El interior de la sede de Ferraz a las ocho de la mañana del viernes 23 de mayo presentaba una estampa que los veteranos del partido no habían visto desde la noche del 1 de octubre de 2016, cuando el comité federal destituyó a Sánchez en una votación que fracturó al socialismo español durante meses. Las luces del segundo piso, donde se encuentra la sala de reuniones de la ejecutiva, estaban encendidas desde las seis de la madrugada. El equipo de limpieza había preparado la sala con catorce sillas alrededor de la mesa oval de roble, catorce carpetas con el orden del día, catorce botellas de agua mineral y catorce bolígrafos con el logotipo del partido. El orden del día, distribuido electrónicamente a las 23:00 de la noche anterior, constaba de solo dos puntos: «Punto 1: Fecha y formato del 41 Congreso Federal. Punto 2: Constitución, en su caso, de una Comisión Gestora para la preparación del Congreso.» La presencia del segundo punto era la verdadera bomba: la constitución de una comisión gestora implicaría, de facto, la disolución de la ejecutiva federal actual y la renuncia de Sánchez a la dirección orgánica del partido mientras se preparaba el congreso. Nadie en Ferraz recordaba que un orden del día de dos puntos hubiera concentrado tanta carga explosiva.
Zapatero había pasado buena parte de la madrugada al teléfono. Según cuatro fuentes que participaron en las llamadas o fueron informadas inmediatamente después, el expresidente había contactado entre las 23:30 del jueves y las 02:15 del viernes con los líderes de tres federaciones del bloque crítico: Lambán en Aragón, Barbón en Asturias y el secretario general de la federación extremeña. El mensaje de Zapatero era el mismo para los tres: aceptar julio pero con condiciones que protegieran la gobernabilidad del Gobierno de España durante el proceso congresual. En concreto, Zapatero proponía un acuerdo de caballeros por el cual las federaciones críticas se comprometían a no utilizar el congreso como plataforma para exigir la dimisión de Sánchez como presidente del Gobierno, separando la batalla orgánica de la institucional. «Una cosa es la secretaría general y otra la presidencia del Gobierno —habría argumentado Zapatero según una de las fuentes—. Podemos cambiar el partido sin derribar el Ejecutivo.» La respuesta de Lambán fue receptiva; la de Barbón, cauta; la de Extremadura, evasiva. Ninguno cambió su voto sobre julio, pero el tono de la negociación bajó varios grados centígrados respecto a la beligerancia del jueves.
Yolanda Díaz Montero había llegado a Madrid en el último AVE nocturno desde Sevilla, el que sale de Santa Justa a las 22:30 y llega a Atocha a las 01:05. Según fuentes de su equipo, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo pasó el trayecto de dos horas y media hablando por teléfono con tres interlocutores: su jefe de gabinete en Madrid, el secretario general del PSOE-A interino que había quedado al cargo tras las dimisiones del jueves, y un asesor jurídico que le estaba preparando un dictamen sobre los requisitos estatutarios para la convocatoria de primarias en caso de congreso en julio. La dimisión de Cerdán, si se confirmaba, sería el primer reconocimiento explícito por parte de un miembro del núcleo duro sanchista de que la sentencia del Koldo había quebrado irreparablemente la línea de defensa interna del presidente.
La decisión de Page de no asistir presencialmente a la ejecutiva pero enviar a su delegación con mandato imperativo de votar julio era un movimiento calculado con precisión milimétrica. Page quería evitar el cara a cara con Sánchez —consciente de que la tensión personal entre ambos había alcanzado un punto sin retorno después de la frase de «refundación, no cirugía estética» del jueves— pero al mismo tiempo quería asegurarse de que su voto quedara registrado de manera inequívoca. El mandato imperativo, una figura poco habitual en la mecánica interna del PSOE, obligaba a los delegados castellanomanchegos a votar julio sin margen de negociación en sala. Era, en la práctica, una declaración de guerra fría: Page participaba en la batalla pero se negaba a entrar en el campo de combate. Sus aliados interpretaban el gesto como una demostración de fortaleza —«Page no necesita ir a Ferraz para ganar; le basta con enviar los números»— mientras que los sanchistas lo leían como cobardía disfrazada de estrategia.
Mientras el drama del PSOE se desarrollaba en Ferraz, la terminal 4 de Barajas era escenario de otra crisis de dimensiones diferentes pero igualmente reveladoras del estado de la política española. Isabel Díaz Ayuso había aterrizado a las 06:40 en un vuelo comercial de Iberia —no en el avión oficial de la Comunidad de Madrid, que la había llevado a México diez días antes— después de cancelar los cuatro últimos días de su gira institucional. La presidenta madrileña venía de lo que su equipo describía como una sucesión de «provocaciones» y «faltas de seguridad» por parte del gobierno mexicano de Claudia Sheinbaum, pero que la prensa mexicana y los analistas internacionales describían como las consecuencias previsibles de organizar un homenaje a Hernán Cortés en un país donde la conquista sigue siendo una herida abierta.
