El CAPI se articula como un complemento del IMV destinado a reforzar la cobertura económica de los hogares con menores a cargo, dentro del paquete de medidas que el Gobierno agrupa bajo la etiqueta de «escudo social». A diferencia del IMV, cuyo acceso exige acreditar una situación de vulnerabilidad económica estricta, el complemento opera con umbrales de renta considerablemente superiores, lo que permite que lo perciban hogares que no llegarían a cobrar la prestación principal.
Las cuantías varían según la edad del menor: 115 euros mensuales para los menores de tres años, 80,5 euros para los de entre tres y seis, y 57,5 euros para los de entre seis y dieciocho. Se trata de importes fijos, no escalonados según la renta exacta del hogar dentro del umbral permitido, de modo que una familia en el límite superior de acceso percibe la misma cuantía por menor que una en situación de pobreza severa.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones no ha detallado públicamente cuántos de los más de 600.000 hogares perceptores se sitúan en el tramo superior de renta admitido, un dato que permitiría dimensionar cuántas unidades familiares sin necesidad acuciante acceden a fondos diseñados como refuerzo de una prestación contra la exclusión.
España, primera en pobreza infantil de la UE
El contraste con los indicadores de pobreza infantil es marcado. Según datos de Eurostat recogidos por la red europea de lucha contra la pobreza EAPN-ES, España encabezó en 2025 la tasa de pobreza infantil de la Unión Europea, con un 28,4%, 8,8 puntos por encima de la media comunitaria. El Instituto Nacional de Estadística (INE), en su Encuesta de Condiciones de Vida de 2025, sitúa el indicador AROPE —riesgo de pobreza o exclusión social— en el 35,5% entre las niñas menores de 16 años y el 32,3% entre los niños.
UNICEF, en su informe de pobreza infantil correspondiente a 2025, eleva la cifra al 34,8%, la segunda tasa más alta de la Unión Europea, únicamente por detrás de Bulgaria. Aunque las metodologías difieren —Eurostat mide riesgo de pobreza relativa, el INE combina varios indicadores en el AROPE y UNICEF aplica su propio índice compuesto—, las tres fuentes coinciden en que España figura entre los países con peores resultados de la Unión en protección de la infancia, con más de dos millones de menores en situación de riesgo.
Esa fotografía estadística encuentra correlato en la actividad de entidades sociales. La Fundación Madrina, dedicada a la atención de familias vulnerables, sostiene que la demanda de ayuda que gestiona se ha triplicado en los últimos tres años, un incremento que atribuye al encarecimiento del coste de la vida y a las dificultades de acceso a la vivienda. Según la entidad, su servicio de atención telefónica recibió más de 37.000 llamadas de emergencia en su último ejercicio de referencia.
Los 200 millones y su reparto
El 6 de mayo de 2026, el Consejo de Ministros aprobó una transferencia de 198 millones de euros a las comunidades autónomas para programas de acción social e infancia, cifra que el Gobierno ha presentado redondeada en 200 millones. La Fundación Madrina sostiene, a partir de un desglose partida por partida, que más de dos tercios de ese presupuesto se destinarían a estructuras de personal y gestión administrativa, y no a ayudas directas a las familias.
De acuerdo con la misma organización, solo 65 de los 200 millones corresponderían a intervención directa susceptible de traducirse en bienes básicos para los menores. Repartida esa cantidad entre el aproximadamente millón de hogares en vulnerabilidad severa que la fundación estima a partir del indicador AROPE del INE, el resultado equivaldría a unos 65 euros anuales por hogar, una cifra que la propia entidad considera insuficiente frente a la magnitud del problema.
El Ministerio de Inclusión no ha aportado públicamente una contabilidad alternativa que detalle el destino final de los 198 millones transferidos a las autonomías, que son quienes gestionan la ejecución última de los programas de infancia con esos fondos, conforme al reparto competencial vigente entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas en materia de servicios sociales.
El precedente más directo de esta tensión entre cobertura amplia y focalización se remonta a la creación del propio IMV en mayo de 2020, en plena pandemia, cuando el Gobierno de coalición lo presentó como la mayor ampliación de la red de protección social en décadas. Desde entonces, sucesivas evaluaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) han identificado un problema de infracobertura —hogares que cumplen requisitos pero no perciben la prestación—, un fenómeno que convive ahora con el debate sobre complementos que alcanzan a rentas medias.
La comparación europea añade otra capa de contexto. Países nórdicos como Finlandia o Dinamarca, con tasas de pobreza infantil inferiores según Eurostat, combinan prestaciones universales por hijo a cargo —sin umbral de renta— con servicios públicos de conciliación y vivienda social de amplia cobertura, un modelo estructuralmente distinto al español, que articula prestaciones focalizadas por renta con una oferta de vivienda pública más limitada.
El fondo del debate no reside únicamente en el volumen de gasto público destinado a infancia, sino en su diseño y focalización: mientras el CAPI amplía sus umbrales de acceso hacia rentas medias, la partida de intervención directa para los hogares en pobreza severa permanecería, según los cálculos citados, por debajo de lo necesario para revertir una tasa de pobreza infantil que Eurostat sitúa como la más alta de la Unión.
El Gobierno no ha anunciado por el momento una revisión de los umbrales de renta del CAPI ni una reformulación del reparto de la transferencia de 198 millones a las comunidades autónomas. La próxima actualización de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE permitirá comprobar si la ampliación de cobertura del complemento se traduce en una reducción del indicador AROPE infantil o si la brecha respecto a la media europea persiste.
