El problema está en el artículo 3.2 del decreto, que define el ámbito subjetivo de la regularización. El texto establece que podrán acogerse al proceso 'los nacionales de terceros países que se encuentren en situación administrativa irregular en territorio español y que acrediten arraigo social, laboral o formativo'. La clave está en la palabra 'nacionales': los saharauis con estatuto de apátrida no son 'nacionales de un tercer país'. Son, técnicamente, personas sin nacionalidad reconocida. Y esa distinción, que parece un tecnicismo, los deja fuera del decreto.
La cifra afectada, según el censo de la Delegación del Frente Polisario en España, es de aproximadamente 14.000 personas. De ellas, unas 9.800 residen en las comunidades autónomas del arco mediterráneo —Valencia, Cataluña, Andalucía y Murcia— y el resto en País Vasco, Madrid y Canarias. Muchas llevan más de una década en España, con arraigo acreditado, hijos escolarizados y trabajos en la economía regular o sumergida. Pero el decreto, al exigir la condición de 'nacional de un tercer Estado', las excluye de facto.
La denuncia del Frente Polisario ha sido directa y, por primera vez en años, ha encontrado eco en organismos internacionales. El ACNUR ha emitido un comunicado en el que 'lamenta la omisión' y recuerda que 'los apátridas merecen, según la Convención de 1954, un trato al menos equivalente al de los nacionales de terceros países en materia de regularización y acceso a derechos'. La referencia jurídica es precisa y difícil de rebatir.
En el Gobierno, la respuesta ha sido un ejercicio de equilibrismo. Por un lado, fuentes del Ministerio de Inclusión reconocen en privado que el vacío legal existe y que 'no fue intencionado'. Por otro, se niegan a admitir públicamente un error de redacción y prefieren encauzar la solución por 'vía reglamentaria': una orden ministerial complementaria que amplíe el ámbito subjetivo del decreto para incluir a los titulares de estatuto de apátrida. Esa orden, prometen, estará lista antes del 15 de mayo.
Pero la sospecha que planea sobre el caso es más incómoda que un simple vacío legal. El Frente Polisario, en un comunicado firmado por su representante en España, Abdulah Arabi, ha acusado al Gobierno de 'un olvido que huele a cálculo diplomático'. La acusación tiene un trasfondo preciso: en las últimas semanas, España ha intensificado su relación bilateral con Marruecos en materia migratoria —la propia regularización fue presentada por Moncloa como 'un marco coordinado con Rabat'— y cualquier gesto hacia la causa saharaui podría interpretarse, en Rabat, como un desaire.
El juego de espejos es, por tanto, triple. Para el Gobierno, se trata de un error técnico que se corregirá. Para el Polisario, es un gesto político disfrazado de técnica jurídica.
Las asociaciones saharauis en España han convocado concentraciones en Madrid, Barcelona y Valencia para el próximo martes. El tono, hasta ahora, ha sido de protesta pacífica pero firme. En los centros comunitarios saharauis de Vitoria y Pamplona —dos de las ciudades con mayor arraigo de esta comunidad—, el sentimiento dominante es el de 'una traición administrativa que nos recuerda que, para el Estado español, seguimos siendo invisibles'.
El desenlace más probable es que el Gobierno cumpla su promesa y amplíe el ámbito del decreto antes de mayo. Pero el daño político está hecho: una comunidad que ya se sentía olvidada ha encontrado en la letra pequeña de un decreto la confirmación de que sus peores sospechas eran fundadas. Y eso, en política migratoria, es un tipo de daño que no se repara con una orden ministerial.
