El escalafón de la Superintendencia de Sociedades, adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se nutre de los estados financieros que las sociedades comerciales y algunas empresas estatales con actividad mercantil están obligadas a reportar cada año. La entidad ordena el listado según los ingresos operacionales brutos, sin depurar por sector ni por naturaleza jurídica del reportante, de modo que petroleras, comercializadoras de energía, grandes superficies y empresas de servicios públicos compiten en la misma tabla. Es uno de los referentes más consultados para medir el desempeño corporativo en el país.
Que una empresa industrial y comercial del Estado como Emcali entre en ese listado, dominado históricamente por conglomerados privados y multinacionales, tendría un significado que trasciende lo estrictamente contable. La compañía presta los servicios de acueducto, alcantarillado, energía eléctrica y telecomunicaciones en Cali, capital del Valle del Cauca, una ciudad de más de dos millones de habitantes, y en varios municipios aledaños.
Un historial marcado por la intervención
Su naturaleza jurídica somete a Emcali a controles simultáneos de la Contraloría General de la República, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y, en materia societaria, la propia Superintendencia de Sociedades, una vigilancia más estrecha que la de cualquier empresa privada de tamaño comparable. Ese entramado de control convive con un pasado financiero difícil: en la década de 2000, ante el riesgo de liquidación, la empresa fue intervenida por el Gobierno nacional en uno de los episodios más críticos de la administración pública en el suroccidente colombiano.
Aquella intervención, ordenada para evitar el colapso de los servicios de acueducto y energía, dio inicio a un proceso de saneamiento que se ha extendido, con avances y retrocesos, durante casi dos décadas. El eventual ingreso al escalafón respondería, según la entidad, a ajustes en el recaudo, renegociación de pasivos y mejoras en la eficiencia operativa de sus unidades de negocio.
El alcance exacto de las cifras que sustentarían el ascenso queda pendiente de la publicación oficial y detallada del escalafón por parte de la Superintendencia de Sociedades. La Contraloría General de la República, que audita anualmente los estados financieros de la empresa, no se ha pronunciado sobre este resultado específico, y la dirección de Emcali no ha ofrecido declaraciones públicas adicionales a las que motivaron la difusión de la noticia.
Las empresas de servicios públicos domiciliarios en Colombia manejan ingresos operacionales considerables por el carácter regulado y masivo de sus tarifas, pero históricamente pocas de naturaleza estatal municipal habían logrado situarse entre las primeras posiciones a escala nacional, un terreno copado por petroleras, comercializadoras de energía de cobertura nacional y grandes superficies comerciales.
La administración municipal de Cali, propietaria mayoritaria de Emcali y de la que depende en última instancia su control accionario, ha señalado en ocasiones anteriores que el fortalecimiento financiero de la empresa es una prioridad de gestión, dado su peso en el empleo formal de la región y su papel como principal prestador de servicios básicos.
Organizaciones sindicales y sociales que han seguido la evolución de la empresa han insistido, en distintos momentos, en que cualquier mejora en los indicadores financieros debe traducirse en inversión efectiva en infraestructura y en la calidad del servicio a los usuarios, y no únicamente en cifras de balance. Ese reclamo, recurrente en los debates de control político del Concejo de Cali sobre la gestión de la empresa, seguiría vigente al margen del resultado en el escalafón.
El hecho coincide con un momento en que el Gobierno nacional impulsa iniciativas relacionadas con el fortalecimiento de las empresas industriales y comerciales del Estado, un debate presente en el Congreso de la República en discusiones sobre el Presupuesto General de la Nación y el papel de las entidades públicas en sectores estratégicos como energía y servicios públicos.
De confirmarse por la propia Superintendencia de Sociedades con la publicación oficial del escalafón correspondiente al último periodo fiscal reportado, el caso de Emcali podría convertirse en un referente de gestión para otras empresas públicas municipales que enfrentan dificultades similares a las que atravesó la compañía caleña.
Queda por verse si el resultado se sostiene en los próximos ciclos de reporte financiero y si la Contraloría General valida, en sus auditorías periódicas, las cifras que habrían permitido el ascenso. También será clave la reacción del Concejo de Cali, que podría citar a debate de control político a los directivos de la empresa para que expliquen en detalle los factores del salto en el escalafón nacional.
