La preocupación por la jubilación entre los españoles alcanza una valoración media de 4,4 sobre 5 puntos, según el mismo sondeo, que recoge además que la mayoría de los encuestados cree que su futura pensión quedará por debajo de sus necesidades, frente a un 35% que confía en que será suficiente. Pese a ese nivel de inquietud, la mitad de los encuestados no ahorra para la jubilación, y entre los que no lo hacen, un 65% tampoco tiene intención de empezar a hacerlo, según los datos del grupo.
Entre quienes sí ahorran, el 75% aporta menos de 5.000 euros al año y lo hace, en su mayoría, sin ninguna planificación previa. El estudio detecta además que la sensibilidad hacia el ahorro complementario es mayor entre las personas con estudios superiores, lo que apunta a una brecha formativa en la cultura financiera del ahorro para la jubilación.
Para Garralda, la solución pasa por generalizar la adscripción automática a los planes de empleo, un mecanismo por el que los trabajadores quedan inscritos por defecto salvo que decidan expresamente no participar. El presidente de Mutua Madrileña defendió que ese modelo debe combinar aportaciones de trabajadores y empresas, mecanismos efectivos de salida voluntaria, incentivos adaptados a rentas bajas y una implantación gradual que tenga en cuenta la elevada presencia de pymes, autónomos y trabajadores con carreras laborales discontinuas.
«La adscripción automática a planes de empleo es clave para lograr una sistema de previsión social más sólido», Ignacio Garralda, presidente del Grupo Mutua Madrileña.
El informe sitúa a Reino Unido como referencia internacional por haber implantado ya un sistema de adscripción automática a planes de empleo, aunque advierte de que cada país debe adaptar el modelo a su propio mercado laboral y evaluar su impacto antes de trasladarlo sin más. En España, menos de la mitad de los trabajadores que ya cuentan con un plan de empleo realiza aportaciones adicionales a las que efectúa su empresa, lo que limita el efecto acumulativo del ahorro complementario incluso entre quienes ya participan del sistema.
El coste fiscal del envejecimiento
El trasfondo de estas cifras es la presión creciente sobre las cuentas públicas. Según los datos recogidos en el informe, las transferencias del Estado necesarias para sostener el gasto en pensiones podrían alcanzar los 60.000 millones de euros en 2026, el equivalente al 3,5% del PIB español. La Comisión Europea señala a España como uno de los países con un desarrollo «más limitado» de las pensiones complementarias y, al mismo tiempo, sometido a mayores presiones fiscales y de suficiencia del sistema. Bruselas calcula que España será el país donde el gasto en pensiones tenga mayor impacto en términos de PIB, hasta el 16,2%.
Ese diagnóstico no es nuevo. La reforma de las pensiones de 2021 y 2023 introdujo el Mecanismo de Equidad Intergeneracional y revisó el sistema de cotización de autónomos para reforzar los ingresos del sistema público, sin lograr todavía un desarrollo comparable al de otros países europeos en el pilar complementario de empresa, que en economías como la neerlandesa o la danesa cubre a la práctica totalidad de los asalariados.
La patronal también alerta sobre la situación. Olimpia del Águila, responsable de Seguridad Social e Igualdad del Departamento de Empleo, Protección Social e Igualdad de la CEOE, defendió que la verdadera reforma del sistema debe partir de consensos y de un clima en el que «la negociación colectiva tenga facilidad de pactar», como vía para extender la penetración de los planes de empleo entre las empresas españolas, donde predominan las pymes con menor capacidad de ofrecer este tipo de beneficios sociales.
Desde Comisiones Obreras, el secretario de Políticas Públicas y Seguridad Social, Carlos Bravo, defendió también el modelo de adscripción automática, conocido como autoenrolment, aunque puso el acento en otro problema de fondo: «la clave es la distribución de rentas». Bravo apuntó a lo que considera «una distribución insana del ahorro» como uno de los obstáculos principales para que el ahorro complementario llegue de forma equitativa a los trabajadores con menores salarios, que son precisamente los que menos margen tienen para aportar de su bolsillo a un plan de pensiones.
El contraste entre el diagnóstico compartido por patronal y sindicatos y la lentitud de las reformas efectivas retrata una de las paradojas del debate español sobre pensiones: existe consenso sobre el problema, pero no sobre el ritmo ni la fórmula concreta para resolverlo, en un contexto de tensión energética que también afecta a la economía de los hogares, como refleja la subida del gas natural a máximos desde diciembre de 2022 justo antes del invierno.
Seguridad y rentabilidad, los criterios valorados
El informe de Mutua Madrileña recoge las preferencias de los españoles a la hora de elegir un producto de ahorro para la jubilación: la seguridad, la rentabilidad y la liquidez son los criterios más valorados, y los planes de pensiones individuales siguen siendo el producto más contratado, por delante de los planes de empleo promovidos por las empresas. Respecto a las pensiones ya en cobro, la percepción de los encuestados cambia: la mayoría las considera «relativamente suficiente», lo que según el estudio ha evitado que la mayoría de los jubilados actuales tenga que alterar de forma significativa su patrón de gastos.
Esa doble percepción —preocupación por el futuro, relativa conformidad con el presente— es, según el informe, parte de la explicación de por qué la inquietud declarada por los encuestados no se traduce en decisiones de ahorro concretas. El Grupo Mutua Madrileña sitúa el reto de ampliar la cobertura de los planes de empleo hasta los 11 millones de trabajadores en 2030 como el objetivo de referencia para medir si España logra cerrar la distancia que hoy la separa de otros sistemas europeos de previsión social complementaria.