Pedro Sánchez cumple en junio de 2025 siete años al frente del Gobierno, los últimos de los cuales transcurren en lo que analistas parlamentarios y los propios socios del Ejecutivo describen como su ciclo de mayor fragilidad política desde que accedió a la Presidencia mediante la moción de censura de mayo de 2018. La coincidencia entre esa efeméride fundacional y un momento de desgaste acumulado convierte la fecha en un espejo incómodo para La Moncloa.
La moción que fundó este Gobierno y su marco constitucional
El mecanismo que llevó a Sánchez al poder está regulado en el artículo 113 de la Constitución española de 1978, que establece la naturaleza constructiva de la moción de censura: el grupo promotor debe designar simultáneamente un candidato alternativo a la Presidencia, lo que eleva deliberadamente el umbral de exigencia parlamentaria frente a los modelos destructivos de otros ordenamientos europeos. Desde la restauración democrática, España ha registrado cuatro mociones de censura —1980, 1987, 2017 y 2018—, y solo la última, impulsada por el propio Sánchez contra Mariano Rajoy, obtuvo la mayoría necesaria de 176 votos sobre los 350 escaños del Congreso.
Aquel resultado convirtió a Sánchez en el primer presidente de la democracia española en acceder al cargo por esa vía, dotando a su presidencia de un carácter histórico que ahora contrasta, según las fuentes parlamentarias consultadas por este medio, con la precariedad de los apoyos que sostienen al Ejecutivo en la legislatura en curso.
Aritmética parlamentaria: 176 votos que nunca sobran
El Congreso de los Diputados requiere 176 votos para una mayoría absoluta. El Gobierno de coalición PSOE-Sumar no dispone de ese umbral propio y gobierna en dependencia de acuerdos con grupos de distinta naturaleza ideológica y territorial. Esta estructura, habitual en democracias parlamentarias proporcionales, convierte cada votación en una negociación y cada desacuerdo con un socio en una amenaza potencial a la capacidad legislativa. La aprobación de los Presupuestos Generales del Estado —instrumento central de la política económica y obligación recogida en el artículo 134 de la Constitución— es la prueba de esfuerzo más exigente para cualquier ejecutivo en minoría. España acumula varios ejercicios consecutivos prorrogando cuentas, un fenómeno que el Banco de España ha señalado en informes sucesivos como factor de rigidez presupuestaria.
El historial reciente avala la gravedad estructural de la situación: los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero en 2011 y del propio Sánchez en 2019 se vieron abocados a adelantar elecciones en parte por la imposibilidad de sostener mayorías parlamentarias suficientes, un precedente que la oposición invoca periódicamente para presionar al Ejecutivo actual.
El PSOE ante la gestión de los equilibrios
El Partido Socialista Obrero Español, con mayor representación dentro del Ejecutivo de coalición, asume la responsabilidad principal de gestionar los equilibrios parlamentarios. El PSOE no ha emitido, según el material disponible verificado por este medio, declaraciones textuales sobre la naturaleza o el alcance de la crisis en el periodo analizado. El Hemiciclo no atribuye posiciones concretas sin respaldo documental contrastado y seguirá la evolución de las declaraciones institucionales a medida que sean verificables.
El resto de fuerzas que sostienen o condicionan la mayoría gubernamental —entre ellas grupos de ámbito territorial cuyo apoyo ha sido variable a lo largo de la legislatura— tampoco han ofrecido, en la documentación disponible en el momento de esta publicación, posicionamientos textuales atribuibles con garantía. Este medio les traslada la oportunidad de pronunciarse y recogerá sus respuestas en cuanto consten.
Desgaste institucional: las variables que la crisis acumula
La información disponible caracteriza la situación como la peor crisis del Ejecutivo desde su formación sin precisar una cronología cerrada de episodios. En términos estructurales, un gobierno en minoría que acumula tensión parlamentaria, cuestionamiento de apoyos y desgaste institucional simultáneos enfrenta un riesgo de retroalimentación: la percepción de debilidad puede desincentivar a los socios de mantener sus compromisos, lo que agrava la debilidad real. Este mecanismo fue documentado por la politóloga Arend Lijphart en su análisis comparado de democracias parlamentarias proporcionales y se ha reproducido en varios ciclos de la política española desde 1979.
La ausencia de Presupuestos aprobados —la última cuenta general vigente data de ejercicios anteriores a la legislatura actual, según el Ministerio de Hacienda— limita la capacidad del Ejecutivo de implementar políticas nuevas y refuerza la narrativa de bloqueo que sostiene la oposición liderada por el Partido Popular.
Prospectiva: los plazos que marcan el horizonte
El aniversario de la moción de censura no genera consecuencias jurídicas ni procedimentales automáticas, pero opera como marcador político de primer orden para los actores implicados: el Gobierno utiliza la fecha para subrayar la legitimidad de su origen; la oposición, para contrastar las promesas de entonces con el balance actual; los socios parlamentarios, para recalibrar el valor de su apoyo. La capacidad del Ejecutivo para superar el ciclo de crisis dependerá, según el marco estructural descrito, de tres variables: la recomposición de acuerdos suficientes para sostener la actividad legislativa, la evolución del clima político en el segundo semestre de 2025 y la eventual presentación de un proyecto presupuestario con viabilidad parlamentaria real. El Hemiciclo seguirá contrastando cada desarrollo con fuentes verificables a medida que se produzcan.
