De momento pesa más la lectura del gasto que la de los tribunales. El mercado digirió a la vez dos impactos de naturaleza distinta, el operativo del trimestre y el judicial, y la cotización reflejó a lo largo de la sesión que la inquietud se concentraba en el ritmo de inversión más que en la sanción recién conocida.
La compañía registró un beneficio neto de 9.860 millones de dólares (8.803 millones de euros) entre julio y septiembre, un 264% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. Los ingresos sumaron 64.601 millones de dólares (57.671 millones de euros), con un avance del 26% interanual. El beneficio operativo, sin embargo, cayó un 36%, hasta los 12.988 millones de dólares (11.594 millones de euros).
Entre el beneficio neto y el resultado operativo se abre una distancia que explica todo el trimestre. Los costes totales crecieron un 68% y absorbieron un cargo de 9.890 millones de dólares (8.827 millones de euros) vinculado al acuerdo de 18.000 millones de dólares (16.066 millones de euros) alcanzado con un grupo de fiscales estatales para cerrar el proceso por el diseño adictivo de las redes sociales. El gasto en investigación y desarrollo avanzó un 32%, y la dirección elevó su previsión de inversión en capital para el conjunto del año a un rango de entre 135.000 y 145.000 millones de dólares (de 120.000 a 130.000 millones de euros).
«Los beneficios que la inteligencia artificial aporta al negocio principal, junto a los avances en modelos y lanzamientos, nos posicionan para mantener un sólido crecimiento general de los ingresos a lo largo de 2027», defendió Susan Li, directora financiera de Meta.
El beneficio neto se dispara por la base de comparación mientras el resultado operativo se contrae: la fotografía real del trimestre es la del coste, no la del crecimiento publicitario, que sigue siendo sólido pero ya no explica por sí solo la reacción bursátil.
La multa que llega desde Cambridge Analytica
Horas antes de la publicación de las cuentas, el estado de Nuevo México dio a conocer la sanción de 25.000 millones de dólares. El magistrado Francis Mathew consideró probado que Meta vulneró la ley neomexicana de protección de datos en más de 43 millones de ocasiones, con una penalización de 5.000 dólares (4.456 euros) por cada transgresión. El caso arranca del escándalo de Cambridge Analytica, destapado en 2018, cuando se reveló que datos de millones de usuarios de Facebook se habían empleado con fines de perfilado político sin consentimiento.
El importe se computa fuera del trimestre conocido este miércoles y no está recogido en el beneficio neto de 9.860 millones. Su encaje en las cuentas del cuarto trimestre dependerá de si Meta decide provisionar la cifra o recurrir la resolución, una decisión sobre la que el mercado todavía no tenía respuesta en el momento de la apertura bursátil.
La densidad del calendario judicial es lo que más incomoda al inversor institucional. BlackRock, Vanguard y Capital Group figuran entre los mayores accionistas de la tecnológica, con posiciones construidas a largo plazo que no se mueven por un trimestre, pero cualquier cargo recurrente en el capítulo legal entra de lleno en la valoración por descuento de flujos.
El castigo viene del capex, no de la multa
La lectura de la sesión apunta en otra dirección: el mercado ya había descontado parte del riesgo legal y lo que penaliza es la revisión al alza del gasto de capital hasta los 145.000 millones de dólares, un volumen que exige años de monetización para justificar el múltiplo actual. La comparación con Alphabet y Microsoft resulta inevitable, porque ambas compiten por la misma infraestructura de cómputo y soportan idéntica pregunta sobre el retorno de la inteligencia artificial.
El contraste con Snap y con otras plataformas de menor escala explica el distinto castigo bursátil. Esas compañías no afrontan un ciclo de inversión tan agresivo, pero tampoco cuentan con la generación de caja publicitaria de Meta, cuyos ingresos crecen a doble dígito. El problema no es el negocio; es el ritmo al que se le exige financiar el siguiente ciclo.
La sanción de Nuevo México no es un hecho aislado, sino la prolongación de un patrón que Meta arrastra desde 2018. El acuerdo de 18.000 millones con los fiscales estatales, contabilizado parcialmente en este trimestre, y ahora la resolución neomexicana dibujan un pasivo que la compañía gestiona a base de cheques sucesivos. Cada episodio se negocia, se provisiona y se comunica; el mercado lo ha interiorizado como un coste estructural del modelo de negocio.
Conviene matizar el peso relativo de la cifra. Con unos ingresos trimestrales de 64.601 millones de dólares, la multa de 25.000 millones equivale al 39% de la facturación de un trimestre y a 2,5 veces el beneficio neto del periodo. Es una cifra material: si el recurso prospera, el desembolso se reducirá; si no, Meta afrontará uno de los mayores pagos únicos de su historia por protección de datos. El episodio ilustra que el apalancamiento —ya sea corporativo o soberano, como el que refleja la deuda pública española en 35.399 euros por habitante según Eurostat— exige siempre una cuenta de retorno que tarde o temprano se presenta.
El consenso deja al valor en una posición frágil a corto plazo: el beneficio neto batió expectativas por la vía extraordinaria, no por la operativa. Los títulos cotizaban con una caída del 5,5% desde el cierre previo y el nivel de 648,26 dólares marcará la referencia técnica de las próximas sesiones. El negocio publicitario sostiene el caso de inversión; el gasto y los tribunales, la duda.