La crisis hídrica tiene su origen en los bajos niveles del embalse Carraízo, en el municipio de Trujillo Alto, el principal reservorio que abastece a la región metropolitana de San Juan. El déficit de lluvias de los últimos meses redujo las reservas hasta un punto que obligó a las autoridades a decretar cortes programados de suministro, una medida que golpea a más de 500,000 personas en al menos siete municipios, según las cifras difundidas por el Gobierno de Puerto Rico.
La gobernadora González firmó el 31 de julio dos órdenes ejecutivas: una para declarar el estado de emergencia por el uso del agua y otra para activar a la Guardia Nacional de Puerto Rico, cuyo personal apoya desde entonces las labores de acarreo, distribución y purificación de agua en las comunidades más afectadas. Esa declaración local es, en el esquema legal estadounidense, un paso previo antes de que un gobernador o gobernadora pueda elevar una petición de emergencia federal.
Quién puede pedir la ayuda a Washington
Bajo la Ley Robert T. Stafford de Ayuda por Desastres y Asistencia de Emergencia, vigente en Estados Unidos desde 1988, corresponde exclusivamente al jefe o jefa del Ejecutivo estatal o territorial —en este caso, la gobernadora González— presentar la solicitud formal ante la Casa Blanca. El comisionado residente, que representa a Puerto Rico en la Cámara de Representantes federal pero carece de voto pleno en el pleno, no puede iniciar ese trámite por sí mismo, de ahí que su llamado se dirigiera directamente a la mandataria.
Hernández detalló que, de aprobarse la declaración, se ampliaría el margen de acción de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) para atender la escasez, lo que incluiría la distribución de agua almacenada y el reembolso de los gastos de emergencia asumidos por los municipios y por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), la entidad pública responsable del servicio de agua potable en el archipiélago.
El plan contempla además la posible activación de préstamos de la Administración Federal de Pequeños Negocios (SBA) destinados a los comercios que reporten pérdidas económicas derivadas del racionamiento. Como quinta medida, el comisionado adelantó que recomendará al Departamento de Agricultura federal que emita una designación de emergencia por sequía, un mecanismo separado del proceso bajo la Ley Stafford que permitiría liberar asistencia específica para el sector agrícola, uno de los más expuestos a la falta de lluvias sostenida.
Hernández también expresó su disposición a buscar respaldo en el Congreso de Estados Unidos para reforzar la petición ante la Casa Blanca, con el objetivo de aumentar las probabilidades de que la solicitud, una vez formalizada por la gobernadora, reciba una respuesta favorable del Ejecutivo federal.
Un archipiélago con historial de emergencias federales
Puerto Rico, territorio no incorporado de Estados Unidos desde 1898 y con estatus de Estado Libre Asociado desde 1952, ha recurrido en el pasado a declaraciones de emergencia federal en episodios de desastre natural, como ocurrió tras el paso de huracanes que dejaron al archipiélago sin suministro eléctrico y de agua durante semanas. Esos antecedentes sirven de referencia para el trámite que ahora se plantea en torno a la sequía.
La respuesta del Gobierno federal, en caso de recibir la petición, no tiene un plazo fijo establecido por la Ley Stafford, aunque en experiencias previas con territorios y estados de Estados Unidos las declaraciones de emergencia por desastres naturales se han resuelto en un marco de días a pocas semanas, según la magnitud de los daños reportados y la evaluación técnica de FEMA.
La situación se sigue de cerca en otros puntos del Caribe y América Latina, donde episodios de sequía prolongada han obligado en años recientes a declarar emergencias hídricas y a implementar racionamientos similares, lo que refleja la vulnerabilidad regional frente a la variabilidad climática y la dependencia de embalses únicos para el abastecimiento de grandes núcleos urbanos.
De concretarse la declaración federal, el próximo hito será la evaluación de daños y necesidades que realizaría FEMA junto con las autoridades locales, un proceso que determinará el monto y el tipo de asistencia que finalmente reciban los municipios afectados y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.