El presidente de RTVE, José Pablo López, no ha reconocido públicamente esta nueva petición. En su comparecencia del 22 de septiembre en el Congreso, el diputado del PP Vicente Azpitarte le preguntó directamente por el importe que la cadena iba a solicitar este año a la SEPI, sin obtener respuesta.
«Dígame, señor López, ¿qué importe adicional de la SEPI va a necesitar este año para aparentar que cumple su compromiso?», preguntó el diputado del PP Vicente Azpitarte, según consta en el diario de sesiones del Congreso.
Tampoco respondió en la sesión de julio, cuando la diputada popular Arenales Serrano le recordó el montante acumulado de ayudas extraordinarias: 163 millones de euros entre 2024 y 2025. Fuentes internas de la cadena atribuyen parte de la presión presupuestaria a gastos imprevistos de este ejercicio, como el Mundial de Fútbol de Estados Unidos y los Juegos Olímpicos de Invierno, en un año en el que la corporación sigue sin presupuestos propios desde 2023.
El propio López había explicado en una comparecencia anterior ante el Congreso, a una pregunta del PP, que los 63 millones recibidos en 2025 no se habían llegado a gastar y permanecían registrados en la contabilidad de RTVE, sin que trascendieran entonces más detalles sobre el destino final de esos fondos.
El pleito del IVA que roza los 1.000 millones
Al margen de la aportación de la SEPI, el Gobierno prepara un nuevo real decreto para que sea la Administración pública quien asuma ante Hacienda el pago del pleito del IVA si los tribunales acaban dando la razón a la Agencia Tributaria. Según el auditor de RTVE, ese agujero rondaría ya los 1.000 millones de euros, una cifra que la propia corporación rebaja de forma considerable.
Un decreto anterior con el mismo objetivo fue tumbado en la sesión ordinaria de las Cortes. El Ejecutivo plantea ahora llevar una nueva versión a la Diputación Permanente, el órgano que mantiene la actividad parlamentaria cuando las Cortes no están reunidas y en el que no se sienta Junts, mientras el PSOE y el resto de sus socios conservarían la mayoría necesaria para sacarlo adelante.
El mecanismo de aportaciones extraordinarias de la SEPI a RTVE arrastra un origen conocido: la corporación carga déficits estructurales desde la supresión de la publicidad en 2010, cubiertos mediante tasas a los operadores y aportaciones del Estado que se han repetido por encima de lo previsto en el contrato programa vigente. La tensión financiera convive con decisiones que afectan al bolsillo del ciudadano y que llegan al debate parlamentario, como las que rodean a la vivienda y a los pronunciamientos de Feijóo, caso de que un okupa pueda quedarse años en una casa con un ticket de pizza.
El Comité Intercentros de RTVE, con mayoría de UGT y el Sindicato Independiente, ambos próximos a la dirección, trasladó en una nota interna tras una reunión reciente con la corporación que el Gobierno aprobará un decreto para redefinir el coste neto del servicio público. Según esa misma nota, antes de que el Ejecutivo entre en funciones se elaborará un nuevo contrato programa basado en el Mandato Marco, en vigor como marco regulador de los objetivos y la financiación de la televisión pública.