarios debían devolver los 3.200 euros de fianza con los intereses correspondientes, mientras que los inquilinos quedaban obligados a pagar 1.612,21 euros por los daños efectivamente acreditados, además del coste de repintar las tres habitaciones cuyo color habían cambiado durante el arrendamiento. Ese repintado se calculó a razón de 8,48 euros por metro cuadrado más IVA.
La reparticición de la fianza es una fuente habitual de conflicto entre caseros e inquilinos, en un mercado donde la carga probatoria recae sobre quien reclama el descuento. En esa misma lógica de responsabilidades delimitadas se mueven otros litigios recientes de la jurisdicción, como el que afecta a Universidades, que repite el decreto que tumbó el Supremo.
El tribunal dejó además sin efecto la condena en costas que se había impuesto en primera instancia y no las impuso tampoco en la apelación a ninguna de las dos partes, en una resolución que reparte responsabilidades entre arrendador y arrendatarios según el origen real de cada gasto.

