El ataque habría quedado registrado por una cámara de seguridad instalada en inmediaciones del lugar. En las imágenes, que circularon posteriormente en redes sociales, se observa a un grupo de personas reunidas en la zona, que habría llegado al sitio en varias camionetas, en lo que parecía un encuentro social. Según se aprecia en el registro, los asistentes estarían ingiriendo licor minutos antes de que se desatara la balacera.
La secuencia muestra cómo al menos tres hombres armados emergieron de la vegetación cercana y abrieron fuego contra el grupo. Una de las personas presentes cayó al piso tras recibir varios impactos y posteriormente falleció, mientras el resto de los asistentes corrió a resguardarse. La Policía indicó que, según los elementos recopilados hasta ahora, el ataque habría sido planeado y ejecutado en un lapso breve.
Un dato que ha llamado la atención de los investigadores, y que podría resultar clave para esclarecer el móvil, es que a una de las víctimas se le habría hallado un brazalete electrónico del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), mecanismo de control utilizado por el sistema judicial colombiano para el seguimiento de personas que cumplen la medida de casa por cárcel en lugar de reclusión intramural. El hallazgo abre una línea de investigación sobre los posibles antecedentes de los involucrados en la reunión.
A esto se suma que otra de las personas heridas tendría, según las primeras indagaciones, antecedentes penales y cuentas pendientes con la justicia. Estos dos elementos —el brazalete del Inpec y los antecedentes de uno de los lesionados— son considerados por las autoridades como piezas fundamentales para determinar si el ataque respondió a un ajuste de cuentas, a una disputa entre estructuras delincuenciales o a otro móvil relacionado con actividades previas de alguna de las víctimas.
Tras la balacera, los heridos fueron trasladados con rapidez a un centro médico y la zona fue acordonada por unidades de la Policía, que iniciaron las diligencias en el lugar. En el marco del sistema penal acusatorio colombiano, corresponde a la Fiscalía General de la Nación asumir la dirección de la investigación penal y asignar el caso a un fiscal, mientras el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Sijín recolectan y procesan la evidencia física para establecer el calibre y tipo de armas empleadas. La captura y judicialización de los responsables se tramitaría conforme al Código de Procedimiento Penal, bajo tipificaciones como homicidio agravado y tentativa de homicidio.
Rafael Uribe Uribe es una de las veinte localidades del Distrito Capital y ha sido señalada de manera recurrente por los organismos de seguridad como una de las zonas del sur de la ciudad con mayor incidencia delictiva, junto con Ciudad Bolívar, Kennedy y Bosa. En años anteriores, la administración distrital ha implementado planes de choque y refuerzos de pie de fuerza policial en esos sectores, donde la violencia asociada a economías ilegales convive con altos índices de informalidad.
Los ataques con armas de fuego contra grupos de personas en espacios públicos o semipúblicos —parqueaderos, establecimientos comerciales, zonas residenciales— no son nuevos en la capital. Las autoridades distritales han vinculado en distintos balances varios de estos episodios a disputas entre bandas dedicadas al microtráfico o al cobro de extorsiones, fenómeno que identifican como uno de los principales generadores de violencia homicida en localidades del sur y suroccidente de Bogotá.
La violencia ligada a estructuras criminales organizadas ha marcado la agenda de seguridad de sucesivas administraciones distritales. El microtráfico y las llamadas ollas del sur de la ciudad han sido objeto de intervenciones estatales desde hace más de una década, sin que las cifras de homicidio en las localidades más afectadas hayan cedido de forma sostenida, lo que mantiene el debate sobre la eficacia de los planes de choque frente a las estrategias de intervención social.
La Policía no ha entregado hasta el momento un balance oficial detallado sobre el estado de salud de los cuatro heridos ni ha confirmado públicamente los motivos del ataque, a la espera de que avancen las diligencias. Tampoco se ha anunciado la captura de sospechosos, aunque el material audiovisual que circuló en redes sociales podría convertirse en una herramienta relevante para la identificación de los responsables por parte del CTI y la Sijín.
Las autoridades judiciales tendrán ahora la tarea de establecer si el ataque en Las Lomas corresponde a un episodio aislado o si guarda relación con estructuras delincuenciales que operan en el sector. Mientras la Fiscalía adelanta las diligencias para individualizar y procesar a los responsables, el caso se suma a la lista de hechos violentos que reavivan el debate sobre seguridad ciudadana en el sur de la capital.
