La puesta en marcha del proceso de regularización de migrantes contemplado en el Real Decreto 316/2026 desbordó este miércoles las previsiones del Gobierno en un 27%: en las primeras 72 horas desde la apertura del trámite presencial, el 16 de abril, se registraron 60.000 citas en las oficinas de extranjería de todo el territorio nacional, frente al volumen que las administraciones habían proyectado absorber. Madrid concentró el mayor número de solicitudes, con 18.420, mientras las oficinas de Sevilla y Badalona registraron colas de hasta cinco horas de espera. Canarias y Menorca, en cambio, gestionaron el proceso sin incidencias reseñables.
Por qué importa este arranque
La saturación del primer tramo del proceso no es un dato administrativo menor. Los procesos de regularización masiva tienen consecuencias jurídicas y sociales de largo alcance —estabilización de situaciones jurídicas, acceso al mercado laboral formal, cotizaciones a la Seguridad Social— y cualquier disfunción en su fase inicial puede traducirse en exclusión de hecho de personas con derecho formal a participar. La desviación del 27% sobre las previsiones indica, además, que los cálculos de demanda sobre los que se dimensionó la operativa resultaron insuficientes, lo que abre interrogantes sobre la capacidad del sistema para absorber el volumen restante de solicitudes.
La geografía de la demanda
Madrid lidera el proceso con 18.420 solicitudes tramitadas o solicitadas en las primeras 72 horas, reflejo de su condición de principal destino de población migrante en España. Sevilla y Badalona protagonizaron las imágenes de mayor tensión: en ambas ciudades las esperas alcanzaron las cinco horas, lo que en la práctica supone que solicitantes que acudieron en horario de mañana no completaron el trámite hasta bien entrada la tarde. El contraste con Menorca y Canarias —donde el proceso transcurrió con fluidez— apunta a una disparidad en la ratio entre demanda local y capacidad instalada de cada delegación territorial.
La exclusión que genera conflicto
Al margen de la saturación logística, el arranque del proceso estuvo marcado por la protesta de colectivos saharauis que se manifestaron contra su exclusión del ámbito subjetivo del RD 316/2026. La situación jurídica de la población saharaui en España constituye desde hace décadas un capítulo singular en el derecho de extranjería: históricamente tratada de forma diferenciada por razones vinculadas al estatuto colonial del Sáhara Occidental, su encaje en los sucesivos marcos normativos de regularización ha generado controversia recurrente. La exclusión que denuncian estos colectivos en el proceso actual no ha sido contradicha ni confirmada por fuentes gubernamentales en el material disponible.
Qué es el RD 316/2026 y qué habilita
El Real Decreto 316/2026 es la norma que abrió el trámite presencial el pasado 16 de abril. Los procesos de regularización extraordinaria —conocidos en la jerga administrativa como 'arraigos' cuando afectan a casos individuales, o como regularizaciones colectivas cuando operan por vía reglamentaria— permiten a personas en situación irregular obtener una autorización de residencia o trabajo si acreditan el cumplimiento de los requisitos fijados en la norma, habitualmente relacionados con el tiempo de permanencia en el territorio, la inserción laboral o los vínculos familiares. El procedimiento presencial implica la comparecencia física ante las oficinas de extranjería dependientes de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno.
La capacidad del sistema bajo presión
La magnitud de la demanda registrada en el arranque —60.000 citas en 72 horas— sitúa el proceso entre los de mayor afluencia inicial de los últimos años en el ámbito de extranjería. La capacidad de respuesta de las oficinas territoriales depende de su dotación de personal, de los sistemas de gestión de citas y de la infraestructura física disponible, factores que varían considerablemente entre provincias. La saturación diferencial observada entre Sevilla o Badalona, por un lado, y Canarias o Menorca, por otro, sugiere que la distribución de recursos no se alineó con la distribución geográfica de la demanda potencial.
Las posiciones en conflicto
Las organizaciones saharauis que protagonizaron las protestas reclaman su inclusión en el proceso de regularización, aunque el material disponible no recoge declaraciones textuales ni la respuesta formal del Ejecutivo a esa demanda. El Gobierno, por su parte, no ha emitido —según los datos manejados— una valoración pública sobre la desviación del 27% respecto a las previsiones ni ha anunciado medidas correctoras para aliviar la presión sobre las oficinas más saturadas.
La incógnita de las próximas semanas
Si la demanda de las primeras 72 horas supera en un 27% lo previsto para ese período, la evolución del proceso dependerá de si el Gobierno refuerza la capacidad operativa de las delegaciones más tensionadas y de si el ritmo de solicitudes se modera o se mantiene elevado. Las regularizaciones masivas suelen concentrar la mayor presión en sus primeras semanas, cuando la urgencia de los solicitantes es mayor y el efecto llamada impulsa la demanda. La resolución del conflicto con los colectivos saharauis y la eventual revisión del ámbito de aplicación del RD 316/2026 constituyen, en paralelo, las dos variables políticas que condicionarán el relato del proceso en los próximos días.
