El jefe del Ejecutivo centró su mensaje en el agradecimiento a los efectivos desplegados y a los refuerzos internacionales, entre ellos un contingente terrestre enviado por Portugal, al que citó expresamente, y medios aéreos procedentes de Grecia e Italia. Estos países colaboran habitualmente con España en la extinción de incendios forestales a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil, que permite a los Estados miembros solicitar apoyo mutuo ante emergencias que desbordan sus capacidades.
Sánchez no hizo mención alguna, sin embargo, a los nuevos medios que el propio Gobierno había anunciado. En mayo, el presidente había calificado el operativo previsto como «el mayor despliegue del Estado para una campaña de incendios», una promesa en la que se enmarcaba un kit antiincendios diseñado por Airbus que debía instalarse en los aviones de transporte militar A400M del Ejército del Aire y del Espacio. Según publicó este domingo ABC, de ese dispositivo no hay rastro en el operativo desplegado este verano.
El presidente insistió en que los incendios forestales, aunque «siempre han existido» en España, se producen ahora en un contexto de «climas tan extremos y adversos» que exige, en sus palabras, «una respuesta acorde y proporcionada a la magnitud» del fenómeno, así como incorporar «el conocimiento de la ciencia para hacer las mejores políticas públicas en beneficio de nuestros conciudadanos». Reclamó una acción coordinada entre «todas las administraciones públicas» bajo un esquema que resumió en tres fases: «prevención, respuesta y reconstrucción».
Las cifras oficiales aportadas por el propio presidente reflejan la magnitud del episodio: la superficie quemada en España durante 2026 pasó de las 130.000 hectáreas contabilizadas el sábado a las 150.000 este domingo, un salto que atribuyó a la virulencia de los fuegos activos en distintos puntos del país. Sin que haya concluido julio, el balance ya incluye 32 incendios clasificados como «grandes», definidos como aquellos que superan las 300 hectáreas de superficie afectada. Esa cifra, según destacó Sánchez, multiplica por seis las hectáreas quemadas respecto al año anterior, un 2025 que, advirtió, «ya fue un año particularmente grave». El dato cobra mayor relevancia porque el verano, la temporada de mayor riesgo en la Península, no ha hecho más que empezar.
Respecto al incendio de Burgohondo, que junto con los de San Martín de Valdeiglesias y Almorox opera bajo mando único de la UME desde el sábado, Sánchez señaló que la noche de trabajo del operativo había sido «muy positiva», aunque advirtió de que «quedan horas complejas por delante». En el Puesto de Mando de Navaluenga coincidió con el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el delegado del Gobierno en la comunidad, Nicanor Sen. Todos coincidieron en pedir que se «extreme» la prudencia ante el riesgo de reactivación del fuego.
Un decreto de zona catastrófica el martes
Sánchez avanzó que el Consejo de Ministros del próximo martes aprobará el reconocimiento como «zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil» para los territorios calcinados este verano. Esta declaración está regulada por la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil, que habilita ayudas directas, exenciones fiscales y medidas laborales excepcionales para los damnificados y los municipios afectados. El procedimiento exige que el acuerdo del Consejo de Ministros determine, en un plazo posterior, la cuantía y el alcance concreto de las ayudas mediante un real decreto de desarrollo.
La llamada a un pacto de Estado frente al cambio climático no es nueva en el discurso del presidente, que la ha repetido en visitas a zonas afectadas por catástrofes naturales en los últimos años sin que hasta la fecha se haya concretado en un acuerdo formal suscrito por el conjunto de fuerzas parlamentarias. La formación de estos grandes acuerdos tiene precedentes destacados desde la Transición, como los Pactos de la Moncloa de 1977 o el Pacto de Toledo de 1995 sobre pensiones; en materia climática, la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética fue aprobada en el Congreso, aunque sin un consenso unánime de todos los grupos.
El episodio se enmarca en un modelo de extinción que ha sido objeto de debate recurrente. La flota aérea de extinción del Estado se compone en buena parte de medios contratados por temporada en lugar de una flota propia permanente, un esquema cuya idoneidad han cuestionado en el pasado responsables de protección civil y colectivos de bomberos forestales por su coste y su disponibilidad limitada en los picos de mayor riesgo. El reparto competencial añade complejidad: la extinción corresponde de forma ordinaria a las comunidades autónomas, mientras el Estado aporta medios de refuerzo y, en su caso, la UME.
La secuencia de veranos con grandes incendios forestales responde, según vienen señalando expertos en gestión forestal y climatólogos, a factores como el abandono rural, la acumulación de biomasa en los montes y el aumento de las temperaturas medias, un contexto que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) documenta en sus informes anuales sobre el clima en España.
A partir de ahora, la atención se centrará en la evolución de los incendios activos en Ávila, Madrid y Toledo en los próximos días, en la aprobación el martes del acuerdo de zona catastrófica y en si el anunciado pacto de Estado frente a la emergencia climática se traduce en una convocatoria efectiva con las comunidades autónomas y los grupos parlamentarios, algo que hasta el momento no se ha concretado en ninguna fecha ni formato específico.
