Sánchez aseguró que no se cansará "de pedir al resto de fuerzas políticas, al resto de agentes sociales, una y otra vez, que se unan" al Pacto de Estado frente a la emergencia climática, y sostuvo que "esta sí que es una prioridad nacional". La propuesta la viene reclamando el Gobierno desde hace meses sin que hasta la fecha haya cristalizado en un acuerdo formal suscrito por el conjunto del arco parlamentario. El presidente enmarcó la petición en la línea de otros grandes consensos de la democracia española, como el Pacto de Toledo sobre pensiones.
La Red de Refugios Climáticos consiste en un conjunto de espacios públicos —parques, edificios municipales, centros culturales, polideportivos o bibliotecas— acondicionados para proteger a la población frente a episodios de calor extremo. La novedad que plantea el Gobierno central es coordinar y homogeneizar a escala estatal unos protocolos que hasta ahora dependían en gran medida de la iniciativa municipal o autonómica, competencias que corresponden a ayuntamientos y comunidades autónomas.
Un despliegue sobre un país que se calienta
La iniciativa se presenta en un contexto de aumento sostenido de las temperaturas en España. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la última década concentra los años más cálidos desde que existen registros sistemáticos, con olas de calor más frecuentes y prolongadas y una mayor incidencia de las llamadas noches tropicales, en las que la temperatura no baja de los 20 grados. El Ministerio de Sanidad, a través de sus sistemas de vigilancia, ha venido advirtiendo del exceso de mortalidad atribuible a las olas de calor, un indicador que ha llevado a distintas comunidades y ayuntamientos a desarrollar planes propios de prevención.
El Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática se plantea como una hoja de ruta a largo plazo que incluye compromisos de reducción de emisiones, adaptación al cambio climático y transición energética, alineados con los objetivos que España ha asumido ante la Unión Europea. Bruselas exige a los Estados miembros avances verificables hacia la neutralidad climática en 2050, en el marco del Pacto Verde Europeo y del Reglamento de Gobernanza de la Unión de la Energía.
España cuenta desde 2021 con la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que establece el marco legal para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y fija objetivos intermedios hasta 2030. La Red de Refugios Climáticos se presenta como un desarrollo complementario en el ámbito de la adaptación, una vertiente que la propia ley reconoce como necesaria junto a las políticas de mitigación y que hasta ahora había tenido menor desarrollo normativo específico a escala estatal.
Hasta el momento el pacto no ha logrado el respaldo explícito de los principales partidos de la oposición. El Partido Popular ha mantenido una posición crítica hacia algunas políticas energéticas del Ejecutivo, mientras que Vox ha cuestionado de forma reiterada el marco de la transición ecológica tal y como lo plantea el Gobierno. Ninguna de las dos formaciones ha confirmado por el momento su adhesión al acuerdo, por lo que la iniciativa continúa, de momento, circunscrita al Gobierno y a las formaciones que lo respaldan en el Congreso.
El difícil historial de los pactos de Estado
El precedente más directo de un gran acuerdo transversal en política pública es el Pacto de Toledo, alcanzado en 1995 para blindar el sistema de pensiones frente a la disputa partidista, aunque su cumplimiento efectivo ha sido objeto de controversia en sucesivas legislaturas. Otros intentos, como el pacto educativo, no llegaron a fraguar pese a las tentativas de las últimas dos décadas, lo que ilustra la dificultad de este tipo de consensos en el sistema político español.
El Gobierno no detalló en la presentación de este lunes el calendario concreto de despliegue de la red por comunidades autónomas ni la financiación asociada, aspectos que previsiblemente se concretarán mediante convenios con administraciones locales y autonómicas, competentes en buena parte de las infraestructuras que podrían integrarse, como polideportivos, bibliotecas o centros de mayores.
Aagesen, que dirige la cartera de Transición Ecológica tras el relevo de Teresa Ribera, afronta el despliegue en un contexto de intensa agenda europea en materia energética, con la revisión de los objetivos climáticos comunitarios para 2040 en discusión en las instituciones de la Unión. España, junto con el resto de socios, deberá presentar actualizaciones de su Plan Nacional Integrado de Energía y Clima conforme a los plazos fijados por la Comisión Europea.
La respuesta de la oposición y de los agentes sociales al llamamiento renovado de Sánchez marcará los próximos pasos de una negociación que, por ahora, no tiene fecha cerrada para su cierre. El Ejecutivo ha optado por mantener abierta la invitación pese a la falta de avances visibles, una estrategia empleada en otros grandes acuerdos de legislatura y cuyo resultado dependerá de la disposición de PP, Vox y el resto de fuerzas parlamentarias a sentarse a negociar términos concretos.
