El Ministerio de Sanidad y los once representantes del Foro de la Profesión Médica han firmado esta noche un principio de acuerdo que descongela, al menos durante quince días, el conflicto laboral más largo que ha vivido la sanidad pública española desde 2019. El texto, que este periódico ha podido consultar en sus elementos esenciales, no tiene todavía valor contractual —será rubricado formalmente mañana jueves a las once de la mañana— pero sí cierra los tres puntos que llevaban bloqueando la negociación desde principios de enero.
El primer punto cerrado es el más simbólico y el más político: el Ministerio acepta abrir la negociación de un estatuto propio para la profesión médica, separado del estatuto marco común al resto del personal estatutario del Sistema Nacional de Salud. Ese estatuto propio es la reivindicación histórica de los colegios médicos desde 2023 y había sido rechazada sistemáticamente por el ministerio con el argumento —legalmente sólido— de que rompía el principio de unidad del personal sanitario. Esta noche, Sanidad ha dado marcha atrás en ese argumento. La fórmula pactada habla de 'un anexo específico de aplicación preferente' dentro del estatuto marco, no de un estatuto independiente, pero el contenido material es prácticamente idéntico al que reclamaban los sindicatos.
El segundo punto cerrado es económico: la retribución de las guardias médicas. El borrador compromete al ministerio a equiparar, en un plazo máximo de dieciocho meses, el valor hora de la guardia de presencia física en todas las comunidades autónomas, con un suelo mínimo nacional. Esa equiparación desactiva uno de los agravios más citados en las protestas de las últimas semanas: la diferencia de hasta un 37% en el pago de la misma guardia entre un hospital de Cataluña y uno de Extremadura. El coste estimado de la medida, según los datos del propio ministerio, está entre los 280 y los 340 millones de euros anuales, repartidos entre el Estado y las comunidades autónomas mediante una fórmula de cofinanciación que aún está por cerrar.
El tercer punto cerrado es el más controvertido y el que más ha tensado la negociación durante las últimas cuatro horas: la jornada laboral. Los sindicatos médicos reclamaban desde enero una reducción efectiva de la jornada semanal de 37,5 a 35 horas, con equivalencia al resto del empleo público. El ministerio se resistía por motivos de dotación de plantilla —reducir la jornada exige contratar más médicos, y en muchas especialidades críticas no hay candidatos disponibles en el mercado laboral español. La fórmula finalmente pactada renuncia a la reducción general de jornada y la sustituye por un 'bloque de descanso obligatorio' después de las guardias de 24 horas: doce horas de libranza consecutiva, retribuidas, que hoy no siempre se respetan. Es menos que lo que pedían los sindicatos, pero es exigible ya mismo.
A cambio de los tres puntos cerrados, el Foro de la Profesión Médica ha aceptado dos contrapartidas concretas. La primera: desconvoca formalmente la huelga semanal prevista para los días 22, 23 y 24 de abril en toda España. La desconvocatoria afecta a aproximadamente 138.000 médicos del sistema público y libera a los servicios de salud autonómicos del plan de servicios mínimos que llevaba una semana negociándose en los gabinetes de las consejerías. La segunda: concede al Ministerio un plazo de quince días —hasta el 30 de abril— para presentar un primer borrador articulado del anexo. Si el borrador no llega antes de esa fecha, los médicos se reservan el derecho de retomar las movilizaciones.
La tregua cae en un momento delicado para el Ministerio de Sanidad y para Mónica García personalmente. La ministra, una médica de familia con carné de Sumar que asumió la cartera en noviembre de 2023, ha sido la cara visible del bloqueo y la destinataria de las críticas más duras durante los tres meses de movilizaciones. La fotografía de esta noche la rehabilita en parte, pero le pone por delante un reto técnico considerable: redactar en quince días un articulado completo sobre una materia que afecta a más de 170.000 profesionales y que tiene implicaciones presupuestarias con diecisiete comunidades autónomas distintas. Nadie en su equipo cree que el plazo se vaya a cumplir limpiamente.
El impacto territorial de la tregua es inmediato. Al menos seis comunidades autónomas —Madrid, Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla y León y Galicia— tenían bloqueados parcialmente sus presupuestos sanitarios en espera del desenlace del conflicto. Fuentes de las consejerías consultadas esta noche reconocen que la desconvocatoria 'descongela' el cierre de varios programas: la apertura de centros de atención primaria pendientes en áreas rurales, la contratación de personal de refuerzo para la campaña del verano y —en el caso de Cataluña y Madrid— los planes de reapertura de hospitales de referencia que llevaban seis meses en el aire por el enfrentamiento con las plantillas.
Queda, como queda siempre en estos casos, la incógnita de los próximos quince días. Nadie en el ministerio garantiza que el borrador del anexo esté listo el 30 de abril. Nadie en los sindicatos médicos garantiza que el acuerdo de esta noche aguante si el borrador se retrasa. Lo único que está firme es lo que se firma mañana a las once: la desconvocatoria de una huelga que habría colapsado la asistencia sanitaria española durante tres días consecutivos. Es mucho para una sola noche. Pero es, también, lo menos que se podía pedir después de once horas de negociación ininterrumpida y tres meses de conflicto frío.
