El paquete de medidas, presentado por el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, se apoya en un único concepto que el propio responsable autonómico resumió como eje del cambio normativo. El acoso escolar, argumentó, lleva años escalando, y la Comunidad busca responder tanto con prevención como con instrumentos para sancionar al infractor.
«Fomentar el respeto y reforzar la autoridad docente» son las claves para proteger «el respeto entre las personas», defendió el conselleiro de Educación, Román Rodríguez.
El grueso de la reforma se concentra en el trato al profesorado. Los insultos, agresiones físicas o verbales y el acoso a través de redes sociales dirigido contra un docente podrán sancionarse con multas que van de los 300 euros, en los supuestos más leves, hasta los 15.000 en los de mayor gravedad. Desde la Xunta se subraya el carácter inédito de la medida en el conjunto del país: «Es la primera vez en España que se plantea un régimen así, en este caso enfocado a las personas que agreden a los docentes, reforzando la autoridad del docente. Incluye insultos, o acoso en redes sociales, y no va a salir gratis».
La consellería precisa que este cuadro de sanciones opera en el plano administrativo y no sustituye a la vía judicial, que permanece abierta en los casos en que proceda. El objetivo declarado es dotar a los centros de un instrumento disciplinario propio, al margen de que exista o no una denuncia penal paralela.
Deberes sin hacer, falta leve
La nueva escala sancionadora incorpora también cuestiones del día a día escolar menos llamativas pero de aplicación más frecuente: no llevar hechos los deberes o los trabajos de clase pasará a considerarse falta leve. Rodríguez justificó este punto apelando a la necesidad de que las infracciones tengan consecuencia: «Es necesario diseñar una serie de medidas que favorezcan que aquellas personas que infringen las normas de convivencia tengan algún tipo de sanción, porque si no entraríamos en un buenismo que realmente tiene poca eficacia».
Asistir reiteradamente a clase sin el material necesario podrá derivar en tareas educativas adicionales o, en los casos más graves, en una expulsión de cinco días. La directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, matizó el alcance de esta previsión para evitar automatismos: «No se trata de que un alumno, si un día no trae una libreta, vaya a tener automáticamente una expulsión de unos días, sino que se trata de casos reincidentes, y cada centro gradúa perfectamente la aplicación de estas medidas».
Si hay un terreno en el que la Xunta no admite ambigüedad es el del teléfono móvil, ya prohibido desde hace tiempo en los centros gallegos. La nueva normativa considera conducta grave contraria a la convivencia el uso de móviles u otros dispositivos durante toda la jornada escolar, incluidas la entrada y salida del centro, los recreos, el comedor y las actividades extraescolares. La infracción podrá acarrear desde tareas educativas hasta una expulsión de entre seis y veinte días lectivos, periodo en el que el alumno deberá seguir las actividades desde casa para no perder el ritmo del curso.
El uso académico de estos dispositivos queda restringido a partir de 3º de la ESO, una limitación que, según traslada la consellería, cuenta con el respaldo de los profesionales que participaron en la elaboración del texto por favorecer la socialización del alumnado y reducir el riesgo de ciberacoso. La reforma llega por la vía de la Lei de acompañamento de los Presupuestos autonómicos de 2027, el mismo vehículo legislativo con el que otras comunidades ordenan sus prioridades de gasto para el próximo curso, como reflejan las cuentas proyectadas por Castilla y León para 2027.
