De La Espriella detalló su propuesta en un mensaje publicado en su red social, en el que afirmó que va a «meterle la mano de frente a los abusos y sobrecostos que hoy golpean el bolsillo de millones de conductores colombianos». Según sostuvo, «una infracción debe tener una sanción proporcional; no puede convertirse en una condena económica para una familia colombiana». El mandatario resumió el propósito de la iniciativa en una frase: «Menos burocracia, menos abusos y más plata en el bolsillo de los colombianos».
El paquete anunciado incluye eliminar el requisito de la llamada «casa cárcel» para habilitar los Centros Integrales de Atención y, según el presidente, «las barreras que han favorecido monopolios alrededor de los cursos para obtener descuentos en las multas». De La Espriella señaló que buscará reducir en un 25 % el costo de esos cursos y «fortalecer a las autoridades de tránsito para que puedan impartirlos directamente», sin intermediarios privados.
En materia de licencias de conducción, el jefe de Estado planteó revisar y reducir su costo, eliminar cargos asociados al trámite y aumentar su vigencia «a 8 o 10 años». La modificación tendría que tramitarse por vía legislativa o mediante reglamentación, según la naturaleza jurídica que finalmente adopte la propuesta, un punto que hasta el momento no ha sido precisado.
El componente que ha concentrado mayor atención pública es el de las fotomultas, mecanismo de detección electrónica de infracciones cuestionado en años recientes por gremios de transportadores y ciudadanos en distintas ciudades. De La Espriella anunció que «endurecerá los controles» para su autorización, con el argumento de que «primero están la vida y la seguridad vial, jamás el afán de recaudo». El mandatario añadió que establecerá «parámetros claros para la calibración de los equipos», para evitar que los conductores paguen sanciones «producto de mediciones defectuosas».
El presidente anunció también una revisión integral del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) y del Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT) para «identificar duplicidades» y eliminar o reducir sustancialmente las tarifas que se cobran a los usuarios. A ello sumó una revisión del costo y la periodicidad de la revisión técnico-mecánica, cuestionando puntualmente «la decisión que redujo de seis a cinco años el plazo para los vehículos nuevos».
El anuncio no ha sido acompañado, hasta el momento, de un texto radicado formalmente en la Secretaría General del Congreso. Por ello, el alcance jurídico exacto de la iniciativa —si se tramitaría como proyecto de ley ordinaria o mediante facultades reglamentarias del Ejecutivo— no ha sido precisado por Casa de Nariño ni por el Ministerio de Transporte, entidades que no se han pronunciado con detalles técnicos sobre la propuesta. Tampoco han fijado postura pública, hasta ahora, las asociaciones de autoridades de tránsito municipales y distritales, que serían las directamente afectadas por cualquier cambio en el esquema tarifario.
Un debate que arrastra dos décadas
La discusión sobre el costo de las multas de tránsito no es nueva en Colombia. Desde la expedición de la Ley 769 de 2002, que estableció el Código Nacional de Tránsito Terrestre, y sus sucesivas modificaciones —entre ellas la Ley 1383 de 2010—, el valor de las sanciones ha estado ligado al salario mínimo mensual legal vigente, lo que ha generado debates recurrentes en el Congreso sobre su proporcionalidad frente al ingreso de los hogares. Congresistas de distintas bancadas han radicado en legislaturas anteriores proyectos orientados a modificar el régimen sancionatorio, sin que ninguno haya surtido la totalidad de los debates reglamentarios en ambas cámaras.
Gremios de transportadores y organizaciones de usuarios de vías han insistido durante años en revisar el esquema de fotomultas, en particular la participación de operadores privados en la instalación y operación de los equipos, un modelo que en varios municipios ha estado ligado a contratos de concesión con remuneración asociada a la infracción detectada. Ese esquema es el que el presidente cuestiona al advertir que no permitirá que «el Estado se convierta en una máquina de cobrar, multar y exprimir al ciudadano».
Las autoridades de tránsito municipales y distritales son las encargadas de imponer y recaudar las sanciones en primera instancia, bajo la coordinación normativa de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Por esa razón, cualquier modificación al esquema tarifario o a los requisitos de calibración de equipos tendría implicaciones directas sobre los ingresos de esas entidades territoriales, que destinan parte de lo recaudado a programas de seguridad vial, un factor que suele condicionar el debate cuando estas iniciativas llegan al Congreso.
De acuerdo con el trámite ordinario previsto en la Constitución Política, un proyecto de ley debe surtir cuatro debates —dos en comisión y dos en plenaria, en ambas cámaras— antes de la sanción presidencial. Esa ruta permite que distintas bancadas presenten proposiciones para modificar el alcance de la iniciativa, designen ponentes y definan si el articulado se ajusta a una reforma legal o requiere desarrollo reglamentario del Ejecutivo.
De materializarse la radicación anunciada, el proyecto abriría un proceso legislativo cuyo primer hito sería la designación de ponencia y el debate en comisión. Mientras tanto, la controversia sobre el costo de las multas, las licencias y las fotomultas permanece abierta, a la espera de que Casa de Nariño y el Ministerio de Transporte presenten el texto formal que dé sustento jurídico a las medidas anunciadas por el mandatario.
