El origen de la crisis se remonta a los primeros días de esta semana, cuando alrededor de 50.000 personas cruzaron de forma irregular la frontera entre Marruecos y Ceuta en pocas horas, según las cifras que el Gobierno español recoge en la carta. Se trata de una de las mayores entradas registradas en la ciudad autónoma, muy por encima del episodio de mayo de 2021, cuando cerca de 8.000 personas accedieron a nado o por el espigón del Tarajal en un momento de tensión diplomática con Rabat. El Ejecutivo estima que más de 48.000 de los aproximadamente 50.000 migrantes ya han regresado a territorio marroquí después de que, según su relato, Marruecos ordenara frenar el éxodo.
En la misiva, Sánchez sostiene que en menos de 48 horas España logró restablecer plenamente el control fronterizo, prestar asistencia humanitaria y evitar movimientos no autorizados hacia el continente, en estrecha coordinación con las autoridades marroquíes y con un apoyo que Moncloa describe como "muy limitado" por parte de otros socios europeos. El presidente reivindica una política migratoria que, afirma, ha convertido a España en "la segunda frontera exterior más segura de la UE", pese a ser el único Estado miembro con una frontera terrestre con África, a través de Ceuta y Melilla.
La suspensión italiana y los movimientos nórdicos
La respuesta de varios Estados miembros ha sido motivo de fricción diplomática. Italia notificó la suspensión de su cooperación en el marco de Schengen con España, mientras que Finlandia y Dinamarca plantearon públicamente la posibilidad de excluir de forma temporal a Madrid de la libre circulación de personas, uno de los pilares del proyecto europeo desde la firma del Acuerdo de Schengen en 1985 y su incorporación al derecho comunitario mediante el Tratado de Ámsterdam en 1997. Ninguno de los tres Gobiernos ha detallado públicamente el alcance concreto de las medidas ni si afectarían a controles físicos, al intercambio de información policial o a otros mecanismos previstos en el Sistema de Información de Schengen, operativo desde 1995.
Sánchez rechaza de forma frontal esa vía y recuerda un dato jurídico central: Ceuta no forma parte del espacio Schengen, por lo que, a su juicio, cualquier medida de exclusión basada en lo ocurrido en la ciudad autónoma carecería de fundamento legal. Ceuta y Melilla mantienen un régimen fronterizo específico dentro de la arquitectura europea desde la adhesión española a Schengen, formalizada tras la entrada de España en la entonces Comunidad Económica Europea en 1986.
El presidente atribuye la reacción de esos gobiernos al "prejuicio, las noticias falsas, la ignorancia o el interés político" y la considera contraria "al derecho europeo, al derecho humanitario y a los principios de solidaridad" que unen a los Estados miembros. En una de las formulaciones más severas dirigidas por un jefe del Ejecutivo español a sus socios comunitarios en años, Sánchez no cita a ningún país por su nombre en el cuerpo de la carta, aunque el contexto —la suspensión italiana y los planteamientos de Helsinki y Copenhague— apunta al destinatario del reproche.
La carta reivindica el historial migratorio español de la última década. Según los datos que el Gobierno atribuye a la agencia europea Frontex, España registra un número de entradas irregulares que sitúa en la mitad de las contabilizadas en Italia entre 2021 y 2026. El escrito apela además a episodios previos de solidaridad: la acogida de migrantes llegados a través de la frontera bielorrusa en 2021, en el marco de la crisis atribuida al régimen de Alexandr Lukashenko, y la colaboración con Italia durante el repunte de llegadas a Lampedusa en 2023.
La petición de una reunión urgente de ministros de Interior encaja en el artículo 78.3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que habilita al Consejo a adoptar medidas provisionales en beneficio de los Estados miembros que afronten una situación de emergencia por una afluencia repentina de nacionales de terceros países. Ese mismo mecanismo se invocó, con resultados desiguales, durante la crisis de refugiados de 2015 y 2016, cuando la UE aprobó un sistema de reparto de cuotas que chocó con la resistencia de Hungría, Polonia y República Checa.
La política migratoria común atraviesa desde 2024 un proceso de reforma derivado del Pacto sobre Migración y Asilo, aprobado por el Parlamento Europeo en abril de ese año, que introduce nuevos procedimientos de control fronterizo y de solidaridad entre Estados, con una aplicación plena prevista a partir de mediados de 2026. En el plano interno, la tramitación de solicitudes de protección internacional en España se rige por la Ley de Asilo de 2009 y por el Reglamento europeo de Dublín, que atribuye la responsabilidad del examen de cada solicitud al primer país de entrada.
El precedente más cercano en volumen sigue siendo la crisis de mayo de 2021, cuando la relajación temporal de los controles marroquíes, en un contexto de tensión bilateral por el Sáhara Occidental, permitió la entrada de miles de personas en pocas horas. Aquel episodio derivó en una ruptura diplomática entre Madrid y Rabat que tardó meses en normalizarse y que marcó un punto de inflexión en la cooperación fronteriza entre ambos países.
Hasta el momento no consta pronunciamiento formal de la Comisión Europea, presidida por Ursula von der Leyen, sobre si convocará la reunión extraordinaria del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior reclamada por España ni en qué plazo podría celebrarse. Tampoco han trascendido reacciones oficiales de los Gobiernos de Italia, Finlandia y Dinamarca a las acusaciones vertidas por Sánchez, ni cifras adicionales del Ministerio del Interior español sobre el número de personas que permanecerían aún en Ceuta a la espera de su retorno o de la tramitación de su solicitud de asilo.
En los próximos días será determinante conocer si Bruselas atiende la petición española y si Italia mantiene, matiza o retira su suspensión de cooperación Schengen. De la respuesta comunitaria dependerá también si el episodio de Ceuta sienta un precedente sobre los límites de las medidas unilaterales de un Estado miembro frente a otro dentro del espacio de libre circulación.
