La FAO identifica el fortalecimiento de los sistemas de medición y monitoreo como uno de los principales desafíos pendientes del país en esta materia. Sin ese instrumento, cualquier estimación disponible debe tomarse como aproximación y no como dato oficial, según ha trasladado el organismo.
La referencia disponible es el Food Waste Index Report 2024, que calcula para Panamá unos 101 kilogramos de desperdicio de alimentos por persona al año, con base en información generada en la capital. Extrapolado a escala nacional, ese valor equivaldría a unas 445 mil toneladas anuales, cerca de 1,200 toneladas diarias, aunque la FAO advierte que la cifra no puede emplearse como medición oficial. El dato contrasta con la que manejó el Banco de Alimentos de Panamá en noviembre de 2025, según la cual se desecharían diariamente cerca de 350 toneladas de alimentos, una magnitud sensiblemente menor a la que se desprendería del índice internacional.
El desperdicio ocurre en un país que todavía enfrenta problemas de acceso a los alimentos. El informe El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo (SOFI) 2026 registra que, aunque la subalimentación bajó, unas 200 mil personas todavía la experimentan en Panamá. La subalimentación describe la situación de quien no consume de forma habitual las calorías que su organismo necesita para una vida activa y saludable.
Doble carga de malnutrición
El país enfrenta además una doble carga de malnutrición. La Encuesta Nacional de Salud de Panamá (Enspa) de 2019, la más reciente disponible, halló que el 15.8% de los menores de cinco años presentaba baja talla para la edad, indicador de desnutrición crónica. Unicef mantiene como referencia que uno de cada seis niños menores de cinco años presenta esta condición, proporción que llega al 39% en las comarcas indígenas. En el otro extremo, el Ministerio de Salud informó en marzo de 2026 que el 71.7% de los adultos presenta sobrepeso u obesidad y que el 35.3% tiene obesidad, niveles que la propia Enspa 2019 ya había identificado.
El economista Luis Morán advierte que la capacidad de los hogares para alimentarse dignamente también está bajo presión. Con datos de la Contraloría General que él cita, entre 75% y 80% de los panameños gana $800 o menos al mes, mientras la canasta básica de alimentos para un hogar de tres a cuatro personas rondaría entre $350 y $400 mensuales y el costo de vida general se ubicaría entre $1,100 y $1,200. En determinados hogares, prácticamente la mitad del ingreso puede destinarse solo a la compra de alimentos.
La tensión sobre la alimentación no es nueva en el debate público panameño: el control de precios de la canasta básica fue una de las banderas del Gobierno de Juan Carlos Varela, que en 2014 fijó topes a un grupo de productos de primera necesidad, una política que buscó contener el gasto de los hogares de menores ingresos y que sigue marcando la discusión sobre acceso a los alimentos.
Residuos en hoteles y banquetes
Uno de los sectores donde se observa una importante generación de residuos orgánicos es el de hoteles, restaurantes, eventos y banquetes. Víctor Concepción, presidente de la Asociación Panameña de Hoteles (Apatel), explicó que un estudio de caracterización de residuos realizado en el hotel que dirige encontró una alta proporción de materia orgánica, sin que ese resultado permita afirmar que representa el promedio diario de desperdicio del establecimiento ni cuánto corresponde a banquetes o preparación de alimentos.
El manejo de los alimentos preparados que no se consumieron presenta dificultades adicionales. Concepción señaló que donar comida cocinada implica una responsabilidad sanitaria importante, porque el tiempo y la temperatura son determinantes para garantizar su inocuidad, y que recuperarla de forma segura exige procesos como abatimiento de temperatura, empaque hermético y transporte refrigerado certificado. Por eso, los convenios con bancos de alimentos suelen ser más sencillos con productos secos o no perecederos que con comida ya preparada.
La FAO plantea que el desafío de Panamá ya no consiste solamente en reducir el hambre, sino en garantizar el acceso permanente a dietas saludables, nutritivas y asequibles, lo que implica atender a la vez la seguridad alimentaria, la nutrición, la producción sostenible y las desigualdades territoriales. El organismo advierte, además, que el país todavía no cuenta con estudios nacionales que determinen qué proporción del alimento desperdiciado conserva condiciones adecuadas para ser recuperada.