El viaje se enmarca en la conmemoración de dos décadas de presencia militar española en la FINUL, creada en 1978 por la Resolución 425 del Consejo de Seguridad y reforzada en 2006 mediante la Resolución 1701, que puso fin a la guerra de aquel verano entre Israel y el partido-milicia chií Hezbolá. España se incorporó a la misión tras el fin de ese conflicto y desde entonces ha mantenido una presencia continuada que la ha situado como una de las naciones con mayor peso dentro del dispositivo internacional. En su recorrido por la base, Robles compartió con la tropa destacada las muestras de reconocimiento que, según señaló, reciben en España «por su profesionalidad y entrega allí donde se les requiere», e insistió en que ese compromiso se mantiene «pese a los momentos difíciles que atraviesa la zona».
Esa alusión apunta al deterioro de la seguridad regional derivado de los ataques israelíes y del repunte de la violencia tras la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra instalaciones iraníes a comienzos de este año. Según la información difundida por el Ministerio de Defensa, Robles sostuvo que «gracias a su trabajo, España contribuye a la paz en el mundo y a poder ayudar a la población civil, que siempre sufre, muy de cerca e injustamente, las consecuencias de una situación de conflicto». La ministra defendió además el prestigio institucional de las Fuerzas Armadas, de las que dijo que «no es casualidad» que sean, según su valoración, la institución mejor valorada, y que «su uniforme proporciona seguridad a todos los que tienen la oportunidad de tenerles cerca».
El cometido en la Línea Azul
El contingente español, de casi 700 efectivos, lidera el sector suroriental de la misión, bajo cuyo mando operan también unidades de India, Nepal, Serbia y otras nacionalidades. Su cometido consiste en patrullar y vigilar la Línea Azul —la línea de retirada trazada por la ONU en 2000 tras la salida de las tropas israelíes del sur libanés—, coordinarse con las Fuerzas Armadas libanesas y supervisar el cumplimiento de la Resolución 1701, que exige el desarme de las milicias al sur del río Litani y la ausencia de fuerzas armadas ajenas al Estado libanés en esa franja. Los cascos azules operan sin capacidad ejecutiva propia: su mandato se limita a funciones de observación, interposición y asistencia.
La Resolución 1701 ha sido, desde su aprobación, motivo de fricción constante entre las partes. Israel ha denunciado en repetidas ocasiones que Hezbolá mantiene capacidad militar en la zona pese al mandato de desarme, mientras que Líbano y la propia ONU han acusado a Israel de violar la soberanía libanesa con sobrevuelos y ataques selectivos. La escalada de este año tras la ofensiva israelí-estadounidense contra Irán ha añadido una capa adicional de inestabilidad a un escenario que la FINUL debe gestionar en primera línea.
El propio Gobierno libanés, a través de sus Fuerzas Armadas, mantiene una coordinación directa con la misión en la vigilancia del sur del país, en un contexto en el que Beirut afronta simultáneamente una crisis económica prolongada, la presión israelí para el desarme de Hezbolá y las tensiones internas de su sistema político confesional, heredado de los acuerdos de Taif de 1989 que pusieron fin a la guerra civil libanesa. Irán, principal valedor de Hezbolá desde su fundación en 1982 durante la ocupación israelí del sur de Líbano, es otro de los actores cuya reacción condiciona la estabilidad de esa frontera.
La presencia española en Líbano se inscribe en una tradición de participación en misiones internacionales de paz que se remonta a los años noventa, cuando España empezó a desplegar tropas en los Balcanes tras los acuerdos de Dayton de 1995, consolidada desde entonces como uno de los ejes de la política de defensa. A diferencia de la operación en Afganistán, cerrada en 2021 con la retirada de la OTAN, la misión en Líbano se ha mantenido estable durante dos décadas, aunque no ha estado exenta de incidentes: en 2007, un atentado con coche bomba costó la vida a seis militares españoles en la zona.
El despliegue se enmarca en la Ley Orgánica de la Defensa Nacional y en la normativa que regula la participación de las Fuerzas Armadas en el exterior, que exige autorización previa del Congreso de los Diputados. El mandato de la FINUL lo renueva anualmente el Consejo de Seguridad y el actual expira el 31 de diciembre de 2026. Su continuidad ha sido objeto de debate dentro del propio Consejo: Estados Unidos ha planteado en ocasiones reducir su alcance o presupuesto, mientras que países como Francia y España han defendido mantenerla como elemento estabilizador en una de las fronteras más volátiles de Oriente Próximo.
De cara a los próximos meses, el foco se sitúa en si el Consejo de Seguridad prorroga el mandato más allá del 31 de diciembre y en qué términos, y en la evolución de la tensión entre Israel y Hezbolá, que en las últimas semanas ha registrado episodios de violencia seguidos con preocupación por el Gobierno español y otros socios europeos por su impacto sobre la seguridad de los contingentes desplegados, entre ellos el español.