La cronología del desastre mexicano era, en retrospectiva, un manual de errores diplomáticos. El viernes 16 de mayo, Ayuso había llegado a Ciudad de México con una delegación de 23 personas —consejeros, empresarios, personal de comunicación y seguridad— para una gira que incluía reuniones con la comunidad española, visitas a empresas madrileñas instaladas en México, la participación en la gala de los Premios Platino en Cancún y una visita institucional a Monterrey. Los primeros cuatro días transcurrieron sin incidentes mayores. Pero el martes 20, cuando la delegación organizó un acto de homenaje a Hernán Cortés en el Museo Nacional de Antropología de Coyoacán, la situación se descontroló. Organizaciones indígenas que habían tenido conocimiento del evento convocaron una concentración de protesta que reunió a unas 3.000 personas en el exterior del museo. La policía de Ciudad de México, bajo mando federal, estableció un cordón de seguridad pero no impidió que los manifestantes se acercaran a menos de 50 metros de la entrada. Ayuso tuvo que abandonar el acto por una salida lateral, escoltada por sus guardaespaldas y dos agentes de la policía federal mexicana. Las imágenes de la presidenta madrileña prácticamente corriendo hacia un vehículo blindado mientras se escuchaban cánticos de protesta dieron la vuelta al mundo en menos de una hora.
La respuesta de Claudia Sheinbaum fue demoledora. La presidenta mexicana compareció al día siguiente, miércoles 21, en su rueda de prensa matutina y pronunció la frase que se convirtió en el epitafio del viaje: «Quienes reviven la conquista como salvación están condenados a la derrota. México es un país soberano y no será escenario de nostalgias coloniales, vengan de donde vengan.» Sheinbaum añadió que su gobierno había proporcionado la seguridad «adecuada y proporcional» y que no tenía constancia de ninguna amenaza contra la delegación madrileña. Los organizadores de los Premios Platino en Cancún, a donde Ayuso debía viajar el jueves 22, emitieron un comunicado la misma tarde del miércoles desmintiendo que existiera amenaza alguna contra el hotel sede de la gala y lamentando la cancelación de la presencia de la presidenta. Ayuso canceló Cancún y Monterrey esa misma noche y reservó plaza en el vuelo de Iberia de la madrugada del viernes. Su equipo emitió un comunicado acusando al gobierno de Sheinbaum de «crear un clima hostil incompatible con las relaciones diplomáticas entre España y México» y asegurando que «la delegación sintió peligro real».
La reacción en España fue un termómetro perfecto de las fracturas del momento político. Feijóo, en una declaración medida con bisturí, pidió «reflexión sobre la planificación de los viajes institucionales» sin defender explícitamente a Ayuso ni criticar a Sheinbaum, un equilibrio que los analistas interpretaron como una señal de distancia calculada entre Génova y Sol. Vox, por el contrario, se lanzó a una defensa encendida de Ayuso calificando el viaje de «acto de valentía en defensa de la hispanidad» y acusando a Sheinbaum de «indigenismo totalitario». El PSOE encontró en el fiasco mexicano un regalo inesperado: mientras la atención mediática se dividía entre Ferraz y Barajas, la crisis interna del partido perdía protagonismo en los titulares matinales. Patxi López, portavoz del grupo socialista, declaró a las 07:15 que «mientras el PSOE afronta sus responsabilidades con una ejecutiva, la señora Ayuso huye de las suyas con un avión» —una frase que, pese a su simplismo, capturaba con eficacia la narrativa que el PSOE necesitaba para sobrevivir a la mañana del viernes.
La confluencia de ambas crisis en la misma mañana del viernes 23 creaba un paisaje político de una complejidad que superaba la capacidad analítica de la mayoría de las redacciones. En Ferraz, el PSOE se jugaba su futuro orgánico con una ejecutiva que podía adelantar el congreso a julio, forzar la dimisión de Cerdán y abrir un proceso de primarias que, por primera vez desde 2017, no tendría a Sánchez como candidato seguro. En Barajas, Ayuso regresaba de un viaje que había empezado como una operación de proyección internacional y terminaba como una lección sobre los límites de exportar la cultura política española a contextos donde la historia tiene otra lectura. Y en ambos casos, el hilo conductor era el mismo: la incapacidad de la clase política española para calibrar los riesgos de sus propias acciones. Sánchez no supo ver que Ábalos era un problema hasta que la justicia se lo demostró. Ayuso no supo ver que homenajear a Cortés en México era una provocación hasta que tres mil personas se lo gritaron. La sentencia del Koldo y el sombrero de mariachi eran, en el fondo, manifestaciones del mismo mal: la burbuja de la política profesional, impermeable a las señales del mundo exterior.
A las 08:30, cuando El Hemiciclo cerraba esta edición matinal, los catorce miembros de la ejecutiva federal del PSOE estaban ya sentados alrededor de la mesa oval de Ferraz, con Sánchez en la cabecera y Cerdán a su derecha, en lo que todos los presentes sabían que sería la última reunión de la actual dirección orgánica en su composición actual. En Barajas, Ayuso había abandonado la terminal por el aparcamiento de autoridades sin hacer declaraciones, conducida directamente a la sede de la Comunidad en la Puerta del Sol donde tenía prevista una rueda de prensa a las 10:30. En Ginebra, el Comité de Emergencia de la OMS retomaba su segunda jornada de deliberaciones sobre el hantavirus. En la Audiencia Provincial de Madrid, los magistrados de la Sección 23 revisaban las 28 páginas del escrito de Begoña Gómez antes de la vista de las 12:00. Y en algún lugar del Atlántico Sur, el crucero Hondius continuaba su lenta travesía hacia Granadilla de Abona con su carga de enfermos, preguntas sin respuesta y un virus que ya no estaba solo en el mar. España amanecía con más frentes abiertos de los que había tenido al acostarse. Y la mañana, como suele ocurrir en las crisis que se alimentan unas de otras, apenas había comenzado.
