El contraste es la clave de la situación. Por un lado, la coordinación técnica y logística entre la Administración General del Estado y gobiernos autonómicos de distinto color político se muestra operativa durante los episodios más graves, con despliegue de medios aéreos, brigadas y la UME —creada en 2005— actuando bajo protocolos ya asentados. Por otro, el terreno político permanece congelado: ni el Ejecutivo ni la dirección del PP han dado pasos concretos hacia un marco compartido de prevención estructural.
Cada formación carga sobre la otra la falta de iniciativa. Desde el entorno socialista se apunta a la reticencia del PP a asumir compromisos de gasto plurianual en prevención forestal, mientras desde Génova se reprocha al Gobierno no haber convocado una mesa específica de coordinación política más allá de las conferencias sectoriales ya existentes en materia de emergencias. Ninguno de los dos partidos ha fijado un calendario para reanudar contactos.
Un reparto de competencias que dificulta el acuerdo
España cuenta con un marco normativo de protección contra incendios cuyo eje vigente es la Ley 43/2003, de Montes, modificada en sucesivas ocasiones, que atribuye a las comunidades autónomas la competencia de gestión forestal y reserva al Estado el apoyo mediante medios extraordinarios, singularmente a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y la UME, dependiente de Defensa. Esa distribución, coherente con el modelo autonómico surgido de la Constitución de 1978, es precisamente la que complica un pacto homogéneo: cualquier acuerdo de Estado exigiría el visto bueno de ejecutivos autonómicos de distinto signo, desde Andalucía hasta Cataluña, pasando por Castilla y León o Extremadura.
El precedente más invocado en materia de consensos transversales es el Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017, alcanzado tras meses de negociación entre PSOE, PP, Ciudadanos y Unidos Podemos, que articuló compromisos con financiación específica y seguimiento parlamentario. Nada equivalente existe hasta la fecha en materia de incendios forestales, pese a que organizaciones ecologistas y sindicatos de bomberos forestales llevan más de una década reclamándolo.
El debate no es nuevo en sede parlamentaria: en la pasada legislatura se registraron iniciativas para instar la creación de una comisión específica en el Congreso que abordara la prevención de forma integral. Ninguna prosperó hasta convertirse en un acuerdo vinculante, quedando diluida en el trámite o superada por la agenda política del momento.
El riesgo estructural: despoblación, abandono y calor extremo
Los organismos técnicos coinciden en el diagnóstico de fondo. La combinación de despoblación rural, abandono de terrenos agrícolas y episodios de calor extremo configura un escenario de riesgo estructural que no puede abordarse solo con medios de extinción, sino con políticas de prevención, gestión forestal y ordenación del territorio sostenidas en el tiempo. El Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), coordinado por la Comisión Europea, y la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) apuntan en esa dirección al vincular los picos de incendios a las olas de calor prolongadas.
La profesionalización de los operativos de extinción ha permitido contener la superficie quemada media respecto a décadas anteriores, según la serie histórica del Ministerio para la Transición Ecológica, pero los veranos con calor persistente siguen generando picos de gran magnitud. La política de prevención, más lenta y menos visible, es la que ambos partidos sitúan en el centro de sus reproches.
Los sindicatos de bomberos forestales, a través de plataformas como el Sindicato Unificado de Bomberos Forestales (SUBF), denuncian desde hace años la precariedad laboral del sector, con contratos estacionales concentrados en los meses de mayor riesgo que dejan desprotegidos otros periodos del año en los que también se producen incendios relevantes, como los episodios invernales registrados en comunidades del norte peninsular.
Las posiciones de las partes
Desde el PSOE se defiende que el Gobierno ha incrementado la dotación presupuestaria para prevención en los últimos ejercicios, con partidas específicas dentro de los Presupuestos Generales del Estado para el refuerzo de brigadas y la restauración de zonas quemadas. El PP sostiene que esas partidas resultan insuficientes y que gran parte de la responsabilidad de la prevención recae en las comunidades autónomas sin que el Estado aporte financiación adicional suficiente.
Organizaciones como WWF España y Greenpeace vinculan la solución a la política de despoblación y a la Política Agraria Común (PAC) europea, de forma que el mantenimiento de actividad agraria y ganadera en zonas rurales actúe como cortafuegos natural. En paralelo, la Unión Europea ha reforzado en los últimos años, a través del Mecanismo de Protección Civil y el programa rescEU, la flota de medios aéreos compartidos ante el aumento de episodios extremos en el sur del continente, desde Portugal hasta Grecia.
En el plano autonómico, presidentes de distinto signo han coincidido públicamente en la necesidad de un marco compartido, sin que ello se haya traducido en presión efectiva sobre sus respectivas direcciones nacionales. La escena reproduce un patrón recurrente en la política española reciente: la coordinación técnica entre administraciones convive con el bloqueo cuando los asuntos se trasladan al terreno de la negociación entre las cúpulas de los grandes partidos, como ha ocurrido también con la reforma del sistema de financiación autonómica.
A falta de un calendario para reanudar contactos, el pacto de Estado contra los incendios sigue siendo una aspiración compartida sobre el papel pero sin hoja de ruta. La próxima ocasión en que podría abordarse formalmente es la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, cuya convocatoria depende del Ministerio para la Transición Ecológica, mientras el país afronta la temporada de 2026 con los instrumentos operativos de siempre y sin el marco político que ambas formaciones dicen reclamar por separado.
