El incendio de La Mierla se ha convertido en uno de los más extensos de la temporada. En lo que va de año, el fuego ha calcinado más de 100.000 hectáreas en el conjunto de España, según las cifras que se manejan sobre el terreno. La comarca de la Sierra Norte de Guadalajara, de vocación agroganadera, concentra buena parte del daño, con explotaciones que han visto arrasados sus pastos habituales en plena campaña estival.
Durante su visita al puesto de mando avanzado en Tamajón, Sánchez defendió que la respuesta a episodios como este debe basarse en un «gran pacto de Estado» entre los partidos políticos frente a la emergencia climática. El presidente insistió en que la reacción ante los incendios no puede limitarse al momento en que se producen, sino que exige una «dotación estable de recursos a lo largo del año», además de concienciación ciudadana y prevención, en un planteamiento que, subrayó, «trasciende el debate partidista».
La línea de 300 millones de euros anunciada por el Gobierno se dirige a pymes y startups que desarrollen soluciones tecnológicas o de innovación contra el cambio climático. Desde la Moncloa no se detallaron los plazos de convocatoria ni los criterios de reparto de esos fondos, que previsiblemente se concretarán a través de los organismos competentes en política industrial y medioambiental. El aumento sostenido de las temperaturas medias, la prolongación de las olas de calor y la reducción de las precipitaciones estivales figuran entre los factores que los expertos sitúan como favorecedores de incendios cada vez más virulentos en la península ibérica.
«Si el monte estuviera cuidado, esto no pasaría»
Sobre el terreno, el relato que predomina entre el sector agroganadero pone el acento en un problema distinto: la acumulación de vegetación combustible por la falta de gestión forestal activa. David Santos, agricultor y ganadero del municipio de Ujados, resume esa posición con una frase que sintetiza el sentir de buena parte del sector: «Puede haber cambio climático, pero si el monte estuviera cuidado y desbrozado, esto no pasaría».
Santos ha visto cómo el fuego arrasaba prácticamente toda la superficie donde pastaba su rebaño. «El monte se ha quedado todo calcinado. No se ha quedado ni un rincón. Los pastos se me han quemado todos», relata, mientras explica que, a falta de terreno donde llevar a los animales, no le queda otra opción que mantenerlos encerrados y alimentarlos con las reservas de forraje almacenadas en la explotación.
La situación se agrava porque los rastrojos de cereal, que en años normales sirven de alimento complementario para el ganado tras la siega, todavía no pueden aprovecharse en buena parte de las parcelas al no haber concluido la cosecha. Esa circunstancia deja a algunas explotaciones sin ninguna fuente de pasto disponible en pleno verano, en un momento crítico para la alimentación animal.
Más allá de las pérdidas inmediatas, Santos y otros ganaderos de la zona señalan lo que consideran la raíz del problema: la gestión —o la falta de ella— de los montes. «Está totalmente abandonado. La Administración no solo no ejecuta los trabajos de limpieza, sino que además impide que los propios propietarios podamos realizarlos. Muchas veces limpiamos nosotros y no nos dejan. Vas a arrancar una zarza y tienes que pedir permisos que normalmente te deniegan», sostiene.
Según describe Santos, la vegetación que se acumula durante años —zarzas, estepas, espinos y matorral— invade antiguos pastizales y cañadas por las que tradicionalmente transitaba el ganado, lo que además reduce la superficie disponible para el pastoreo. «La oveja cada vez tiene menos campo porque todo se va llenando de broza. En cuanto deja de entrar el ganado, aquello termina siendo una selva», explica el ganadero.
Qué permite y qué exige la normativa forestal
La normativa de protección forestal y ambiental vigente en España, que incluye la Ley de Montes y figuras de protección autonómica, exige autorización previa para determinadas actuaciones de desbroce en terrenos con cierta calificación, con el objetivo de proteger hábitats y evitar la degradación del suelo. Los agricultores consultados sostienen que esos mismos procedimientos, pensados para la conservación, terminan retrasando o impidiendo labores preventivas que reducirían la carga de combustible antes del verano. La gestión forestal ordinaria es competencia de las comunidades autónomas, mientras que el Estado retiene la coordinación en materia de emergencias y legislación básica.
Este debate no es nuevo en España. Tras los grandes incendios que asolaron el noroeste peninsular en distintos veranos de las últimas décadas, el sector forestal y agroganadero reclamó reforzar la gestión activa del monte —pastoreo extensivo, desbroces selectivos, aprovechamiento de biomasa— como complemento a las políticas de extinción y a las medidas frente al cambio climático, sin que ambas explicaciones sean excluyentes. El diagnóstico habitual sostiene que el clima actúa como multiplicador del riesgo, mientras el estado del combustible vegetal condiciona la velocidad de propagación una vez declarado el fuego.
El Gobierno central no ha respondido directamente a las críticas concretas sobre la tramitación de permisos de desbroce, si bien Sánchez insistió en que la prevención forma parte del planteamiento que defiende para el pacto de Estado climático que propone. Las comunidades autónomas, competentes en la gestión forestal ordinaria, no se habían pronunciado públicamente sobre las denuncias de los ganaderos de Ujados en el momento de cerrar esta información.
El incendio de La Mierla permanece activo, con los servicios de extinción trabajando en la estabilización del perímetro. La evolución de las próximas semanas, marcadas por la persistencia de temperaturas elevadas en gran parte de la península, será determinante para calibrar si la superficie calcinada en 2026 supera la registrada en ejercicios anteriores y para valorar el alcance de las medidas de prevención y desbroce que reclaman agricultores y ganaderos de la comarca.
