El artículo 147 de la Constitución obliga al TE a reordenar los circuitos electorales atendiendo a los cambios en la población, con el fin de ajustar la representación a la realidad demográfica. Los magistrados han sostenido que ese reordenamiento debe producirse cada diez años y que la asignación de curules debe atender criterios de proporcionalidad. El TE defiende que la propuesta es estrictamente técnica y no busca favorecer ni perjudicar a ninguna fuerza política.
La iniciativa acumula dos rechazos. En 2018, el TE presentó una primera versión que quedó archivada en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, entonces presidida por el diputado panameñista Carlos Santana. Tres años más tarde, en 2021, el organismo electoral volvió a intentarlo. En marzo de 2022, con la comisión presidida por el entonces diputado Víctor Castillo, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), solo se avaló el cambio de nomenclatura de los circuitos, pero no la redistribución de curules que reclamaba el TE.
El proyecto regresa ahora a un escenario distinto al de hace cuatro años, aunque en la Asamblea permanecen diputados que en el pasado mostraron oposición a la redistribución. «Estamos morosos con la sociedad», reconoció el magistrado Guerra sobre la demora en cumplir el mandato constitucional.
San Miguelito y el casco central pierden peso
El movimiento más significativo recae sobre el distrito de San Miguelito. El circuito 8-2 pasaría de elegir siete diputados a seis, como consecuencia de la caída poblacional: de unos 350,000 habitantes en 2014 a aproximadamente 280,000 en 2024, según cifras oficiales citadas por el magistrado. «Disminuyó tanto que no tiene derecho a un séptimo diputado, tiene derecho a seis diputados», aseguró Guerra.
La pérdida de representación alcanzaría también a dos circuitos del distrito de Panamá. El 8-3 —que abarca Ancón, Betania, Bella Vista, Pueblo Nuevo, El Chorrillo, Curundú, Calidonia, Santa Ana y San Felipe— pasaría de cinco a cuatro curules. El 8-4, integrado por Río Abajo, San Francisco, Parque Lefevre, Juan Díaz y Don Bosco, sufriría el mismo recorte, de cinco a cuatro diputados.
Panamá Oeste y el este del distrito ganan curules
En sentido contrario, Panamá Oeste y el sector este del distrito capitalino serían los principales beneficiados. Arraiján, correspondiente al circuito 13-1, pasaría de tres a cuatro diputados, y La Chorrera, circuito 13-4, tendría el mismo incremento. El circuito 8-6 —que agrupa a 24 de Diciembre, Tocumen, Las Mañanitas, Pedregal, Pacora, San Martín y Las Garzas— pasaría de cuatro a cinco diputados.
Guerra descartó cualquier lectura política del reacomodo. «Esto es un tema eminentemente legal. No hay ningún capricho de nosotros de decir que, por ejemplo, en San Miguelito se le va a poner uno y que al otro se le sume una curul. No, no, no», sostuvo el magistrado, quien remitió de nuevo al artículo 147 de la Constitución como fundamento de la redistribución.
La propuesta mantiene la estructura general del mapa: se conservan los 39 circuitos vigentes, de los cuales 26 son uninominales y 13 plurinominales, sin creación de nuevas circunscripciones ni modificación del número total de diputados de la Asamblea Nacional.
El primer filtro será, de nuevo, la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, la misma instancia donde el proyecto quedó frenado en las dos ocasiones anteriores. En 2021, cuando el TE presentó la iniciativa por segunda vez, esa comisión estaba presidida por el entonces diputado perredista Crispiano Adames, representante del circuito 8-3, precisamente uno de los que perdería una curul con la fórmula del TE.
El precedente de los dos intentos fallidos apunta a la fricción entre el mandato demográfico y los intereses de los diputados cuyas circunscripciones perderían representación. La composición actual de la comisión será determinante para saber si el proyecto avanza esta vez o vuelve a quedar archivado.
De superar el primer debate, la iniciativa deberá pasar por segundo y tercer debate en el pleno de la Asamblea Nacional antes de remitirse a la sanción del Ejecutivo. Con las elecciones generales fijadas para 2029, el margen del TE y del Legislativo para concretar un reordenamiento pendiente desde hace más de una década se estrecha con cada ciclo electoral que transcurre sin la reforma.