El rechazo al gravamen digital se articuló en redes sociales y en el debate público bajo la premisa de que afectaría a la población de menores recursos. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) apuntan en sentido contrario: el 20% de la población de mayores ingresos concentra el 54% de quienes declaran consumir en plataformas digitales, mientras que el 40% de menores ingresos representa apenas el 10% de esos consumidores.
Esa distribución, según el análisis, convertía al ITBMS digital en un mecanismo potencialmente más equitativo que el impuesto general al consumo, que grava por igual a toda la población sin distinguir nivel de ingreso. El argumento de equidad fiscal, sostiene el autor, no fue expuesto con suficiente claridad ni por los equipos legislativos ni por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) durante la discusión del proyecto.
Uno de los señalamientos centrales apunta a una contradicción: mientras los opositores invocaron la necesidad de combatir la evasión fiscal antes de crear nuevos tributos, el comercio a través de plataformas digitales —con peso creciente en el consumo nacional— continúa operando sin tributación en Panamá, pese a que otros países de la región ya lo gravan.
"Desconozco a qué grupo de personas se refiere un político local cuando habla del pueblo, esa masa inerte en la que cabe cierto número de personas de acuerdo con la conveniencia del momento", cuestiona el autor, economista.
La discusión no se agota en el ITBMS digital. El proyecto de ley 226, que amplía los descuentos a los jubilados, es citado como otro ejemplo del mismo patrón: una iniciativa con respaldo moral evidente —más de la mitad de los jubilados no recibe pensión contributiva, según el INEC— pero que, para el autor, carece de una evaluación técnica sobre su impacto en la recaudación y en los precios que eventualmente compensarían esos descuentos.
El planteamiento conecta con un problema estructural: la baja recaudación tributaria, que limita la capacidad del Estado para financiar el gasto público sin recurrir a endeudamiento. El debate sobre cómo ampliar la base impositiva sin golpear a los sectores de menores ingresos ha marcado las vistas presupuestarias de los últimos años en la Asamblea Nacional, donde el Presupuesto General del Estado enfrenta presiones de gasto en planilla estatal, subsidios y pensiones. La misma tensión asoma en otros frentes de política pública, como el retorno del país a las pruebas Pisa en 2029 tras el retiro de 2025.
La tributación indirecta arrastra en Panamá una larga controversia: el ITBMS se creó en 1976 con una tasa del 5% y fue elevado al 7% en 2010, el último ajuste de fondo de este impuesto, hace 16 años. Cada intento de ensancharlo ha chocado con la resistencia social que el propio análisis describe como una relación de rechazo histórico al pago de impuestos.
"Mientras la formulación de política pública continúe sujeta únicamente al respaldo electoral y no a un respaldo técnico que fundamente los costos y beneficios, seguiremos a merced de la irresponsabilidad y de sus consecuencias", advierte el economista.