Las recomendaciones proponen iniciar negociaciones con la empresa canadiense para evaluar la viabilidad de un nuevo acuerdo que permita, según el texto, finiquitar los arbitrajes internacionales y lograr un cierre ordenado sin costo para la Nación, poniendo como prioridad los intereses ambientales, sociales y económicos del país, además de cumplir el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato minero.
La ley que estableció la moratoria se fundamenta en lo que el propio texto denomina el principio precautorio, que implica el deber del Estado de velar por la salud de la población y garantizar que viva en un ambiente sano y libre de contaminación. Sobre esa base, la norma prohíbe el otorgamiento de concesiones para la exploración, extracción, transporte y beneficio de minerales metálicos en todo el territorio nacional, y fija la moratoria por plazo indefinido.
El propio documento ministerial advierte sobre la duración de las obligaciones ambientales que conlleva una mina de este tipo, aun cuando se proceda a su cierre. Según el cuadro incluido en las recomendaciones, el manejo de relaves requiere una vigilancia que no admite interrupción durante décadas, el cierre físico de los tajos se describe como una obra de ingeniería de años, y el manejo del agua figura como la obligación que más se prolonga en el tiempo.
"Su vigilancia no admite interrupción y no la admitirá durante décadas", señala el documento ministerial sobre el manejo de los relaves de la mina.
El informe precisa además que la vigilancia posterior al cierre de la operación minera no termina nunca, en referencia a los compromisos ambientales que implicaría cualquier escenario de cese de actividades en el yacimiento de Donoso. El plazo de décadas es el término más cercano que el propio texto emplea para fijar la fecha del cierre definitivo.
Contrato minero declarado inconstitucional
La mina fue operada hasta su suspensión por Minera Panamá, subsidiaria de First Quantum Minerals, bajo un contrato de concesión que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional tras las protestas ciudadanas de 2023, que paralizaron buena parte del país durante varias semanas. La compañía mantiene abiertos procesos de arbitraje internacional contra el Estado panameño, en los que reclama compensaciones por la paralización de sus operaciones.
El contrato minero de Donoso ya estaba demandado ante la Corte Suprema cuando First Quantum asumió la operación, un antecedente que marca el pleito actual: la empresa no adquirió una concesión libre de controversia, sino un contrato cuya constitucionalidad se discutía. La movilización social de octubre y noviembre de 2023, una de las mayores de la historia reciente del país, derivó en el fallo de inconstitucionalidad y en la aprobación de la moratoria por la Asamblea Nacional.
El eventual destino de esa ley de moratoria queda sin aclarar en las recomendaciones ministeriales, que no detallan si el Órgano Ejecutivo buscaría impulsar su derogatoria en el pleno de la Asamblea Nacional o si optaría por otra vía administrativa para habilitar negociaciones con la empresa. La controversia sobre la mina de cobre ha sido uno de los asuntos más sensibles de la agenda nacional desde 2023, en paralelo a otros debates sobre la gestión de los recursos del país, como el desperdicio de alimentos que organismos internacionales han señalado para Panamá.