Durante su comparecencia desde el dispositivo de extinción, Sánchez insistió en la necesidad de un Pacto de Estado sobre la Emergencia Climática y pidió que la respuesta a estas emergencias no se limite a los medios materiales desplegados, sino que incorpore «el dato y el conocimiento de la ciencia» para «hacer las mejores políticas públicas en beneficio de nuestros conciudadanos». El jefe del Ejecutivo reclamó la implicación de «todas las administraciones, a todos los niveles, poniendo recursos económicos» y cooperando en la lucha contra los fuegos.
Esa apelación a la cooperación institucional se produce en un contexto de reparto competencial en el que la gestión forestal y la extinción de incendios corresponden en primera instancia a las comunidades autónomas, mientras que el Estado interviene a través de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y de las declaraciones de zona catastrófica que habilitan ayudas extraordinarias. Sánchez subrayó «la cooperación y la colaboración entre todas las administraciones» que, según dijo, se están llevando a cabo en Ávila.
Según los datos ofrecidos por el presidente, la superficie calcinada en España en lo que va de 2026 supera ya las 150.000 hectáreas, una cifra que, de confirmarse por los organismos oficiales de referencia, multiplicaría por seis la afectada en el mismo periodo del año anterior. El propio Sánchez calificó 2025 como «un año especialmente complejo» en materia de incendios forestales. Como referencia comparativa, la ola de 2022 arrasó más de 300.000 hectáreas en toda España según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS) de la Comisión Europea, el peor balance de la serie reciente.
El mecanismo de las ayudas y la personación de la Junta
El anuncio se concreta en la declaración de zona gravemente afectada para la provincia de Ávila, una figura regulada por la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil que permite activar exenciones fiscales, moratorias en el pago de cotizaciones sociales y líneas de ayuda directa a particulares, agricultores y empresas afectadas por catástrofes naturales. El real decreto ley previsto para el Consejo de Ministros del martes 28 de julio deberá detallar el alcance económico de las medidas, un instrumento empleado por el Estado en episodios anteriores de gran magnitud como los incendios de Galicia en 2017 o los de la Comunidad Valenciana en 2022.
Fernández Mañueco, por su parte, agradeció la colaboración tanto del Gobierno central como de otras comunidades autónomas en el operativo, y anunció que la Junta de Castilla y León se personará en la investigación judicial abierta para esclarecer el origen del fuego. Esa personación, habitual en incendios de gran magnitud con presunto origen intencionado o negligente, permite a la administración autonómica reclamar responsabilidades civiles por los daños causados al patrimonio forestal y a las infraestructuras públicas.
Sánchez dedicó una parte relevante de su intervención a denunciar la circulación de bulos y desinformación en torno al origen de los incendios. El presidente rechazó de forma explícita las versiones que atribuyen los fuegos a intereses vinculados a la instalación de plantas fotovoltaicas o a la actividad minera, «como si fueran incendios provocados por intereses espurios», y las descartó con un «nada más lejos de la realidad».
El jefe del Ejecutivo agradeció la labor de los periodistas desplegados en la zona por trasladar «información factual con datos y luchando por datos contra los bulos y la desinformación», y trasladó un llamamiento directo a la ciudadanía: «Infórmense a través de los canales institucionales, infórmense a través de los medios de comunicación contrastados para su propia seguridad y su propia tranquilidad». «Tengan confianza en las instituciones públicas, en el sistema nacional de protección civil», instó.
La determinación del origen de los incendios corresponde, en el marco legal español, a la investigación judicial y policial, con intervención del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y de los cuerpos de extinción, que analizan el punto de inicio y las circunstancias meteorológicas y orográficas antes de determinar si existe intencionalidad, negligencia o causa natural. Hasta que esas investigaciones concluyan, cualquier atribución de causalidad a actividades económicas concretas carece de respaldo oficial.
El debate sobre la relación entre el cambio climático y la virulencia de los incendios forestales no es nuevo en España. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) han documentado en sucesivos informes cómo el aumento de las temperaturas medias y la prolongación de los periodos de sequía elevan el riesgo de incendios de gran intensidad, especialmente en la Península Ibérica, una de las regiones europeas más expuestas a los escenarios de aridificación.
La discusión sobre las causas estructurales de los incendios —el abandono rural, la falta de limpieza de montes o la insuficiencia de medios de prevención fuera de la campaña estival, frente al peso atribuido al cambio climático— reaparece cada verano en el Congreso de los Diputados y en los parlamentos autonómicos, sin que hasta la fecha se haya alcanzado un consenso amplio sobre un plan de gestión forestal a largo plazo compartido por todas las fuerzas políticas. El propio Pacto de Estado sobre la Emergencia Climática que reclama el Gobierno no ha cristalizado en un acuerdo suscrito por el conjunto del arco parlamentario.
A partir de ahora la atención se centra en dos plazos concretos: la reunión del Consejo de Ministros del martes 28 de julio, en la que se espera la aprobación formal de la declaración de zona gravemente afectada para Ávila y del real decreto ley de ayudas, y la evolución del propio incendio, cuya extinción definitiva condicionará tanto el balance final de hectáreas calcinadas como el alcance de las indemnizaciones a particulares y empresas. La investigación judicial sobre el origen del fuego, en la que la Junta de Castilla y León ha anunciado su personación, marcará el desarrollo de eventuales responsabilidades penales o civiles en las próximas semanas.
