El concepto de «amenaza híbrida» hace referencia a estrategias que combinan instrumentos convencionales y no convencionales —ciberataques, desinformación, presión migratoria, sabotajes o injerencias económicas— para desestabilizar a un adversario sin llegar a un conflicto armado declarado. La OTAN y la Unión Europea llevan más de una década incorporando este concepto a sus doctrinas de seguridad, especialmente tras la anexión rusa de Crimea en 2014 y los episodios de interferencia electoral detectados en varios países occidentales.
España incorporó esta categoría de riesgo de forma explícita en la Estrategia de Seguridad Nacional de 2017, actualizada en 2021 bajo el propio Gobierno de Sánchez, que identificó las amenazas híbridas como uno de los desafíos prioritarios para el país, junto a los conflictos armados, el terrorismo, el espionaje y las emergencias sanitarias, entre otros.
La crisis de Ceuta de mayo de 2021 se considera en los círculos de seguridad nacional el episodio de referencia en España para ilustrar este tipo de amenaza. En aquel momento, la llegada masiva de migrantes a la ciudad autónoma coincidió con la hospitalización en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, lo que el Gobierno interpretó como una represalia de Rabat mediante la relajación deliberada de los controles fronterizos marroquíes.
Aquella crisis derivó en una ruptura diplomática entre Madrid y Rabat que se prolongó varios meses y que solo se encauzó tras el cambio de posición del Ejecutivo español sobre el Sáhara Occidental, anunciado en marzo de 2022, cuando Sánchez respaldó el plan de autonomía marroquí como «la base más seria, realista y creíble» para resolver el conflicto. El giro generó división interna en el Ejecutivo y críticas de la oposición y de organizaciones saharauis.
Un CNI marcado por el caso Pegasus
El papel de los servicios de inteligencia españoles, encarnados en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), ha estado marcado en los últimos años por controversias que han erosionado su credibilidad pública, entre ellas el escándalo de espionaje con el programa Pegasus, que en 2022 afectó a varios dirigentes independentistas catalanes y, según reconoció el propio Gobierno, también al teléfono del presidente Sánchez y de otros miembros del Ejecutivo.
Aquel episodio derivó en la salida de la entonces directora del CNI, Paz Esteban, cesada en mayo de 2022, y reabrió el debate sobre el control parlamentario de los servicios de inteligencia, que en España se ejerce a través de la Comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados del Congreso, con un régimen de sesiones secretas que ha sido objeto de críticas por parte de organizaciones que reclaman mayor transparencia.
La petición de Sánchez de dotar a los servicios secretos de mayor «sofisticación» digital se inscribe en una tendencia europea más amplia. Países como Francia, con su Agencia Nacional de Seguridad de los Sistemas de Información (ANSSI), o Alemania, con la Oficina Federal para la Protección de la Constitución (BfV), han reforzado en los últimos años sus capacidades de ciberinteligencia y de detección de campañas de desinformación, especialmente ante la injerencia rusa documentada en procesos electorales de varios Estados miembros.
El Centro Criptológico Nacional, dependiente del propio CNI, ha registrado un aumento sostenido de los incidentes de ciberseguridad gestionados en España en los últimos ejercicios, aunque no existe una cifra pública desagregada que permita comparar con precisión el volumen de ataques híbridos frente a los de naturaleza puramente delictiva o comercial.
Desde el punto de vista normativo, cualquier refuerzo de las capacidades de inteligencia digital debería enmarcarse en la Ley Orgánica 2/2002, reguladora del control judicial previo del CNI, que exige autorización de un magistrado del Tribunal Supremo para determinadas actividades que afecten a derechos fundamentales, un mecanismo que organizaciones de defensa de las libertades civiles consideran insuficiente frente a las nuevas capacidades tecnológicas de vigilancia.
La oposición, tanto del Partido Popular como de Vox, ha reclamado en diversas ocasiones mayor rendición de cuentas del Gobierno en materia de seguridad nacional, especialmente a raíz del caso Pegasus, y ha pedido comparecencias adicionales en sede parlamentaria que en algunos casos no se han materializado por la vía de las sesiones secretas habituales en esta materia.
Fuentes del Ministerio de Defensa y de Presidencia no han precisado qué medidas concretas de refuerzo presupuestario o de personal se aplicarían a los servicios de inteligencia a raíz de estas declaraciones, ni si existe un calendario definido para una eventual reforma legal que amplíe sus capacidades digitales.
El debate llega en un contexto de tensión migratoria en la frontera sur, con episodios recurrentes de llegadas irregulares a Ceuta, Melilla y las islas Canarias que en los últimos años han obligado a las autoridades españolas a coordinar respuestas con Marruecos, Mauritania y Senegal, en el marco de los acuerdos de gestión migratoria impulsados por la Comisión Europea con terceros países del norte de África.
A partir de ahora, el foco estará en si estas declaraciones se traducen en iniciativas legislativas o presupuestarias concretas, y en si el Gobierno convoca alguna comparecencia para detallar el alcance de la reforma que reclama para los servicios de inteligencia.
