Hay una simetría incómoda en el asunto: mientras la tierra tiembla y las autoridades atienden la emergencia, alguien calcula que ese es el momento para el hurto. No hace falta ser criminólogo para entender la lógica —el caos distrae, los uniformados están concentrados en otra parte—, pero sí cierto candor para sorprenderse de que la delincuencia siempre encuentre su oportunidad. La patineta, ese vehículo urbano que las alcaldías colombianas han intentado regular con desigual fortuna, terminó aquí como instrumento de una fuga que la fuerza pública, dígase en su favor, sí alcanzó.
Dejando la ironía a un lado, el cadáver es real y el debate, serio. Cali no es ajena a la violencia, y menos su zona sur. Lo que resulta menos habitual es que ese pulso delictivo coincida —si es que se acelera, porque de eso no hay certeza institucional todavía— con el momento en que la ciudad está de rodillas por un desastre natural. La pregunta que debería estar sobre la mesa del Concejo de Cali y de la Gobernación del Valle del Cauca no es si hubo un muerto en un intento de hurto, sino si la emergencia desnudó un vacío operativo que el hampa supo leer con más rapidez que las propias autoridades. Si los efectivos se concentraron en la atención del terremoto, cabe preguntar quién quedó cuidando las calles.
Conviene no precipitarse. No hay, por ahora, cifras oficiales que confirmen un repunte estadístico de la criminalidad en estos días específicos; hay, eso sí, una preocupación extendida por la seguridad durante la emergencia. Esa percepción, aunque no sea dato duro, también es materia de gestión pública: gobernar es, entre otras cosas, administrar el miedo de la gente. El seguimiento estadístico de homicidios y hurtos corresponde en Colombia al Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional, cuyos reportes suelen desagregarse por ciudad y periodo; sin esa comparación mes a mes, cualquier afirmación sobre un aumento queda en el terreno de la anécdota.
La historia reciente de la ciudad no es ajena a estos episodios. Cali fue uno de los epicentros del paro nacional de 2021, cuando bloqueos, saqueos y enfrentamientos dejaron estampas que todavía se citan en los debates de control político del Concejo. Aquella coyuntura mostró que, cuando la institucionalidad se concentra en apagar un incendio, el monopolio de la fuerza no queda vacante: lo disputa otro. La emergencia sísmica plantea un dilema análogo de asignación de recursos, aunque de origen distinto.
El marco no es menor. La atención de un desastre natural activa protocolos de gestión del riesgo que movilizan a la Policía, el Ejército y los organismos de socorro hacia labores de rescate y control de albergues, lo que puede reducir la presencia ordinaria en patrullaje. Corresponde a la alcaldía y a la Policía Metropolitana explicar, con cifras verificables, si el operativo post-terremoto restó capacidad a la seguridad ciudadana o si este hecho es un episodio aislado que la coincidencia temporal convirtió en síntoma. Ambas hipótesis merecen respuesta pública, no silencio administrativo.
La muerte del presunto delincuente durante el intento de hurto amerita, como cualquier hecho con resultado fatal, una investigación de la Fiscalía General de la Nación sobre las circunstancias; y, si mediara actuación de la fuerza pública, la Procuraduría General de la Nación tendría competencia disciplinaria. Ese esclarecimiento es exigible con la misma vara para todos los implicados, sin presumir culpas ni exonerar de antemano a nadie.
Mientras tanto, la patineta del capturado quedará, presumiblemente, como pieza de evidencia en algún depósito judicial, testigo mudo de una fuga que no llegó lejos. La ciudad seguirá reconstruyendo lo que el terremoto tumbó, con la incómoda certeza de que a veces lo más difícil de reparar no son los edificios, sino la confianza en que las calles, incluso en emergencia, sigan siendo de quien las camina.
Lo que viene es medible. En las próximas semanas, los reportes de la Policía Metropolitana y las cifras oficiales de criminalidad permitirán contrastar la percepción de inseguridad con el dato, y el Concejo de Cali tiene en la citación a control político la herramienta para pedir esas cuentas. La ciudadanía no reclama venganza: pide que alguien, con datos y no con anécdotas, le diga si está más insegura hoy que hace un mes.
