El caso se centra en el manejo de los recursos de la campaña que llevó a Gustavo Petro a la Casa de Nariño en 2022. La Fiscalía investiga si esa campaña presidencial superó los topes de financiación autorizados y si, para ocultar ese exceso, se habrían modificado u omitido facturas que reflejaran el origen real de los aportes recibidos. Según el ente acusador, ese exceso configuraría el delito de violación de topes electorales.
Roa, quien fungió como gerente de la campaña y posteriormente fue designado por Petro al frente de Ecopetrol, es investigado en ese proceso, sin que se haya surtido audiencia de imputación formal según lo previsto en la Ley 906 de 2004, que rige el sistema penal acusatorio. Su situación procesal corresponde todavía a la etapa previa a cualquier imputación de cargos.
El eventual acuerdo tendría como propósito zanjar el proceso antes de que la Fiscalía radique el escrito de acusación, la pieza procesal en la que se exponen ante los jueces los elementos materiales probatorios y la evidencia física recaudada durante la investigación. Una vez radicado ese escrito, el caso pasa a manos de un juez penal y se activa la etapa de juicio.
Preacuerdo o principio de oportunidad: dos caminos con efectos distintos
Las dos vías que se habrían explorado en la reunión tienen consecuencias diferentes. Un preacuerdo implica que el investigado admite responsabilidad penal a cambio de beneficios punitivos, como una rebaja de pena, y normalmente desemboca en una sentencia condenatoria negociada. El principio de oportunidad, en cambio, permite a la Fiscalía suspender, interrumpir o renunciar a la persecución penal cuando el indiciado aporta información relevante para esclarecer hechos de mayor trascendencia, lo que en la práctica lo convertiría en testigo del proceso. Esta figura fue incorporada al ordenamiento penal con la reforma constitucional que dio paso al sistema penal acusatorio, vigente desde 2005, y su aplicación requiere aval de un juez de control de garantías.
Roa enfrenta, además, un segundo proceso ante la Fiscalía por un presunto tráfico de influencias relacionado con la compra de un apartamento de alto valor en el norte de Bogotá. Según la investigación, los vendedores del inmueble habrían resultado ser, tiempo después, contratistas de Ecopetrol, la petrolera estatal que Roa presidió tras la posesión de Petro. Ese expediente avanza de manera independiente al de la financiación de la campaña.
El antecedente Samper y el peso histórico de la financiación de campañas
El precedente más citado en la historia política colombiana en materia de financiación irregular de campañas es el del expresidente Ernesto Samper, cuyo llamado Proceso 8.000, por el ingreso de dineros del Cartel de Cali a su campaña de 1994, marcó un antes y un después en la manera en que la justicia colombiana aborda estos delitos. Aquel expediente se ventiló ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes por tratarse de un presidente en ejercicio, y concluyó en 1996 con la preclusión decidida por esa comisión, un desenlace que abrió un largo debate sobre la fiscalización de los topes electorales en el país.
La Fiscalía General de la Nación no se ha pronunciado públicamente sobre el estado de las conversaciones con la defensa de Roa ni ha confirmado si existe un principio de acuerdo. Tampoco ha trascendido una posición oficial de la defensa del exgerente de campaña.
Desde la Casa de Nariño no se ha emitido pronunciamiento alguno sobre el proceso que enfrenta quien fuera una de las figuras de mayor confianza del presidente Petro, tanto en la campaña de 2022 como al frente de la petrolera estatal.
El desenlace de esta negociación tiene relevancia no solo para Roa, sino para el proceso judicial en su conjunto: un principio de oportunidad convertido en testimonio podría aportar elementos sobre el manejo financiero de la campaña que resultarían de interés para otras líneas de investigación en torno a la contienda presidencial de 2022.
De concretarse un preacuerdo, correspondería a un juez de conocimiento avalar los términos pactados entre la defensa y la Fiscalía, incluida la pena a imponer, antes de proferir la sentencia. Si se optara por el principio de oportunidad, la decisión deberá someterse a control de legalidad ante un juez de garantías, que verificará que la medida no vulnere los derechos de las víctimas ni el interés general en la persecución del delito.
Por ahora, ni la Fiscalía ni la defensa han fijado plazos públicos para resolver la negociación, aunque se espera que en los próximos días se conozca si Roa opta por aceptar cargos, busca convertirse en testigo o si, por el contrario, el caso continúa su curso ordinario hacia la radicación del escrito de acusación.
