La disolución del Parlamento no ha frenado al colectivo, que ha aprovechado el paréntesis electoral para intensificar su presión institucional. En las reuniones con los grupos expondrá la situación de las siete iniciativas afectadas, las fechas desde las que permanecen en fase de enmiendas, las 563 ampliaciones acumuladas y la dimensión social y económica de los colectivos implicados. Los encuentros, según el propio Frente Cívico, continuarán ante los representantes que conformen las próximas Cortes Generales.
La petición se dirigirá a todas las fuerzas políticas excepto al PSOE, al que el colectivo responsabiliza directamente de la situación. Reclama que no se repita «como han hecho el PSOE y Sumar en esta legislatura» la estrategia de bloqueo, y que «las reivindicaciones de estos colectivos encuentren cauce parlamentario y puedan llegar al debate y la votación».
Siete leyes con cientos de prórrogas
El escrito remitido a la Diputación Permanente detalla el estado de las siete proposiciones de ley bloqueadas. La más antigua, la bajada del IVA para el colectivo de belleza e imagen personal, lleva paralizada desde diciembre de 2023 con 102 ampliaciones del plazo de enmiendas. Le siguen la ley contra la ocupación ilegal, pendiente desde 2024 con 96 prórrogas; la ley de Montes, con 95 desde enero de 2024; la reforma de la Ley de Costas, con 91 desde el mismo año; los beneficios fiscales para las víctimas de la talidomida, con 84; la ley de medidas integrales contra la ocupación, con 53 desde enero de 2025; y la protección de núcleos urbanos tradicionales, con 42 desde abril de 2025.
El Frente Cívico sostiene que el fin de la legislatura no altera su decisión de formalizar la reclamación. El colectivo reclama conocer «las solicitudes de ampliación, los acuerdos adoptados, las razones o motivaciones que los sustentan y los informes que, en su caso, hayan servido de fundamento».
«Detrás de ellas hay ciudadanos, trabajadores, propietarios y familias que llevan años esperando que asuntos que les afectan puedan encontrar respuesta parlamentaria», señala el Frente Cívico por la Calidad Democrática en su escrito a la Diputación Permanente.
El amparo del Constitucional al PP
El ritmo de las ampliaciones de plazo de enmiendas, que la Mesa que preside la socialista Francina Armengol impulsó con el apoyo de Sumar, es el mecanismo que permite mantener una iniciativa en tramitación sin llevarla a debate ni a votación en el Pleno, de modo que una proposición puede permanecer años congelada en fase de enmiendas. El colectivo se constituyó después de que el Tribunal Constitucional diera la razón al Grupo Popular, que había solicitado amparo frente al bloqueo de iniciativas por parte de la mayoría del PSOE y Sumar en la Mesa del Congreso. En su sentencia, el tribunal acusó a Armengol de recurrir a «subterfugios» para evitar la tramitación de las leyes, un pronunciamiento que el Frente Cívico invoca ahora como respaldo jurídico.
El colectivo enmarca su reclamación en un argumento de fondo sobre el funcionamiento institucional, y sostiene que «la prolongación de la fase de enmiendas durante años plantea, para los colectivos, un problema de calidad democrática». La reivindicación llega en paralelo a la campaña del 29-N, en la que el PP ya ha presentado su «Contrato con España» con 15 compromisos.
«La soberanía reside en la ciudadanía y consideran que las instituciones tienen la responsabilidad de dar cauce a esa participación», afirma el Frente Cívico por la Calidad Democrática.
