La primera de las dos reuniones remotas sirvió para que el presidente anunciara que expedirá un decreto de declaratoria de desastre nacional ante la inminencia de un fenómeno de El Niño. La segunda, poco después, correspondió al Consejo de Ministros. En la primera cita Petro apareció con una camisa manga larga de color blanco y en la segunda con un saco rojo de cremallera, lo que apunta a que se trató de dos sesiones separadas en el tiempo. La declaratoria de desastre nacional es una figura que, conforme al ordenamiento de gestión del riesgo de desastres en Colombia, permite al Ejecutivo reasignar recursos del Presupuesto General de la Nación y habilitar la contratación directa en las zonas afectadas.
Ni la Presidencia de la República ni ningún vocero de la Casa de Nariño han explicado por qué el jefe de Estado participó a distancia en ambas reuniones, algo inusual frente a la dinámica habitual de los Consejos de Ministros, que Petro ha presidido en persona a lo largo de su mandato.
Sobre la cancelación del viaje a Estados Unidos, la Presidencia sí ofreció una explicación: sostuvo que el mandatario priorizará su “agenda nacional” y se concentrará en terminar su gobierno. Petro pronunció un discurso de despedida el pasado 20 de julio en el sur de Bogotá, horas antes de instalar las sesiones del Congreso de la República.
El viaje cancelado tenía un componente adicional: iba a ser, según lo previsto, la última visita de Estado de Petro a territorio estadounidense mientras permanece incluido en la Lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Tesoro de EE. UU. (Ofac, por sus siglas en inglés), conocida también como Lista Clinton. Además de Nueva York, tenía agendado un desplazamiento a Washington D. C. para reunirse con la OEA.
La relación diplomática entre el Gobierno colombiano y la administración estadounidense ha atravesado tensiones en los últimos meses, pese al encuentro que Petro sostuvo con el presidente Donald Trump en febrero de este año. El mandatario colombiano ha desconocido los resultados de las elecciones presidenciales en las que resultó derrotado su candidato, el senador Iván Cepeda, y durante el Consejo de Ministros del martes afirmó que se las “habían robado”.
En contraste, el Gobierno estadounidense ha recibido en sus oficinas a representantes del presidente electo, Abelardo de la Espriella, entre ellos el vicepresidente José Manuel Restrepo y el canciller designado Omar Bula, quienes se reunieron con el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio. Estos contactos, previos a la posesión del nuevo gobierno, se producen en medio de la disputa abierta por Petro sobre el resultado electoral.
El precedente más cercano de un mandatario colombiano enfrentado a Washington en el tramo final de su gobierno se remonta a la relación entre el presidente Ernesto Samper y la administración de Bill Clinton, cuando a Samper le fue revocada la visa estadounidense en 1996, en medio del llamado Proceso 8.000, sin que ello impidiera que completara su mandato en 1998. La inclusión de un presidente colombiano en un mecanismo de restricción estadounidense durante su gobierno, sin embargo, no registra antecedente directo en la historia reciente del país.
El traspaso de mando en Colombia está reglado por la Constitución: el presidente electo toma posesión el 7 de agosto ante el Congreso de la República. Hasta esa fecha, el mandatario saliente conserva plenas funciones ejecutivas —incluida la facultad de expedir decretos como el de desastre nacional— y no existe restricción legal que le impida representar al país en foros internacionales, más allá de las limitaciones prácticas derivadas de su situación frente a Estados Unidos.
No ha trascendido si el viaje a la sede de Naciones Unidas en Nueva York o el encuentro previsto con la OEA quedan definitivamente descartados o si podrían reprogramarse antes del fin del mandato, ni si la participación colombiana en la Misión Permanente ante la ONU será asumida por otro alto funcionario del Gobierno.
En los próximos días quedará por establecerse si la modalidad remota del Consejo de Ministros del lunes obedeció a razones de salud, logística u otra circunstancia no revelada, mientras la Presidencia no ofrezca una explicación oficial. A 16 días de la posesión de Abelardo de la Espriella, la atención se concentrará en el empalme entre los dos gobiernos y en si la disputa sobre la legitimidad electoral, alimentada por las declaraciones de Petro, tendrá algún correlato en pronunciamientos institucionales antes del 7 de agosto.
