El catedrático advirtió de que, de mantenerse la tendencia actual sin cambios estructurales, España podría enfrentarse en el futuro a incendios de dimensiones aún mayores. "Si seguimos sin hacer nada, en un futuro tendremos incendios de un millón de hectáreas en Pirineos o la Cordillera Cantábrica", señaló, una magnitud que multiplicaría por muchas veces los mayores fuegos registrados hasta ahora en el país.
La advertencia se apoya en un patrón documentado: cuatro de los cinco mayores incendios de la historia reciente de España se han producido en los últimos cuatro años. Especialistas en gestión forestal vienen señalando esa concentración como síntoma de un cambio de escala del fenómeno, vinculado tanto al abandono del medio rural como a la intensificación de las olas de calor y sequía.
Según la lectura crítica del catedrático, el pacto de Estado impulsado por el Ejecutivo reuniría un catálogo de medidas dispersas —refuerzo de medios, ayudas a la gestión forestal, coordinación interautonómica— sin abordar de forma prioritaria lo que a su juicio constituye el núcleo del problema: la capacidad efectiva de los equipos de extinción. "La solución no pasa por tener más hidroaviones, sino por lograr que los bomberos puedan apagar los incendios", defendió, en una distinción que remite al debate recurrente entre invertir en extinción visible frente a prevención estructural del territorio.
El experto reclamó además que un acuerdo de estas características trascienda la confrontación partidista. "El pacto de Estado debería ser posible: la casa se te va a quemar igual seas de izquierdas o de derechas", sostuvo, en la línea de reclamaciones que asociaciones de bomberos forestales llevan años planteando para dotar a la prevención de planes plurianuales al margen del ciclo electoral.
Un reparto de competencias que dificulta la respuesta unificada
El marco competencial español condiciona cualquier respuesta coordinada. La gestión forestal y la extinción de incendios corresponden mayoritariamente a las comunidades autónomas, mientras que el Estado, a través de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y de medios aéreos estatales, actúa en apoyo cuando la situación desborda la capacidad autonómica. Esta arquitectura, heredada del proceso de descentralización iniciado tras la Constitución de 1978, ha sido señalada en repetidas ocasiones como fuente de descoordinación en episodios de gran magnitud, desde los incendios de Galicia de 2006 hasta los de la Sierra de la Culebra en Zamora en 2022.
El incendio de la Sierra de la Culebra, que en junio de 2022 calcinó decenas de miles de hectáreas en pocos días, se cita habitualmente como precedente de la nueva escala de riesgo que preocupa a los ingenieros forestales. Aquel episodio, junto a los grandes fuegos de Tenerife en 2023 y a los sucedidos en los últimos veranos en el noroeste peninsular, ha alimentado el diagnóstico de que el patrón ha cambiado: menos siniestros, pero de mayor virulencia y velocidad de propagación, favorecidos por la acumulación de biomasa en montes abandonados.
El abandono rural figura entre los factores que los especialistas sitúan en el centro del problema. La despoblación del interior peninsular ha reducido la actividad agrícola y ganadera que tradicionalmente mantenía limpios los montes, convirtiendo amplias zonas rurales en combustible acumulado a la espera de una chispa y de condiciones meteorológicas propicias. Es el vacío que, según la exposición del catedrático, el refuerzo de medios de extinción por sí solo no cubre.
El Gobierno, por su parte, defiende el pacto como una respuesta coordinada entre administraciones para reforzar prevención y extinción, con incentivos a la gestión activa del monte, líneas de financiación para propietarios forestales y coordinación reforzada entre comunidades autónomas y Estado. El Ejecutivo lo presenta como un primer paso hacia un marco compartido inexistente hasta ahora de forma efectiva, dada la disparidad de recursos y estrategias entre territorios como Galicia, Castilla y León o Andalucía.
La política de prevención choca con los presupuestos disponibles. Las comunidades autónomas destinan históricamente una parte muy superior de sus recursos a la extinción que a la prevención, una proporción que expertos forestales denuncian desde hace más de una década como una de las causas estructurales de la escalada de grandes incendios, frente a modelos como el francés o el portugués, que reforzaron la gestión preventiva del monte tras sus propias tragedias.
El coste de los grandes incendios en España —sumando gastos de extinción, pérdidas agrícolas y ganaderas y daños al patrimonio natural— ha crecido con la intensificación del fenómeno, aunque no existen cifras oficiales consolidadas y homogéneas a nivel estatal que permitan una comparación exacta año a año, una carencia que distintos organismos técnicos reclaman subsanar mediante un registro nacional único de daños.
A partir de ahora, el pacto de Estado deberá concretarse en medidas normativas y presupuestarias específicas, previsiblemente a través de convenios con las comunidades autónomas y de la reforma de la legislación forestal, cuyo calendario definitivo no ha precisado el Ejecutivo. El verdadero test llegará con los próximos episodios de calor extremo, en los que se comprobará si el refuerzo de medios y la coordinación anunciada logran contener los fuegos antes de que alcancen las dimensiones que los expertos advierten que están por llegar.