El dato de inflación marca un quiebre en la senda de desaceleración observada desde los picos registrados tras la pandemia. El fenómeno se atribuye a una combinación de factores: presiones en los precios de los alimentos, el comportamiento del tipo de cambio del peso frente al dólar y la persistencia de costos elevados en materiales de construcción, un insumo clave para cualquier plan de infraestructura.
La respuesta del emisor, cuyo mandato constitucional consiste en velar por la estabilidad de precios y el poder adquisitivo de la moneda, ha sido mantener la tasa en el 12 %. La decisión, adoptada por la junta directiva del Banco de la República, busca enfriar la demanda interna, pero tiene un efecto colateral directo sobre el costo del crédito para empresas constructoras, concesionarios viales y compradores de vivienda.
El nudo del financiamiento en obra pública
Los gremios de la construcción advierten que una tasa de dos dígitos encarece de forma sustancial la financiación de proyectos que suelen depender de créditos de largo plazo y de la emisión de bonos en el mercado de capitales. Con tasas altas, el costo financiero de una obra vial o de una concesión de cuarta o quinta generación puede incrementarse respecto de escenarios con tasas más bajas, lo que afecta la viabilidad de los cronogramas de ejecución.
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), encargada de estructurar y supervisar los contratos de concesión, no ha reportado cambios formales en los cronogramas de las obras en curso. El sector privado insiste, sin embargo, en que el entorno de tasas altas ralentiza el cierre financiero de nuevos proyectos, es decir, el momento en que los concesionarios logran reunir la totalidad de los recursos necesarios para arrancar la construcción.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público ha defendido que el Presupuesto General de la Nación mantiene partidas para infraestructura vial, pero ha reconocido que el componente de inversión privada —esencial en el modelo de concesiones que rige desde hace más de dos décadas en Colombia— depende en buena medida de las condiciones del mercado de crédito y de la confianza de los inversionistas institucionales.
Voceros de los gremios de la construcción, entre ellos Camacol y la Cámara Colombiana de la Infraestructura, han señalado en pronunciamientos públicos que la combinación de inflación alta y tasas elevadas configura un escenario adverso para la reactivación del sector, que aporta una porción significativa del producto interno bruto y es uno de los mayores generadores de empleo formal del país. Frente a esa posición, el Gobierno sostiene que la política monetaria es competencia autónoma del emisor y que el gasto público en obra sigue garantizado por el presupuesto.
Un antecedente de tasas altas y meta duplicada
Colombia vivió un episodio comparable a comienzos de la década de 1990, cuando la inflación superó el 20 % anual y el Banco de la República —entonces bajo un esquema distinto al régimen de inflación objetivo adoptado en 1999— mantuvo tasas de interés elevadas durante varios años. Aquel período coincidió con una desaceleración en la ejecución de obras públicas, un antecedente que hoy resuena entre los analistas que siguen la coyuntura.
Desde la adopción del esquema de inflación objetivo, la meta de largo plazo del emisor se ha fijado en el 3 %, con un rango de tolerancia de un punto porcentual hacia arriba o hacia abajo. Un dato del 6,14 % más que duplica esa meta, lo que según el propio marco del banco justificaría la persistencia de una postura monetaria restrictiva mientras no se observe una convergencia clara hacia el objetivo.
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) es la entidad encargada de publicar de manera oficial el Índice de Precios al Consumidor (IPC), sobre el cual se calcula la inflación anual. Los informes mensuales de esa entidad son la referencia que utiliza la junta directiva para calibrar sus decisiones, y sus próximas publicaciones serán determinantes para establecer si el repunte corresponde a un fenómeno pasajero o a una tendencia persistente.
Economistas independientes han planteado posiciones divididas: algunos consideran que el emisor debería mantener o endurecer su postura para anclar las expectativas de inflación, mientras otros advierten que una tasa del 12 % sostenida durante demasiado tiempo puede profundizar la desaceleración del crédito y golpear a sectores intensivos en capital, como la construcción y la infraestructura, con efectos de segunda ronda sobre el empleo.
En el plano fiscal, el Ministerio de Hacienda enfrenta la tensión de sostener el gasto en infraestructura dentro de las metas del Presupuesto General de la Nación, en un contexto en el que el servicio de la deuda pública también se encarece cuando las tasas suben, lo que reduce el margen de maniobra para nuevas inversiones directas del Estado en obras.
De cara a los próximos meses, el mercado estará atento a las decisiones de la junta directiva en sus reuniones programadas y a los reportes mensuales del DANE sobre el IPC. Una moderación de la inflación hacia la meta del 3 % abriría la puerta a un eventual ciclo de reducción de tasas que aliviaría el costo del crédito para la infraestructura; de lo contrario, el escenario de tasas altas podría prolongarse, con el riesgo de que varios proyectos de concesión vial y urbana sigan enfrentando dificultades para su cierre financiero.
