La propuesta exige que toda donación privada vaya acompañada de un documento diseñado por la Dirección de Fiscalización del Financiamiento Político del TE, en el que conste el origen de los fondos. Ese comprobante deberá remitirse electrónicamente al Tribunal al momento del depósito y formará parte del informe posterior de ingresos y gastos, lo que permitiría a la entidad conocer las operaciones de forma simultánea y no solo mediante una revisión posterior de las cuentas electorales.
"Por ello, el proyecto fortalece los mecanismos de fiscalización simultánea y concomitante del financiamiento político, procurando que la supervisión no se limite a una revisión posterior de las cuentas electorales, sino que permita al Tribunal Electoral conocer oportunamente las operaciones relevantes", dijo Narciso Arellano, magistrado del TE, al presentar el proyecto a finales de agosto.
Además del tope individual de $1,000 por donante, la reforma establece un límite global: las donaciones en efectivo no podrán superar el 7% del tope de financiamiento privado fijado para cada cargo. Aplicado a un candidato presidencial, ese porcentaje permitiría recibir hasta $700,000 en efectivo durante la campaña. Para un aspirante a diputado el máximo sería de $21,000; para un candidato a alcalde, $1,050; y para un representante de corregimiento, $700. En el caso de los aspirantes al Parlacen, el límite sería de $700, tomando como referencia el tope de $10,000 que fija el actual Código Electoral.
El Código Electoral vigente solo exige registrar mediante un formulario el nombre y número de cédula del donante, o el Registro Único de Contribuyente si se trata de una empresa, y depositar los fondos en una cuenta única en el Banco Nacional de Panamá o la Caja de Ahorros. La reforma añade a ese esquema la trazabilidad electrónica del dinero desde el momento en que ingresa.
El exfiscal electoral Boris Barrios ponderó la iniciativa y consideró válido reforzar los controles para evitar el ingreso de dinero proveniente del lavado de activos o del narcotráfico. "Eso es para mí la novedad", dijo. El abogado Edwin Vargas, quien participó en la mesa de la Comisión Nacional de Reformas Electorales por el partido Movimiento Otro Camino, calificó la propuesta como "un paso adelante en materia de prevención" y recordó que su colectividad había planteado durante esa discusión la figura de un oficial de cumplimiento para verificar el origen de los fondos.
Plazo de 45 días y multas al alza
La reforma también fija, por primera vez, un plazo de 45 días calendario tras la elección general para que los partidos entreguen, mediante declaración jurada suscrita por su representante legal y un contador público autorizado, el informe de ingresos y gastos de campaña. El código actual no establece fecha límite, un vacío que la propuesta busca cerrar con sanciones económicas: la multa para los tesoreros de candidatos presidenciales pasaría de $2,000 a $4,000, y la de los tesoreros de candidatos a diputado, de $1,000 a $2,000.
El volumen de recursos privados que circula en una elección panameña se cuenta en decenas de millones. Según el Informe a la Nación 2024 del Tribunal Electoral, los candidatos declararon $29.2 millones en gastos con cargo al financiamiento privado en las elecciones de ese año, frente a $34.9 millones en los comicios de 2019, una caída de unos $5.8 millones, o cerca del 16.5%. Solo las campañas presidenciales declararon gastos privados por $9.4 millones en 2024, frente a $13.2 millones cinco años antes.
La debilidad del control se hizo visible tras las generales de 2024: 923 excandidatos no proclamados, de un total de 6,876 que participaron en la contienda, no entregaron o entregaron tarde sus informes de financiamiento privado, según el TE. Una medición distinta, de la plataforma La Ruta de la Plata, de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, contabilizó $21.3 millones en ingresos privados reportados por las candidaturas que analizó en 2024, cifra que no es directamente comparable con la de gastos declarados ante el Tribunal.
La discusión se suma a otras iniciativas que la Asamblea Nacional tramita en materia de fiscalización y transparencia, como el anteproyecto que castiga con siete años usar inteligencia artificial para difamar, también en la Comisión de Gobierno. El paquete electoral aún debe superar sus tres debates antes de pasar a la sanción del Ejecutivo.