El reclamo llega después de que trascendiera un informe elaborado por la propia Fiscalía en el que, en una etapa previa de la investigación, se advertía una inferencia razonable sobre la eventual autoría o participación de Sarabia en hechos relacionados con el uso de la fuerza pública y con la posible comisión de peculado. Ese documento contemplaba inicialmente esos dos delitos, lo que contrasta con el anuncio posterior de la Fiscalía, que fijó la audiencia de imputación por conductas distintas: presunto constreñimiento ilegal y abuso de función pública.
Según el mismo informe, "el actuar de la señora Laura Sarabia no se limitó al ejercicio legítimo de la justicia. sino que, yendo más allá de lo permitido, empleó a los miembros de la Policía de su jefatura, para la realización de actividades diferentes a la protección de los altos dignatarios del Estado, valiéndose a través de la línea de mando del coronel Feria para adelantar actividades en procura de un interés particular y personal de la funcionaria". Se trata de una valoración recogida en una pieza procesal previa, no de una decisión judicial en firme ni de una sentencia.
Conviene precisar el momento en el que se encuentra Sarabia: la exembajadora figura hasta ahora como investigada, sin que se le haya practicado todavía la audiencia de imputación de cargos, prevista para el 14 de septiembre en Bogotá. Bajo el sistema penal acusatorio de la Ley 906 de 2004, ese acto es apenas uno de los primeros peldaños de la ruta procesal —tras la indagación— y antecede a la eventual acusación formal y, solo al final, a una sentencia condenatoria. Nada en el material disponible permite afirmar responsabilidad penal alguna en esta etapa.
El caso se enmarca en la investigación por la práctica de una prueba de polígrafo a Marelbys Meza, exniñera en la residencia de Sarabia, quien fue jefe de despacho de la Presidencia y luego canciller y embajadora. La controversia se amplió con la presunta participación de miembros de la Policía Nacional adscritos al esquema de protección de la funcionaria en gestiones relacionadas con ese episodio, lo que abrió la vía a una investigación por el eventual uso indebido de la fuerza pública.
Pulido cuestionó la falta de comunicación por parte del ente investigador. "La fiscal que tenía el caso en Bogotá de varios procesos fue retirada del caso y trasladada a otro departamento, pero el nuevo fiscal que continuó con los casos tampoco se ha comunicado con nosotros y en este caso importante en contra de la ciudadana Laura Sarabia menos se ha hecho comunicación", afirmó el jurista.
Las víctimas insisten en que se les ha mantenido al margen de actuaciones procesales relevantes, incluida la posibilidad de respaldar con elementos probatorios las propias solicitudes de la Fiscalía. "Le pedimos a la Fiscalía General de la Nación que nos escuche; nosotros tenemos mucho para aportar y sobre todo que nos garantice esa verdad, esa justicia y esa reparación que es la que perseguimos. Por favor, no nos dejen por fuera de la participación, escúchennos y, sobre todo, denos el espacio para argumentar por qué creemos que el delito de peculado por uso debe ir en la imputación", expresaron a través de su representante.
El Código de Procedimiento Penal reconoce a las víctimas un catálogo de derechos de participación que incluye ser oídas durante la actuación, aportar pruebas y controvertir las decisiones que puedan afectar sus intereses, garantías que en este caso, según Pulido, no se estarían materializando plenamente en la fase previa a la imputación.
La discrepancia entre los delitos que se contemplaban en el informe reservado y los que finalmente se anunciaron para la audiencia del 14 de septiembre no es un asunto menor. El peculado por uso es un delito contra la administración pública sancionado en el Código Penal con penas más severas que el abuso de función pública, y su eventual inclusión podría modificar el rumbo de la actuación judicial, así como las condiciones de una posible medida de aseguramiento si el caso avanza hacia esa etapa.
La Fiscalía General de la Nación no se ha pronunciado públicamente sobre las razones del cambio en la calificación jurídica de los hechos ni sobre los señalamientos de las víctimas respecto a la falta de comunicación con el fiscal asignado al caso. Tampoco ha informado si valorará la solicitud de sumar el peculado a la imputación antes de la fecha fijada. Por su parte, la defensa de Sarabia fijará su posición en la propia audiencia.
Las controversias sobre la calificación jurídica en procesos de alto perfil no son inéditas en la justicia colombiana. Casos que han involucrado a exfuncionarios de alto nivel han mostrado variaciones entre los delitos inicialmente investigados y los que terminan siendo objeto de imputación formal, con debates similares sobre la participación efectiva de las víctimas en el proceso penal.
De cara al 14 de septiembre, la audiencia de imputación en Bogotá será el próximo hito formal del proceso. En esa diligencia, la Fiscalía deberá exponer los cargos que finalmente pretende endilgar a Sarabia, y la defensa de la exembajadora tendrá la oportunidad de controvertirlos. Del resultado de esa audiencia dependerá si se solicita o no una medida de aseguramiento, decisión que en todo caso se centraría en el riesgo procesal —de fuga u obstrucción— y no implicaría, por sí misma, un pronunciamiento sobre la responsabilidad penal de la investigada.
